El Gobierno dio por terminada la emergencia laboral y no renovará la “doble indemnización”. El decreto vigente desde diciembre pasado había reducido al 25% extra los pagos por desvinculaciones laborales en el último bimestre y, desde el 1° de julio, vuelve a los montos normales. La medida fue tomada originalmente en diciembre de 2019, con la llegada de Alberto Fernández a la presidencia, y con los efectos de la devaluación de agosto de ese año todavía pesando sobre la actividad económica.

La vocera de presidencia, Gabriela Cerruti, explicó en conferencia de prensa los fundamentos de la decisión de no continuar con la imposición de un plus para el costo de los despidos orientado a desincentivar desvinculaciones.

“La verdad es que tenemos números de empleo que muestran que el desempleo sigue bajando, que se siguen creando empleos, 20.000 por mes. Ese crecimiento del empleo nos permite considerar que hay una nueva situación en la que lo que tenemos que seguir haciendo es promover la creación de empleo formal y las mejores paritarias”, comentó.

El objetivo de la “doble indemnización” fue evitar que las empresas echaran personal durante la recesión de 2019, primero, y luego en momentos en que la pandemia de Covid-19 impactaba con fuerza en el empleo.

La norma estableció que en el caso de despido sin causa, el trabajador tiene derecho a percibir, además de la indemnización correspondiente de conformidad con la legislación aplicable, un monto adicional.

Desde el Ministerio de Trabajo, mientras tanto, no tienen prevista una renovación. Las condiciones establecidas en el decreto 886 de 2021 ya fijaban un camino gradual para el final de la emergencia que llega a su término hoy 30 de junio.

Aquella norma establecía un “esquema de porcentajes de adición de las indemnizaciones debidas que regirán a partir de enero de 2022, con un porcentaje del setenta y cinco (75%) durante el primer bimestre del año, y luego, en forma bimestral, reducciones del veinticinco por ciento (25%) para llegar al último bimestre, que finalizará el 30 de junio de 2022, con un incremento que ascienda a un cuarto de la indemnización debida”.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, no tiene planeado extender nuevamente la vigencia ni tiene previstas reuniones para evaluar la situación. En el Gobierno consideran que están dadas las condiciones de crecimiento económico para no necesitar de esa herramienta de emergencia.

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