El próximo 28 de mayo se presentará en la Cámara de Diputados, por octava vez, un nuevo proyecto de ley para despenalizar y legalizar el aborto. La fecha fue acordada este jueves en un encuentro cerrado del que participaron diputadas nacionales, especialistas y militantes de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
La iniciativa incorpora cambios respecto a la media sanción del año pasado y fue consensuada en un plenario de la Campaña por el Aborto, realizado a mediados de marzo en la Universidad de Córdoba. La presentación se hará en coincidencia con el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer.
Según se acordó en una reunión realizada en el quinto piso del Anexo A de la Cámara baja, se buscará repetir la fórmula de la pluralidad entre los primeros firmantes y, además, esperan ampliar la cantidad. El año pasado se dio el récord de 71 adhesiones y ahora tratarán de reforzar la presencia del bloque Justicialista, el Frente Renovador y Red por Argentina.
Seguir manteniendo el debate
Según indicaron tras la reunión, “hay un espíritu de seguir manteniendo el debate institucional” y mantener la llama viva más allá de que, reconocen, será muy difícil volver a dar el debate este año, con la misma conformación de las Cámaras.En simultáneo a la presentación del proyecto se realizarían movilizaciones en todo el país y se instalaría una pantalla gigante en las afueras del Congreso para seguir la conferencia de prensa.
Modificaciones
El artículo 1° de la nueva redacción establece que toda mujer u “otras identidades con capacidad de gestar” –figura que se incorporó ahora– tienen derecho a “decidir voluntariamente” y acceder a la interrupción de su embarazo hasta las 14 semanas, inclusive, del proceso gestacional.En tanto, en las causales de IVE más allá de ese plazo ya no se encuentra la “inviabilidad de vida extrauterina del feto”, sino que quedan establecidos los casos en los que el embarazo fuera producto de una violación o si estuviera en riesgo la vida de la mujer o persona gestante.
Otro de los artículos indica que “si la interrupción voluntaria del embarazo se llevara a cabo en un establecimiento de salud, sus autoridades deben garantizar la realización de la práctica sin requerir autorización judicial previa”, detalla el texto.
Este nuevo proyecto no contempla la objeción de conciencia para los profesionales de la salud, un punto que fue clave para garantizar votos a favor de la iniciativa durante su debate en el Congreso.
En cuanto a los cambios en el Código Penal, el artículo 88 que se propone reemplazar expresa que “la mujer o persona gestante que causare su propio aborto o consintiere en que otro/a se lo causare en ningún caso será penada”.
Fuente: El Parlamentario