La jueza de Garantías de Colón, Natalia Céspedes, decidió no hacer lugar a la solicitud de prórroga de la prisión preventiva de los seis imputados en el marco de la causa “Homicidio en ocasión de robo”, en perjuicio del reconocido ingeniero químico y productor ganadero Pascual Enrique Viollaz (80).
Cumplido el plazo de 30 días dictado a fines de noviembre, el fiscal Alejandro Perroud había pedido 45 más de prórroga “en base a que el informe genético aún no estaba disponible, siendo la última pieza de evidencia restante previo a la elevación a juicio” y, teniendo en cuenta la feria judicial, estimó necesario extender la prisión preventiva hasta la elevación a juicio, según confió a El Entre Ríos.
El representante de la Unidad Fiscal de Colón hizo hincapié en “la inminencia de la etapa de debate y en la necesidad de mantener la prisión preventiva de los imputados”, señalando además que “los riesgos procesales que dieron lugar al dictado de las mismas no variaron, y se mantiene invariable la probabilidad de autoría por parte de los coimputados”.
Por su parte, el abogado Sebastián Arrechea que ejerce la defensa de uno de los imputados -de apellido Grantón- solicitó la libertad del mismo sujeto a “estrictas medidas”, en tanto que José Peluffo requirió la prisión domiciliaria del resto de los imputados que representa.
Uno por uno
Con la decisión de la magistrada, así queda la situación de las seis personas a las cuales se les imputa el hecho ocurrido en la ciudad de Villa Elisa (Departamento Colón), el 25 de mayo pasado.Por un lado, se otorgó prisión preventiva bajo modalidad domiciliaria (con monitoreo) a Juan Carlos “Maneco” Castro (56), de Colón; Luis Sebastián “Sordo” Herrlein (39), oriundo de Concepción del Uruguay y domiciliado en Colón; Rosendo Larroza (44), de “la histórica”; y a Andrea Elizabeth Amaro (25), de Colón; disponiéndose su traslado una vez que les sea colocada una tobillera electrónica, por el plazo de 45 días.
Asimismo, la jueza Céspedes resolvió disponer la libertad de Mario Ricardo González (49), procedente de Concepción del Uruguay; como así también de Raúl José Granton (72), domiciliado en colonia El Pantanoso, cerca de Villa Elisa.
Estos últimos, mediante una caución real de 150 mil pesos u ofrecimiento a embargo de algún bien por el monto señalado, la prohibición de cualquier tipo de contacto y por cualquier medio con los testigos de la causa, la prohibición de ausentarse del domicilio en el horario comprendido entre las 20 horas hasta las 7 de la mañana del día siguiente y la obligación de presentarse dos veces por semana en la comisaría más cercana a su domicilio a fin de dar cuenta de su permanencia en la jurisdicción, también por 45 días.
¿Confirman o revocan la resolución?
Conocida la decisión de la jueza de Garantías, la reacción del fiscal Perroud no se hizo esperar: presentó un recurso de apelación por considerar que la resolución “carece de fundamentos y entraña el peligro de que, ante la proximidad del juicio, los imputados intenten fugarse”.En el caso de Amaro, “la prisión domiciliaria se le había revocado hace menos de un mes, cuando fue hallada en la zona costera de Colón en compañía de otras dos personas”, recordó.
Otro de los imputados, Larroza, “gozaba de prisión domiciliaria cuando ocurrió el hecho, y al momento del allanamiento no estaba en el domicilio establecido”, sumó como fundamento.
Este miércoles a las 11, en la Sala Penal de Concepción del Uruguay, tendrá lugar la audiencia de apelación, presidida por la jueza María Evangelina Bruzzo, quien finalmente decidirá si confirma o revoca la resolución de la magistrada colonense.
Fuente: El Entre Ríos