Instalado el primer gobierno patrio en 1810, declarada la independencia de España en 1816 (Congreso de Tucumán), las Provincias Unidas del Río de la Plata, todavía, hacia 1845, no habían podido constituir un Estado nacional.

Fracasados todos los intentos de dictar una Constitución, cruentas guerras civiles -unitarios y federales- ensangrentaron el territorio durante varias décadas.

Cada provincia tenía por entonces su propio gobierno, casi independiente, mandados por caudillos gobernadores, jefes militares y políticos personalistas y autoritarios.

Una breve tregua en esta lucha tuvo lugar en 1831, cuando Buenos Aires, Santa Fé, Corrientes y Entre Ríos firmaron el llamado “Pacto Federal”: se comprometían en el más breve plazo posible a convocar un Congreso que organizara el país, dictando una Constitución bajo el sistema republicano-federal.

Mientras tanto se debía crear una Comisión Representativa, con delegados de todas las provincias.

La mencionada Comisión nunca se formó: el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, el estanciero don Juan Manuel de Rosas, hombre de mentalidad muy conservadora, mediante hábiles maniobras, asumió las atribuciones de la misma.

Se hizo otorgar, provisoriamente, el manejo de las Relaciones Exteriores, y dio largas a la convocatoria del Congreso Constituyente.

Nadie le podía reclamar mucho, porque la Legislatura de su Provincia le confirió la “suma del poder público”, es decir un poder sin límites: al que protestara, fusilamiento o degüello; así cayeron varios jefes provinciales díscolos (Marco Avellaneda en Tucumán; Cubas en Catamarca; Cullen en Santa Fe).

Las provincias se siguieron manejando por su cuenta: tenía cada una aduana propia, con la que controlaban entrada y salida de productos y mercaderías, entre ellas y de afuera.

Naturalmente, la “parte del león” se la llevaba la aduana y el puerto de Buenos Aires.

Que, en uso y abuso de su ubicación privilegiada, manejaba el comercio y el intercambio de riquezas que se producían en las provincias del interior y eran exportados por la única salida al mar habilitada desde la Colonia española: Buenos Aires y su puerto.

Dueño de tales recursos, el gobierno de Rosas negociaba con comerciantes ingleses, franceses norteamericanos, que pagaban con oro y plata el valor de los bienes que se producían en las Provincias y debían necesariamente comprarse y venderse en Buenos Aires.

El gobierno porteño se quedaba con el oro.

Oro que le servía para comprar productos valiosos y de lujo fabricados en el exterior, y mandaba a las provincias por lo común en cambio, papel sellado, billetes de escaso valor.

Barcos mercantes de Inglaterra y Francia quisieron comerciar directamente con los puertos de las Provincias asentados sobre todo en el Río Paraná: Rosario, Diamante, Santa Fe, Corrientes, Asunción, sin tener que pasar por las “horcas caudinas”, de la Aduana de Buenos Aires.

El gobierno de Rosas se opuso firmemente a tal posibilidad, que afectaba los intereses de los comerciantes y hacendados porteños, y prohibió el paso de las embarcaciones, tendiendo una larga cadena sobre el Río Paraná, a la altura de San Pedro, en el lugar conocido como Vuelta de Obligado.

Francia e Inglaterra mandaron entonces varios buques de guerra a custodiar a los mercantes.

El 20 de noviembre de 1845 en la Vuelta de Obligado, se entabló un duro combate, terrestre y fluvial, entre la flota invasora y los defensores locales.

Los barcos extranjeros rompieron las cadenas y pasaron: llegaron a Corrientes y Asunción donde fueron recibidos con alegría por los pobladores, que pensaron que, de tal forma, sus puertos podrían comerciar en un pie de igualdad, como lo hacía Buenos Aires.

Pero la expedición fue muy costosa para la flota extranjera.

Y Francia e Inglaterra se vieron forzadas a negociar con el dictador porteño y reconocerle de hecho la potestad de cerrar los ríos, y el monopolio en el comercio de exportación e importación a través del puerto de Buenos Aires.

Las provincias del Litoral, seriamente dañadas en sus intereses económicos serían desde ese momento puntales en la resistencia contra el sistema anacrónico que las mantenía en el aislamiento y el atraso.

No es casualidad que pocos años después, 1850, los gobernadores de Entre Ríos y Corrientes, Justo José de Urquiza y Benjamín Virasoro, reunidos en Concordia, dieron el primer grito de rebelión contra la dictadura rosista y encabezaran el vasto movimiento que culminara en Caseros y la Constitución de 1853.

Que organizaría institucionalmente la Nación Argentina, bajo el sistema federal, que establecería la igualdad de todas las aduanas, eliminando las provinciales, el libre tránsito de personas y mercaderías entre provincias y la posibilidad que los puertos del interior, a través de la libre navegación de los ríos, pudieran negociar sus productos con todas las banderas del mundo.

El combate del 20 de noviembre de 1845 no fue, estrictamente, defensa de la soberanía “nacional”, pues la Nación argentina no existía entonces como tal, sino la defensa localista del puerto y la aduana de Buenos Aires, en desmedro del resto de las Provincias.

BERNARDO I.SALDUNA

Asociación “Justo J de Urquiza”

Concordia (E.R.)

Fuente: El Entre Ríos