El Poder Ejecutivo presentó el 15 de mayo en la Cámara de Senadores, un proyecto de ley de para que se declare “en el ámbito de la Provincia de Entre Ríos, el estado de emergencia de la infraestructura vial, por el plazo de un año a partir de la entrada en vigencia de la presente, prorrogable por el Poder Ejecutivo por única vez y por el plazo de 180 días, con el objeto de llevar adelante medidas y acciones para la recuperación de la trama vial provincial”.

El proyecto propone: “autorícese a la Dirección Provincial de Vialidad a realizar contrataciones directas por vía de excepción de obras públicas, provisión de bienes, insumos, repuestos y suministros necesarios para llevar adelante la recuperación de la infraestructura vial de la Provincia con arreglo a las disposiciones legales vigentes…, durante la vigencia del período de emergencia dispuesto en la presente ley”.

En el mensaje a la Legislatura se sostuvo que “la presente iniciativa encuentra su justificación en la situación de grave crisis económica por la que atraviesa nuestro país caracterizada, entre otros aspectos, por exorbitantes índices de inflación. En relación a ello, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó recientemente que el nivel general del índice de precios al consumidor registró un alza mensual de 11,0% en marzo de 2024, y acumuló una variación de 51,6%”.

También se señaló que “en la comparación interanual, el incremento alcanzó el 287,9%” y se indicó que “si tenemos en cuenta concretamente los costos de la construcción, puede advertirse en ese rubro una incidencia incluso un poco mayor en el alza de dichos precios. Así, por ejemplo, el índice que elabora la Cámara Argentina de la Construcción(CAC) determina que en los últimos 12 meses el costo de la construcción acumula un incremento del 289,14%”.

En los fundamentos se resaltó que “el escenario descripto entorpece enormemente la gestión de las compras públicas en general y, en particular, en la adquisición de bienes o insumos relacionados con la obra pública, ya que el escenario de incertidumbre en lo económico y la volatilidad que experimentan los precios del rubro impiden muchas veces contar con ofertas de proveedores en los procesos licitatorios o, existiendo las mismas, se advierten cotizaciones a precios elevados”.

El Ejecutivo entiende que “la dificultad de concretar la adquisición de materiales e insumos primordiales para el mantenimiento de las obras viales a través de los procesos licitatorios, le impiden a la Dirección Provincial de Vialidad llevar adelante esa tarea. A la situación compleja anteriormente descripta, debe sumarse otro factor que justifica la adopción de esta medida legislativa. Nos referimos al severo deterioro que presenta la trama vial de nuestra provincia, que hace imperiosa una rápida intervención de la Dirección Provincial de Vialidad”.

Fuente: APF