La investigación por la supuesta mega defraudación al Estado provincial mediante el desvío de fondos públicos destinados al programa Jóvenes Emprendedores, entre 2018 y 2022, tuvo una instancia de discusión en una audiencia en los tribunales de Paraná. La Fiscalía dio detalles de su hipótesis de trabajo y solicitó medidas de prueba claves. Las defensas cuestionaron los allanamientos, el secuestro de evidencias y que parte de los testimonios que involucran a los exfuncionarios puedan ser posibles incriminados en la maniobra.

La causa se originó por un informe del Tribunal de Cuentas, organismo que detectó el desvío de fondos de los créditos que debían otorgarse a personas para financiar proyectos de emprendimientos laborales o productivos. El fiscal Gonzalo Badano y la División Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos reunieron pruebas y llevaron adelante allanamientos a los sospechosos.

Se trata de los exfuncionarios imputados: Pedro Gebhart, secretario; Cristian Klein, director de Evaluación y Seguimiento de Proyectos; Tomás Osorio, director de Políticas de Apoyo Emprendedor; y Claudio Rosas Vicco, director de Desarrollo Económico Emprendedor. Y los sindicados como “capacitadores” del programa y cómplices que habrían colaborado en conseguir a prestanombres o engañados para el trámite de los créditos: Alejandro Usatinsky, Lucila Magallanes, Matías Balbuena, Aranzazú Acosta, Paula Yonas y Pablo Frutos, entre otros.

El fiscal Badano desarrolló los pormenores de la causa, el origen en la denuncia de la vocal Nanci Vinagre del Tribunal de Cuentas, las entrevistas con los testigos o damnificados, y el método que habrían utilizado los exfuncionarios y sus colaboradores para apropiarse del dinero de los créditos, restando una ínfima parte a los beneficiarios.

Tras la fundamentación, Badano solicitó la apertura para la extracción de información de los celulares, pedidos de informes de entrecruzamientos de llamadas y mensajes entre las líneas de todos los sospechados, así como el levantamiento del secreto bancario, entre otras medidas. La finalidad no solo es establecer conexiones, relaciones y obtener más evidencias sobre el mecanismo de corrupción, sino poder establecer la ruta del dinero y así, eventualmente, que el Estado pueda recuperar los recursos.

El abogado defensor de Usatinsky, Tomás Vírgala, cuestionó que en los allanamientos no se haya respetado el protocolo de levantamiento y conservación de evidencias digitales, convertido en ley a nivel provincial, para rechazar el peritaje del celular de su defendido y pedir la invalidez de esos elemento como prueba en la causa.

El defensor Miguel Ángel Cullen apuntó que la Fiscalía estaría provocando la autoincriminación de posibles imputados en la causa al citarlos a declarar como testigos. Se trata de una estrategia que podría paralizar la causa, debido a que parte fundamental de la prueba contra los exfuncionarios son testigos que han sido titulares de los créditos que terminaron en los bolsillos de los sospechados.

El abogado Luciano Legascue, por su parte, pidió excluir testimonios de la causa que no nombraron a los imputados que él y los otros dos defensores representan, y cuestionó que las entrevistas de Delitos Económicos se realizaron sin la presencia de abogados defensores. En la misma línea de Cullen, sostuvo que los hicieron autoincriminarse.

Esto fue rechazado por el fiscal Badano, quien confirmó su pedido y sostuvo que los testigos no son sospechosos de los delitos cometidos contra la administración pública, sino que fueron damnificados de aquellas maniobras.

Fuente: Análisis