Encabezando la Lista Marcha Blanca, este 4 de noviembre el colonense Marcelo Pagani fue reelecto para conducir el sindicato que agrupa a la mayoría de los docentes entrerrianos.
Entrevistado por El Entre Ríos, habló sobre los ejes de su nueva gestión, la infraestructura de las escuelas colonenses y el regreso a la presencialidad en tiempos de pandemia.

—¿Qué consideran que tuvo en cuenta el afiliado para volver a elegirlos?
—Desde hace tiempo veníamos charlando y debatiendo con compañeros que estaban en otros espacios. Nos dimos cuenta que teníamos muchas más coincidencias que diferencias, y que esas diferencias nos potenciaban y enriquecían. Así fuimos transitando estos cuatro años compartiendo unidad en las acciones, y eso fue el puntapié inicial.

En el primer congreso, que fue en Colón, planteé que debíamos tener un único objetivo, que era fortalecer AGMER. Las elecciones habían pasado, las agrupaciones existen pero en los años que venían la única camiseta debía ser la del sindicato. Eso se entendió y concretamos este frente que es Marcha Blanca, que recupera uno de los hitos más importantes en la historia de los trabajadores de la educación: la Marcha Blanca de 1988, que si bien tenía su agenda reivindicativa, lo más importante fue que mostró que en unidad íbamos a conseguir cosas e hizo visible el debate de la educación pública.

Por eso nuestra Marcha Blanca refleja estas dos cuestiones: la unidad y el debate de la escuela con el pueblo, no solo limitado a especialistas o docentes.

Los compañeros entendieron con claridad el objetivo de este frente, y por eso el contundente respaldo.

—¿Cómo fueron los porcentajes en el escrutinio provisorio?
—Más o menos 79 a 21 por ciento. Estamos esperando el recuento definitivo.

Pasadas las elecciones convocamos a ser parte a los compañeros de la Lista Multicolor, porque es bueno el aporte que pueden hacer a esta construcción. Por supuesto tenemos proyectos y miradas distintas, pero por sobre todo son compañeros nuestros.

—¿Accedieron?
—Todavía no hemos tenido una charla formal. Estamos esperando que se cierre el escrutinio.

—Recién hacías mención a que la única camiseta debe ser la del gremio. Sin embargo, hubo quienes identifican a la Lista Marcha Blanca con un partido político.
—Marcha Blanca no está identificada con ningún partido político. El secretario general soy yo y no he tenido militancia ni afiliación partidaria; por supuesto tengo mi idea como cualquier ciudadano, pero de ninguna manera Marcha Blanca está atada a ningún gobierno.

Vamos a los hechos de los últimos años: esta conducción que me toca encabezar, fue a disputar fuertemente una Ley de Emergencia donde el gobierno actual imaginaba contar con recursos descontándole el salario a trabajadores jubilados y activos. En la pelea que dimos a fondo en la Justicia, logramos que nos den la razón. A ningún jubilado de la provincia de Entre Ríos se le descontó un centavo y a los activos que ganaban menos de 100 mil pesos, que eran todos, tampoco.

Otro ejemplo es de una acción en la calle. Cuando a principio de año este gobierno provincial imaginó que con un 20 por ciento se podía firmar un acuerdo paritario, nos retiramos e instalamos durante 45 días una carpa frente a Casa de Gobierno, llenándola de contenido y debate. Nosotros entendemos que fue esa carpa la que permitió una nueva convocatoria a discutir salario, sacando 35 puntos más de los 20 que habían imaginado que nos iban a dar.

Estos hechos desmontan la idea de que somos oficialistas o de algún partido. Es subestimar a nuestros compañeros etiquetarnos en términos político-partidarios. Después claro que todos tenemos nuestras ideas y una visión de las etapas históricas, y debe ser así, porque somos dirigentes. Ahora que alguno de Marcha Blanca tenga militancia partidaria o lleve al sindicato alguna de estas cuestiones, es absolutamente falso.

—La vacunación contra el covid y el regreso a la presencialidad, fueron de los temas que generaron mayor polémica entre los docentes en el último tiempo.
—Esto es importante: contra una definición del gobierno provincial, allá por mayo, del retorno a la presencialidad en el momento de más alto contagio, sin vacunas y con un sistema sanitario colapsado, este sindicato estuvo un mes y medio sosteniendo la no presencialidad. Fuimos en contra de una medida del gobierno de la provincia, que para tratar de amedrentarnos sacó la Resolución 1.542, que nos iba a cargar falta injustificada y a descontar el salario si no volvíamos. Y no volvimos, además de que luego logramos hacer caer esa resolución.

Otro elemento que demuestra la absoluta independencia del poder de turno.

Respecto a lo que planteabas, nuestras exigencias para la presencialidad eran la vacunación, que bajen los niveles de contagio, que el sistema sanitario no esté saturado y que tenía que ser saliendo del invierno, porque sabíamos que era el peor momento. Además, la infraestructura escolar no estaba en condiciones; cuando hablábamos de ventilación cruzada, había aulas que tenían las ventanas soldadas, así que era imposible.

Nunca estuvo en debate la centralidad de la escuela y la presencialidad.

—Dentro del sindicato, ¿hay habilitada alguna instancia de diálogo con los padres? Me refiero en general y en particular durante la pandemia, si pudieron integrarlos a la discusión de cómo manejar la vuelta a las aulas.
—Formal e institucionalmente no, y quizá sea una de las cuestiones a revisar, la necesidad de discutir la escuela con la comunidad.

Nosotros entendíamos que con la no vacunación, los niveles de contagio altísimos y el invierno, no era un momento para el retorno a la presencialidad, por el riesgo que corrían la salud y la vida, no solo para los docentes sino para los alumnos.

Falta mucho por investigar y tener informes reales de la influencia o no en determinados ámbitos respecto a los contagios. Lo que es real, es que hay una gran preocupación en el mundo respecto al covid y no había referencia histórica para saber qué hacer. Ante esta falta de información científica y de vacunas, compartíamos la cuarentena para bajar el nivel de circulación.

—¿Qué otros temas tienen en agenda para esta nueva gestión?
—Como cuestión central está el tema salarial, más en un contexto de inflación. Hicimos una presentación formal al gobierno de la provincia porque lo que firmamos en abril es insuficiente.

Luego, trabajar en la estabilidad laboral. En eso ya hay noticias, como es las 60 mil horas que titularizaron los compañeros de secundaria y los que tienen cargos iniciales, como preceptores. El año próximo se van a llevar a cabo titularizaciones en primaria y estamos trabajando en el ámbito del CGE, en un nuevo concurso de antecedentes y oposición para cargos directivos.

En cuanto a las obras sociales, en el caso de Entre Ríos tiene los aportes patronales más bajos del país. Por activos está en 5 puntos y por jubilados en 2 puntos, cuando quienes necesitan más atención médica son los mayores. Había 4 puntos, pero quitaron dos y nunca se restituyeron. Por otra parte, las obras sociales provinciales deben sostener al cien por ciento las leyes por patologías (fertilidad, celiaquía, obesidad, discapacidad, trasplante) sin aportes extras.
Otra cuestión central es la vivienda. Hay una propuesta del gobierno nacional de articular programas con los sindicatos. Todavía no tenemos en claro los cupos.

—Desde la Lista Multicolor proponían como opción que el gremio tenga su propio banco de tierras.
—Puede ser una buena idea, el tema es el valor de la tierra y la relación con los recursos del gremio, que hace inviable llegar con respuesta a los miles de docentes que necesitan vivienda.

—¿Coinciden con la dirigencia de CTERA?
—Sí, claro. Entiendo que la secretaria general, Sonia Alesso, está haciendo una gestión extraordinaria. Hoy CTERA no solo está presente en la discusión nacional con el ministerio de Educación, sino hacia dentro de los sindicatos de todo el país, con formación y capacitación.

—Como colonense y exsecretario de esta seccional, ¿cuál es la mirada sobre la educación en nuestro departamento?
—En términos de infraestructura, allá por el 2006-07 hacíamos caravanas educativas denunciando cuestiones de infraestructura, que finalizaban en la escuela 56, donde logramos que tenga un edificio nuevo.

Claro que sigue habiendo problemas. El problema de la Escuela Normal es muy delicado y de larga data. Hay una desidia del Estado respecto a esta escuela que es preocupante. Desde el momento en que se cayó un techo en calle 12 de Abril y la demolición que hubo que hacer en San Martín, han pasado 7 u 8 años y no se ha logrado un edificio acorde a las necesidades de los alumnos. A nivel provincial, es uno de los problemas más serios de infraestructura.

Fuente: El Entre Ríos