El tesorero del Aero Club Chajarí, Luis Alberto Tavella, presentó una denuncia penal contra dos dirigentes de la institución, Julio César Cabo Dal Molin y Marcelo Alberto Arbelaiz, por presuntos delitos financieros, administrativos y fiscales que habrían afectado gravemente la estructura y funcionamiento del club aeronáutico.
El hombre, que ocupó el cargo hasta septiembre pasado cuando formuló la denuncia penal en la fiscalía de la ciudad, se encargó de las cuentas de la institución durante 14 años.
Si bien la presentación fue atendida por el fiscal Matías Argüello de la Vega, la misma fue destinada a pesar de la gran cantidad de datos a chequear que existen.
El tesorero de la institución denunció con detalles cuales eran los ardides para excluir socios al aeroclub a fin de que todo se maneje a discrecionalidad de una mesa chica, atentando contra la vida institucional democrática, los objetivos definidos por estatuto y la disposición de los bienes patrimoniales.
Vaciamiento la institución
Oscar Fischbach, en representación de un grupo de pilotos y ex socios del Aero Club Chajarí, manifestó al programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) la situación de conflicto y las demandas que han estado realizando ante Personería Jurídica desde el año 2010. Este grupo ha insistido en la necesidad de abrir y democratizar la institución, enfrentándose a diversos obstáculos y situaciones de expulsión de miembros a lo largo de los años. "Desde el año 2000, cinco pilotos fueron expulsados con la nueva conducción de Julio Cabo, y en 2015-2016 se repitió la expulsión de otros cinco pilotos más", relató Fischbach.Esta situación llevó al grupo a unirse con los jóvenes pilotos en 2020 para pedir la apertura del club, una institución fundada en 1945 que, según Fischbach, ya pertenece a toda la comunidad de Chajarí.
A lo largo de 24 años, el Aero Club no ha formado nuevos pilotos, incumpliendo una de sus principales premisas. La cantidad de socios ha disminuido de 200 en el año 2000 a apenas 90 en la actualidad, demostrando la falta de crecimiento y desarrollo. El grupo ha reclamado ante Personería Jurídica, pero no ha encontrado una respuesta significativa hasta ahora.
En este contexto, el tesorero del Aero Club presentó una denuncia penal ante la fiscalía, así como una denuncia en Personería Jurídica por manejos poco claros dentro de la institución. "La última asamblea no aprobó el balance ni fue firmado por el tesorero, quien pidió la veeduría de Personería Jurídica", señala Fischbach.
A pesar de lo relatado por los denunciantes, Argüello de la Vega de Chajarí decidió archivar la denuncia bajo el argumento de son "meras manifestaciones cuestionando el manejo y la administración de una persona jurídica por sus autoridades electas".
Por tal motivo, los denunciantes pidieron la intervención del Coordinador de Fiscales, José Costa de Concordia, para que revise la resolución del fiscal.
Presuntos negocios inmobiliarios
Luis Alberto Tavella, detalla en una presentación judicial de 27 hojas, más una ampliación de 17 páginas más que a lo largo de los años se fueron vendiendo lotes y el dinero no se reinvirtió.Según Tavella, el aeroclub contaba con un terreno de 50 hectáreas en el caso urbano de Chajarí, cuatro manzanas que fueron permutadas a un privado a cambio de 100 hectáreas a las afueras en Colonia Belgrano.
El nuevo predio tiene un valor mucho menor que el lugar donde originalmente estaba el Aeroclub.
Tavella dice que se vendieron unos 30 lotes de los que todavía conserva en el área céntrica, que tienen un valor estimado en 30 mil dólares cada uno. Las transacciones eran con el objetivo de recaudar fondos para acondicionar el nuevo predio para el aeroclub. Estos terrenos, que incluyen parte de la ex chacra 360, habrían sido vendidos sin que los socios recibieran información sobre el destino de los fondos obtenidos.
A pesar de los millones de pesos que ingresaron a la institución, Tavella sostiene que en Colonia Belgrano no hay nada. Lo más llamativo es que las ventas al parecer tampoco fueron declaradas ante los organismos de control como ARCA (exAFIP).
Por si fuera poco, Tavella denuncia que su labor como tesorero fue obstaculizada sistemáticamente. Se le impidió el acceso a información relevante para la confección de los balances y la auditoría de los bienes del club, además de ser presionado para que rubricara documentos sin tener la oportunidad de analizarlos, a tal punto que como tesorero no avaló ni firmó el último balance contable de la institución.
La situación de amenazas por parte de los denunciados, según Tavella, fue constante, y solo por temor a represalias no realizó la denuncia antes. A lo que se debe agregar que pidió medidas de protección para su integridad física y psicológica ante las intimidaciones recibidas por parte de los denunciados.
Además de la denuncia en sede judicial, el ex tesorero solicitó la intervención de la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas para llevar a cabo una auditoría sobre la gestión de la institución, incluyendo la revisión de los balances, los libros contables y el patrimonio del club.
A pesar de todo, el fiscal Argüello de la Vega sostuvo que investigar tal situación implicaría un esfuerzo inútil para el Estado y un desafío probatorio complejo, dada la posibilidad de que el hecho se presentara bajo un marco legal legítimo.
Fuente: Análisis