Ante el Juzgado de Trabajo de turno, el gobierno presentó un escrito que aguarda ahora una resolución. La determinación fue adoptada por el Consejo General de Educación (CGE) luego de que Agmer decretara cinco nuevos paros docentes -jueves y viernes de esta semana y martes, miércoles y jueves de la próxima- medida de fuerza a la cual se plegaron también AMET -técnicos- y Sadop -privados-.
Argumentos del gobierno
En el texto, manifestaron que el gobierno “entiende imperioso y absolutamente necesario promover la acción judicial que habilita la norma provincia con el propósito principal de resguardar el Derecho a Aprender de los entrerrianos, derecho consagrado constitucionalmente, previsto en el Art. 14º de nuestra Carta Magna”. Y explicaron: “Allí queda establecido y reconocido el derecho a aprender y que la educación es una obligación sustantiva del Estado liberal y social de derecho”.Desde el CGE resaltaron que “se han hecho todos los esfuerzos posibles en conversaciones informales inicialmente y luego en sede administrativa por llegar a un acuerdo con las entidades gremiales que permita el desarrollo normal de la actividad educativa en la provincia”, con el objeto de “evitar tanto las medidas de fuerza como tener que llegar a esta instancia judicial”. Indicaron luego que la negociación paritaria se ha visto impedida “por la actitud reticente de los gremios a discutir y comprender las limitaciones presupuestarias que le dan lógica y justificación a las propuestas cursadas, llegando incluso a realizarse medidas de fuerza mientras se sostenían estas negociaciones”.
El gobierno cargó luego contra los paros docentes: “Son la herramienta de la que se han valido para intentar torcer la voluntad estatal y particularmente de quien está asumiendo la representación del Consejo General de Educación”. Aclararon, asimismo que no se desconoce el derecho a huelga, al cual consideraron “legítimo”. Apuntaron a continuación: “El Estado ha hecho diferentes propuestas salariales en el marco de la negociación llevada adelante a fin de evitar la irreparabilidad de los daños que causan a la educación la pérdida de días de clase, mitigando el desarrollo de la personalidad del niño, de sus conocimientos, negándole la posibilidad de acceder a las letras y a los números, a leer, a escribir”.
“La intención del Estado ha sido, como la Ley lo prioriza, negociar de buena fe. Entendimos que no se encontraban agotadas las instancias de diálogo, debido a la gravísima situación que vive el país, esta Provincia estaba dispuesta a hacer los esfuerzos que fueran necesarios para evitar el conflicto, tal cual lo plantean hoy los sindicatos docentes”, subrayaron y finalizaron al considerar que “en consecuencia no cabe otra alternativa que solicitar al Juzgado de Trabajo en turno que disponga la conciliación obligatoria”.
Fuente: Ahora