Avanza una causa que investiga a decenas de personas por haber formado parte de un entramado de corrupción y cohecho durante años. La caja de Pandora la abrió la empresa Securitas, de origen sueco, cuando se hizo una autodenuncia al cambiar de gestión ejecutiva en la Argentina y descubrir que había millones de dólares salientes de la compañía de forma irregular. Esos pagos se realizaban, como coimas, a funcionarios de decenas de dependencias nacionales y provinciales para asegurar que la empresa se quede con los contratos de seguridad privada de organismos y edificios públicos en todo el país. Hace días, se confirmaron las fechas de indagatoria para 36 personas, entre las cuales se encuentran funcionarios actuales, exfuncionarios y exempleados de Securitas.

La causa tendrá impactos aun desconocidos, ya que hay cientos de personas bajo la mira judicial, de acuerdo a la información que recabó el diario La Nación de fuentes judiciales. Las razones son dos. Por un lado, Securitas fue la primera empresa en ocho años en entrar en un Acuerdo de Colaboración Eficaz, previsto en la ley de responsabilidad empresarial aprobada en 2017. Este “pacto”, entre la persona jurídica y el Ministerio Público Fiscal, en este caso el fiscal federal Fernando Domínguez, prevé el pago de multas y compensaciones a la sociedad y colaboración en la investigación en un contorno de tiempo y hechos definido. Por esto, en principio, el análisis de la Justicia va hasta abril de 2019, pero los descubrimientos hasta el momento arrojaron pruebas que indicarían la comisión de delitos recientemente, incluso este año. Por otro lado, esta ronda de indagatorias es la segunda desde que comenzó el proceso, pero faltan varias por venir.

Dentro del listado de nombres convocados por Sandra Arroyo Salgado, la jueza federal de San Isidro que entiende en esta causa, y ya imputado, está Pablo Santos, actual director del Registro Nacional de las Personas (Renaper). Sin embargo, la investigación no apunta a su actuación durante el mandato de Javier Milei (fue designado en ese cargo el 22 de diciembre de 2023), sino a su labor como director del organismo, años antes. Durante las gestiones de Mauricio Macri y Alberto Fernández, ocupó la Dirección General de Administración y de Atención Ciudadana del mismo organismo. Deberá presentarse a indagatoria el 5 de marzo.

También fue citado a declarar Juan José D’Amico, extitular del Renaper durante la gestión de Macri, tras la cual ocupó cargos públicos en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en el segundo mandato de Horacio Rodríguez Larreta. En el listado también está Gabriel Berteri, que traspasó varias gestiones. Fue director general de Administración del Renaper durante esa época y, en 2022, fue designado director de Gestión Técnica dentro del Ministerio de Seguridad nacional, entre otros cargos públicos. Julio Andrés Posadas, exdirector general de Planeamiento y Logística del Renaper, también está imputado.

Dentro de los imputados se encuentra un importante empresario. Se trata de Natalio Wende, histórico empleado y socio de Eduardo Eurnekian en el Grupo América y en AA2000, que tiene concesionadas 35 terminales aeroportuarias del país. Wende falleció en 2022, pero fue citado porque todavía queda acreditar su muerte para sobreseerlo por esa causa.

Rafaela Liliana Esber, histórica administradora, durante más de 20 años, del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), también fue citada a declarar. Dejó ese lugar durante la gestión de Macri y pasó por varios cargos luego, como directora de Recursos Humanos del Senasa y, hasta 2024, fue directora de administración del Instituto Nacional de Semillas. Del Senasa también se citó a Lucia Piscicelli, que fue coordinadora general administrativa en el organismo.

En esta ronda se citó a varios oficiales del Ejército Argentino por el entramado de coimas. Uno de ellos es el general Alberto Luciano Mario Corvalán, que fue, entre otros cargos, director de la Obra Social del Ejército entre 2016 y 2017, y gerente general del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas nombrado en 2020. También fue citado el coronel Rubén Regojo, que ocupó cargos en la obra social. Hugo Víctor Miola, exdirector de Arsenales, también está imputado. Fue solicitado su pase a retiro luego de verse involucrado en una trama de robo de municiones en el Batallón “San Lorenzo” de Fray Luis Beltrán.

Esta ronda de indagatorias se centró en algunos organismos investigados: Senasa, Renaper, AA2000 y el Ejército Argentino. Pero se encuentran bajo investigación funcionarios de múltiples otras áreas, incluso otras jurisdicciones y sindicatos como la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), PDVSA, Energía de Entre Ríos SA (Enersa), AySA, los Registros de Guardias de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el organismo para la obtención de la licencia de usuario legítimo (CLU) de arma de fuego, el organismo para la obtención del certificado de portación de armas para los guardias de seguridad y para la renovación de las autorizaciones correspondientes, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, el Registro de la Propiedad Automotor de la provincia de Buenos Aires, la Policía de la Provincia de Tucumán, la Policía de la provincia de Buenos Aires, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), el Registro Provincial de Armas (Repar) bonaerense y la Dirección Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada (Dpgsp) bonaerense.

Entre otros imputados y llamados a indagatoria se encuentran exfuncionarios y exdirectores de Securitas como Alfredo Arzuaga, Marcelo Cerrudo, Nicolás Echavarría, Miguel Cernadas, Sol Cernadas, Ricardo Balestrino, María Eugenia Balestrino, Viviana Parisi, Pablo Bellizzi, Vilma Ortiz, Julio Fernando Terrado, Christian Faria, Gabriel Di Cesare, Alejandro Castex, Alberto Alesci, Luis Vecchi, Carlos Rinaudo, Damián Rossi, Fernando Russo, Pablo de Bueno, Leandro Miraglia, Guillermo Pedace, Carlos Paulino Touceda, Pablo Blanco y Fernando Alberto Gutiérrez. Todos fueron citados para prestar declaración indagatoria entre febrero y mayo.

Fuente: Camila Dolabjian / La Nación