Este jueves al mediodía, después de casi una semana de una resolución judicial que les otorgó la prisión preventiva en la modalidad domiciliaria, los contadores Gustavo Pérez y Roberto Ariel Faure pudieron salir de la Unidad Penal N° 1 de Paraná y volver a sus viviendas, provistos de tobilleras electrónicas.

Pérez, exdirector del Servicio Administrativo Contable del Senad, y Faure, considerado parte de los mandos medios de la organización que se dedicó a operar con los contratos truchos en la Legislatura y que distrajo del erario público, según la Fiscalía, un monto de $2.000 millones, habían sido enviados con preventiva a la cárcel en noviembre de 2018 por un plazo de 90 días.

Cumplido ese tiempo, los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry pidieron que se ampliara la preventvia por otros 60 días más, petición a la que accedió la jueza de Garantías Marina Electra Barbagelata. Los defensores de Pérez, Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli, y de Faure, Leopoldo Cappa, apelaron esa decisión, y consiguieron que la camarista María Carolina Castagno dejara sin efecto el alojamiento en la Unidad Penal y les otorgara arresto domiciliario.

La medida de Castagno ocurrió el viernes 22 de febrero pero la salida del encierro de Pérez y Faure no pudo concretarse sino hasta este jueves 28 por una razón de índole burocrática: el Servicio Penitenciario de Entre Ríos se había quedado sin tobillera electrónica. Faltante que pudieron subsanar casi una semana después.

En su fallo, Castagno entendió que aún existe riesgo de que los imputados entorpezcan la investigación penal preparatoria y por ello mantuvo la prisión preventiva, pero cambió la modalidad: la cumplirán en sus domicilios, monitoreados con tobillera o pulsera electrónica.

La camarista resaltó que su decisión “está en sintonía” con el reciente fallo de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, que puso fin a la prisión preventiva de Flavia Beckman, Hugo Mena, Esteban Scialocomo y Alfredo Bilbao, otros acusados en esta causa.

En su resolución, Castagno dio cuenta de las dos posturas en pugna: por un lado la Fiscalía, a través de los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro, que solicitaron confirmar el fallo de la jueza Barbagelata que les aplicó prisión preventiva por 60 días, por entender que se ajusta a derecho; y por otro los abogados defensores, que manifestaron que la resolución cuestionada carecía de “lógica” y que, entre otras cosas, no seguía el criterio de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que a principios de mes revocó la prisión preventiva de los coimputados antes mencionados.

“La decisión adoptada por la magistrada –Barbagelata- supera el principio de proporcionalidad, puesto que esta privación de la libertad en cualquier momento del proceso se puede modificar”, señaló Castagno en su fallo y agregó luego que aún se acredita riesgo que de los imputados entorpezcan la investigación.

Fuente: Entre Ríos Ahora