Eduardo Asueta, actual Gerente de Asuntos Estratégicos de ENERSA, hace ya tiempo que venía bregando porque Entre Ríos acudiera a la Corte Suprema para recomponer los excedentes que por la Ley Nacional 24.954 le corresponden, paso que acaba de concretar la actual gestión de Rogelio Frigerio.
Asueta reveló que colaboró con la Fiscalía de Estado en el desarrollo de la demanda y sostuvo que “si esto sale como entendemos que debe salir, la región Salto Grande volverá a tener una CAFESG como la que había hasta el año 2013, es muchísima plata la que está en juego. Es una demanda clara y concreta basada en el carácter reparatorio y la jerarquía del Pacto firmado entre las provincias afectadas por la Represa Salto Grande y el Gobierno Nacional en el año 1998”.
Respecto al reclamo jurídico, Asueta informó que “Entre Ríos y las provincias afectadas tienen un acuerdo que data de 1998 según el cual los excedentes de Salto Grande deben pasar a las provincias. Esto funcionó bien, hasta el año 2013, momento en que el Gobierno Nacional decidió cambiar de modo unilateral y discrecional, la regulación del precio que le paga a la represa, hacia la baja, y eliminando prácticamente los excedentes, es decir atentando contra la estructura económica del Pacto firmado en el año 1998.”
Continuó Asueta informando que “en realidad lo que hizo el Gobierno Nacional ha sido apropiarse de los excedentes mediante la regulación a la baja del precio, y esa es una conducta ilícita porque atenta contra el Pacto Intra-federal, que debe ser respetado por las partes firmantes y no admite modificaciones ni incumplimientos unilaterales. Es por eso que entendemos que tenemos la provincia tiene las de ganar en este pleito, más aún porque la Corte tiene una tradición de Jurisprudencia muy positiva de respeto a estos Pactos.”
El fracaso de la vía “política” y la prescripción
Además, Asueta destacó que “debimos haber interpuesto esta demanda muchísimo antes. Los perjuicios datan desde el año 2013, y desde esa fecha hasta el 2021, todo ese período está prescripto, ya no podremos reclamarlo. Lo que dejamos de percibir desde la Resolución 95/13, de la Secretaría de Energía que mete mano sobre los excedentes son alrededor de USD 700 millones, de los cuales ya no podremos reclamar USD 530 millones porque se ha prescripto ese reclamo.”“Hay que reconocer que la estrategia del reclamo político ha fracasado, hemos perdido muchísimo recursos que deberían ser obras e infraestructura para la región. El Gobierno nacional no cumplió con la promesa del canal de embarcación, que hubiere sido de vital importancia para todas las ciudades costeras del río Uruguay, y mas aún para Concordia que hubiere traccionado todo el noreste entrerriano y Sur de Corrientes, además de muchos otros daños que generó la represa, y dejaron de compensarse por los incumplimientos del Gobierno Nacional”.
Por último, Asueta remarcó que “existe la posibilidad de que con la demanda interpuesta se pueda llegar a un acuerdo; de hecho, supongo que la Corte va a invitar a las partes a arribar a un acuerdo, lo importante de haber interpuesto la demanda es que se ha interrumpido la prescripción y que tenemos otra posición muy distinta en la negociación que tenemos por delante.”
Fuente: Prensa Asueta