En 2019, una auditoría interna en la empresa de seguridad y vigilancia privada Securitas Argentina detectó el pago de coimas a funcionarios públicos, al menos, desde 2013, para garantizarse contratos con empresas y organismos estatales en todo el país, o cobrar servicios adeudados en gestiones anteriores. La entonces filial argentina de Securitas AB, cuya casa matriz está en Suecia, se autodenunció en febrero de 2020 y ofreció colaborar con la investigación judicial, en el marco del Régimen de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas.
Esa autodenuncia derivó en una megacausa que instruyó la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, junto al fiscal Fernando Domínguez y Diego Velazco de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), por el pago de sobornos y favores para maximizar las ganancias de la empresa. “Con Securitas se repitió la misma matriz de corrupción en todas las provincias, tanto en el sector público como privado. Sobornos a funcionarios, tanto nacionales como provinciales, y pago de favores a responsables de compras en las empresas privadas para quedarse con los contratos”, advirtió un funcionario judicial que participó de la investigación de esta causa, según la nota de Mariel Fitz Patrick en Infobae.
Entre las empresas y organismos públicos implicados aparecen AySA, el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima (ENERSA), la Oficina General de Contaduría del Ejército Argentino, Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Policía de diversas provincias, el Registro y Control de Agencias Privadas de Vigilancia, y el Registro Nacional de Armas (RENAR). Los delitos detectados por la Justicia Federal fueron cohecho, asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimientos de los deberes de funcionarios públicos.
Para conseguir los contratos, la empresa y sus filiales en las distintas provincias recurrieron a la sobrefacturación o a la simulación de servicios nunca prestados. Según los investigadores, “se diseñó un sistema contable marginal (denominado “caja 2″) en el cual registraron a proveedores fraudulentos o que no prestaban servicio alguno y, a través de los pagos de las respectivas facturas, obtuvieron sendas sumas de dinero que, a su vez, eran utilizadas para, entre otras cosas, el pago a funcionarios de organismos públicos y de empresas públicas y privadas”.
En esta causa ya hay 11 acusados con procesamientos dictados por Arroyo Salgado, confirmados el 4 de diciembre último por la Cámara Federal de San Martín. Entre los procesados, figuran ex directivos de Securitas Argentina y un ex gerente de Logística de ENERSA, Alejandro Javier Cis.
Kueider no estaba en un principio implicado directamente en este expediente. Las alertas se encendieron tras la denuncia en su contra realizada el 2 de julio último por el periodista Christian Sanz por presunto enriquecimiento ilícito ante el mismo Juzgado de Arroyo Salgado, en base a notas en el sitio El Disenso y la revista Análisis sobre la compra de varios departamentos en Paraná.
Los investigadores comenzaron a conectar las coimas pagadas por Securitas a la empresa de energía provincial ENERSA con el crecimiento patrimonial de Kueider, quien ingresó a la política en 1999 como concejal de Concordia, con su rol como ex secretario general de la Gobernación de Entre Ríos, entre 2015 y 2019, durante el mandato del peronista Gustavo Bordet.
En parte de ese período, más precisamente entre 2016 y 2018, la Regional Litoral de esa empresa de seguridad privada estaba a cargo de los empresarios entrerrianos Claudio y Marcelo Tórtul, luego de que esta empresa adquiriera su firma El Guardián SA en 2008. De acuerdo a la propia investigación interna de Securitas y los mensajes analizados por la magistrada y los fiscales a partir del material incautado en distintos allanamientos, los hermanos habrían efectuado pagos en efectivo a funcionarios de ENERSA, para garantizarse la renovación del contrato con esa empresa estatal. El dinero para el pago de los sobornos habría sido obtenido a través de un supuesto proveedor fraudulento de nombre Tornell SA, que era en realidad otra empresa de los Tórtul, que le facturaba a Securitas sin brindar ningún servicio concreto.
Es en esa operatoria de pagos y cobros ilegales entre Securitas y ENERSA donde los investigadores creen que habría tenido algún tipo de participación Kueider, por su rol de secretario general de la Gobernación de Entre Ríos.
Desde el entorno del ex senador refutaron esa sospecha y aseguraron a Infobae que Kueider “no tuvo nada que ver con la gestión de ENERSA y no intervenía en el directorio” de la empresa energética entrerriana. Su abogado, Maximiliano Ruiz, le dijo a este medio que el ex senador “no entiende por qué lo vinculan con esa causa (Securitas), que no tiene nada que ver” y que “no recuerda haber ejercido esas funciones que dicen que ejerció en ENERSA”. Y agregó: “Se están mezclando las cosas, y se está forzando la vinculación con la causa por los departamentos en Entre Ríos, para sumar impacto mediático”.
Esto fue ratificado por el ex gobernador Bordet en diálogo con este medio: “El Poder Ejecutivo provincial no forma parte de la administración de la empresa, ni participa de sus decisiones. Hay diferentes sociedades anónimas en la provincia, que tienen un presidente y un directorio”. Actual diputado nacional por Unión por la Patria y al frente de la gobernación entrerriana entre 2015 y 2023, aseguró que “Kueider no formaba parte del directorio ni era síndico de ENERSA”. Explicó que su participación se limitó a “firmar las actas de la asamblea anual de la empresa, en representación del estado provincial”.
En el expediente, hay un mensaje que intercambian Claudio Tortul, su hijo Ramiro y su hermano Marcelo el 28 de enero de 2019 en el que se habla de “pagar la parte de bordet” (sic), en una conversación en la que hablan de “ir a casa de gobierno para cerrar el negocio” con ENERSA. Identificados como “CT”, “RT” y “MT”, mencionan el precio acordado a cobrar a ENERSA por el servicio de seguridad entre noviembre de 2018 y marzo de 2019. Ese mes, el contrato de Securitas con ENERSA se renovó por dos años, con una actualización del monto. También hacen referencia al “negro”, quien sería José Gervasio Laporte, secretario Legal de Técnico de la Provincia de Entre Ríos hasta su fallecimiento en julio de 2020, a quien le habrían “pagado” una parte con un vehículo Ethios.
Bordet desmintió ante Infobae haber cobrado dinero de los Tortul o Securitas, y respecto de ese mensaje entre los hermanos Tortul, señaló: “Puede que se haya invocado mi nombre para obtener algún tipo de beneficio”. Y aseguró: “Solo me reuní con el presidente o algún director de ENERSA cuando fui gobernador para fijar cuestiones de política energéticas, de los valores de la tarifa, de obras de infraestructura, pero jamás tuve reuniones referidas a la seguridad. Las contrataciones en materia de seguridad son, si se quiere, un tema menor. Se realizaban dentro de la empresa, las decidía el directorio, integrado por cinco miembros y un presidente, y eran revisadas por los cinco síndicos. La empresa Securitas ya venía prestando el servicio cuando llegué a la gobernación. Nunca nadie me consultó sobre el contrato de seguridad, no tuve ninguna participación en esa decisión, ni en la renovación en 2019″.
En ese sentido, también negó cualquier vinculación con los hermanos Tortul: “Nunca tuve trato, ni crucé Whatsapp, ni email, ni me reuní con ellos. Y no quise tenerlo nunca. Era habitual que ellos buscarán tener acceso al círculo de poder. Siempre mantuve distancia. En una provincia todos nos conocemos. Solo pude haber coincidido en algún evento social”.
La vinculación entre Kueider y los Tórtul
Para los investigadores, la vinculación de la causa Securitas con Kueider surgió a partir del análisis del patrimonio de esos dos empresarios de la construcción, dueños de la desarrolladora inmobiliaria que construyó el edificio Live en la ciudad de Paraná, ubicado en Santiago del Estero 511 esquina Tejero Martínez, y donde Claudio Tortul tiene dos departamentos y tres cocheras. El inmueble fue allanado el jueves por la mañana la jueza Arroyo Salgado.En ese mismo edificio, a través de la sociedad Betail SA que usó como pantalla, Kueider compró a su vez, en 2021, tres departamentos y dos cocheras. La adquisición se realizó a través del Fideicomiso Santiago Tejeiro (por el nombre de cruce de calles del edificio), según figura en el Balance de ese año de Betail SA, al que accedió Infobae. El valor de los tres inmuebles supera los USD 650.000, sin considerar el valor de las cocheras. En diciembre, las expensas totalizaron $255.000.
Uno de los departamentos de Betail SA/Kueider es el semipiso del 13 “A”, cuyo vecino de enfrente es justamente Claudio Tortul, titular del 13 “A”. La propiedad de esos departamentos salió a la luz por la titularidad de las expensas del edificio a nombre de Betail SA, como reveló la revista Análisis el 6 de junio último.
El ahora ex senador no incluyó estos inmuebles en la última declaración jurada que presentó ante la Oficina Anticorrupción, correspondiente al 2021. Adeuda las declaraciones juradas posteriores, cuya presentación exige la Ley de Ética Pública a los funcionarios nacionales.
Otro dato que alertó a los investigadores es que, a partir de junio, las expensas de los departamentos de Kueider/Betal SA en el edificio Live pasaron a estar a nombre de Iara Guinsel Costa, la secretaria que lo acompañaba cuando fue descubierto en Paraguay con USD 211.000 y sería su compañera afectiva. Ese cambio de titularidad se dio después de los allanamientos ordenados por Arroyo Salgado en el capítulo ENERSA de la causa Securitas, y fue uno de los motivos - según pudo saber Infobae - por el que la magistrada resolvió pedir el desafuero y detención el jueves pasado.
En el requerimiento fiscal de octubre pasado en la causa por enriquecimiento ilícito, Domínguez evaluó que Kueider “posiblemente, eligió esconder la propiedad de esos departamentos utilizando a su secretaria como prestanombre”.
El ex senador es el dueño del 50% de Betail SA, firma a la que ingresó en diciembre de 2019 a poco de asumir su banca en la Cámara alta. El otro 50% figura originalmente a nombre de su amigo Rodolfo Daniel González, un puntero político peronista de Concordia, empleado de la Biblioteca del Congreso desde 2004. Luego González le transfirió sus acciones a Javier Rubel, primo de Kueider, de profesión albañil, sin mayores antecedentes comerciales. La empresa, constituida como una agropecuaria, no registra ningún tipo de actividad comercial en sus balances presentados ante la IGJ.
Para Domínguez, es necesario “dilucidar cómo una empresa que tiene como propietario a un funcionario público y un monotributista puede gastar cientos de miles de dólares en propiedades”. La hipótesis es que Betail SA sería simplemente una pantalla para ocultar los bienes del ex senador.
Causas conexas
A principios de octubre, el fiscal Domínguez presentó un requerimiento de instrucción para que a Kueider se lo investigue por el posible delito de enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo, cohecho activo, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias y lavado de activos.En la imputación, Domínguez consideró que el hoy ex senador “podría encontrarse inmerso en una trama de corrupción que le permitió aumentar considerablemente su patrimonio y ocultarlo de manera ilegal, haciendo uso para ello de su calidad de funcionario público”. Según el representante del Ministerio Público, se podría “estar frente a un escándalo perpetrado por un servidor público, de un lado, y de la asociación ilícita” investigada en el marco de la causa Securitas.
El fiscal pidió a la Inspección General de Justicia los estatutos y balances de la empresa Betail SA; a la Oficina Anticorrupción, las declaraciones juradas del senador; a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) un informe sobre su actividad económica e ingresos, y un detalle de sus cuentas bancarias y bienes; y a los Registros, informes sobre sus inmuebles. Además, solicitó que se levante el secretario fiscal y bancario.
El 8 de octubre pasado, Arroyo Salgado resolvió la conexidad de la causa de Securitas y la nueva denuncia por enriquecimiento ilícito contra Kueider. Esto implicó que, si bien son dos expedientes diferentes, corren por “cuerdas paralelas” como suele decirse en el ámbito tribunalicio, por lo que la jueza puede usar pruebas de una y otra para avanzar con la investigación.
A la causa por enriquecimiento se sumó la investigación preliminar (IP) que abrió la PROCELAC de oficio, para saber de dónde venían los USD 211.000 que se le incautaron a Kueider y su secretaria en Paraguay. Ese informe ya fue entregado el viernes a Arroyo Salgado y a Domínguez, bajo extremo hermetismo, por el fiscal Velazco. La detención de Kueider hace 10 días en Paraguay con esa suma de dinero en efectivo sin declarar abrió, además, la hipótesis de maniobras de lavado de dinero con dinero proveniente de la corrupción.
Actualmente, hay una disputa de competencia que debe resolver la Cámara entre la causa que tramita en el Juzgado de Arroyo Salgado, y la investigación por enriquecimiento ilícito contra Kueider que se sustancia en Concordia, impulsada por el fiscal José Arias.
Kueider y Guinsel Costa cumplen prisión preventiva en Paraguay por intento de contrabando de divisas. Arroyo Salgado pidió su desafuero con fines de detención. El Senado lo expulsó el jueves por amplia mayoría en una sesión envuelta en polémica porque la presidió Victoria Villarruel, cuando ya estaba de viaje en el exterior el presidente Javier Milei. Su abogado presentó un amparo para impugnar la sesión y reclamar su invalidez. Ayer, Ruiz viajó a Paraguay para reunirse con su defendido.
Según pudo saber Infobae, la nueva estrategia de Kueider sería “redoblar el ataque” e iniciar una serie de denuncias. “Estamos evaluando recusar a Arroyo Salgado por haber cursado los oficios de desafuero y allanamientos en el momento en que se estaba haciendo la sesión. Quiso torcer la votación y marca una enemistad manifiesta contra el acusado”, sostuvo Ruiz en diálogo telefónico con Infobae desde Paraguay. “Y vamos a ir contra el Poder Ejecutivo porque, en última instancia fue el Ejecutivo encabezado por Villarruel el que interfirió con la sesión, por lo que correspondería demandarlo, porque es de donde provino el acto lesivo que generó toda la situación”.
Fuente: Infobae - Mariel Fitz Patrick