Luego de que medios de la ciudad publicaran en enero último el decreto mediante el cual fue contratado “ad honorem” Ignacio Caprarulo como asesor de seguros, desde el Ministerio Público Fiscal abrieron una “investigación de oficio”, bajo la sospecha de que pudiera haberse cometido algún ilícito.

La apertura de la investigación se produjo formalmente el 8 de febrero de 2024. Desde entonces, hay varias medidas llevadas a cabo, entre ellas la requisa al teléfono de Caprarulo.

En principio, desde Fiscalía procuraron reconstruir los pasos de los trámites administrativos que derivaron en la contratación de Ignacio Caprarulo, tanto durante la gestión de Enrique Tomás Cresto como de Francisco Azcué.

En el caso del expresidente municipal, el contrato fue dispuesto a través de una resolución, que no habría sido publicada. El actual intendente en cambio apeló a un decreto transparentado en el Boletín Oficial de la Municipalidad de Concordia. Según trascendió, ni Cresto ni Azcué habrían dado intervención previa a organismos de control ni tampoco contaron con un dictamen del área legal que avalara lo resuelto.

Luego de que El Entre Ríos publicara el 9 de enero de 2024 el decreto de contratación de Caprarulo y Diario Junio presentara a posteriori una investigación en la que reveló presuntas comisiones millonarias en juego, desde el Instituto del Seguro de Entre Ríos (IAPSER) habrían revocado los pagos en favor del asesor. Una versión dio cuenta de que también en la Municipalidad habrían resuelto dar marcha atrás con el contrato, pero, de ser así, tal determinación aún no ha sido publicada.

Entre las medidas investigativas encaradas por los dos fiscales a cargo, José Arias y Daniela Montangie, figuran oficios dirigidos a la Municipalidad de Concordia, que apuntan a conocer en detalle no sólo las sucesivas contrataciones “ad honorem” sino también las consecuencias económicas que habrían ocasionado. Según lo publicado por Junio, Caprarulo “habría estado cobrando cifras millonarias en comisiones desde el 2019 hasta fines del 2023”.

“Ignacio Caprarulo –reconstruyó Junio- comenzó a oficiar de nexo entre el municipio y el IAPSER a finales del 2019, también en calidad de «ad honorem», mediante la resolución Nº11592/19 firmada por el ex intendente Cresto, para que brindar charlas y asesoramiento, y capacitaciones a todas las reparticiones municipales y sus entes descentralizados. Algo de lo que ya se ocupaba, por ejemplo, personal idóneo de la Dirección de Recursos Humanos y el Departamento de Higiene y Seguridad Laboral del municipio, convocando además a distintos profesionales”.

“Caprarulo –detalló Diario Junio- fue designado cuando el contador Juan Domingo “Palito” Orabona ya tenía más de dos años al frente de la empresa de seguros de la provincia y días después de asumido como presidente Alberto Fernández, cuyo jefe de Gabinete era Santiago Cafiero. Tanto con Orabona como con Cafiero, a Caprarulo lo vinculan lazos familiares. Sin embargo, de forma intempestiva, y muy llamativa -incluso para el mismo Caprarulo-, meses antes de terminar su mandato, el 1 de Octubre de 2023, el ex intendente Cresto lo desafectó y designó mediante una nota a CETW Broker de Buenos Aires para que actúe de intermediario entre el municipio y la compañía aseguradora de la provincia. La orden comunicada al IAPSER, que habría sido arrimada a la agencia local por el ex funcionario Max Klaric, es otra decisión que -siguiendo la misma línea- también carecería de fundamentos. Mientras tanto, de octubre a la fecha, las suculentas comisiones se fueron hacia la city porteña”.

“Hasta ahora, las gestiones del asesor externo habían transcurrido sin levantar polvareda cuando la nueva gestión volvió a darle el alta como productor designado del municipio, destacando en el decreto la calidad “ad honorem” y los méritos conseguidos «durante el período 2019/2023». Propios y extraños aseguran que se siente más a gusto con la línea política e ideológica de la actual administración municipal”, remató Diario Junio en una nota publicada el 10 de enero, que no pasó desapercibida para la investigación encarada desde Fiscalía.

Fuente: El Entre Ríos