El procurador general de Entre Ríos, Jorge Amílcar García, presentó su descargo ante el Jurado de Enjuiciamiento luego de la denuncia en su contra que presentó hace un mes el exgobernador Sergio Urribarri, a través de su abogado Fernando Burlando.

García recusó a la presidenta del Jurado de Enjuiciamiento, la senadora provincial Patricia Díaz, esposa del intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, que carga con dos acusaciones del Ministerio Público Fiscal: el supuesto pago de sobreprecios en una obra de pavimentación de 20 cuadras, con juicio paralizado por planteos de la defensa; y la investigación por enriquecimiento ilícito que involucra al matrimonio, trámite que se frenó porque el abogado Carlos Reggiardo denunció al fiscal que lleva adelante el proceso, Álvaro Piérola. El jueves, el jurado rechazó “in límine” esa acusación con voto unánime de todos sus integrantes.

Pero además de haber recusado a la senadora Díaz, el procurador García planteó la incompetencia del Jurado de Enjuiciamiento para iniciar un proceso en su contra: sostiene que su destitución sólo puede llevarse adelante mediante el proceso de juicio político, en el que interviene la Legislatura. En el caso de que el cuerpo entienda que es competente, el jefe de los fiscales peticionó que se rechace “in limine” la denuncia por “por grosera improponibilidad”.

El exgobernador, condenado en 2022 a 8 años de cárcel en el marco del megajuicio, y con procesos abiertos por supuesto pago de coimas y enriquecimiento, presentó en abril una denuncia por mal desempeño e incumplimiento de los deberes contra el procurador general de la provincia.

Urribarri pidió que se suspenda a García en su función, que se abra causa por “falta de idoneidad, mal desempeño de sus funciones e incumplimiento de los deberes de su cargo” y se proceda a su destitución. Lo hizo a través de su abogado defensor, Fernando Burlando, que fijó domicilio legal en Paraná, en Corrientes al 100. La presentación del planteo de enjuiciamiento contra el jefe de los fiscales se realizó ante el secretario del Jurado de Enjuiciamiento, Eduardo Rodríguez Vagaría.

En el escrito, Urribarri sostiene que “existen graves indicios que ponen en evidencia serias irregularidades desplegadas desde la cabeza del Ministerio Público Fiscal hasta magistrados del Tribunal de Casación de la provincia, contrarias al juramento”.

La primera “irregularidad es la violación de las previsiones del artículo 6º de la Constitución de Entre Ríos, ya que accede a su primer cargo jerárquico en la Administración de Justicia como secretario en el año 1979, en pleno proceso militar, en los años calientes de las violaciones de los DDHH y obviamente jurando y coincidiendo con el proceso militar”.

También le reprocha “abuso de autoridad” y “violencia institucional”, y señala que el procurador llevó adelante “maniobras que encubrieron una intención política judicial de represión y persecución a través de actos aparentemente jurisdiccionales derivado de haber concentrado todo el poder conferido por la Constitución Nacional y de la Provincia de Entre Ríos, mientras que puntualmente los funcionarios indicados se conformaron bajo la figura a la que podría denominarse como ‘operadores judiciales’ cuyos integrantes estarían actuando al margen de la ley y dedicados al ‘armado de causas’ y a la persecución política de mi persona, como exgobernador de esta provincia”.

“Puntualmente el Sr. Procurador de la Provincia de Entre Ríos, así como la destituida fiscal Cecilia Goyeneche con la colaboración necesaria del periodista Daniel Enz (titular del portal de noticias Análisis Digital), lograron a través del entramado que se denuncia el aparente resultado legítimo -sentencia judicial condenatoria- con el que, finalmente, me sometieron políticamente”, dice el escrito.

El antecedente más próximo que existe respecto de la incompetencia del Jurado de Enjuiciamiento para someter a jury al procurador se dio el 30 de noviembre de 2021 cuando el organismo abrió causa y suspendió en el cargo a la exprocuradora adjunta, Cecilia Goyeneche, finalmente destituida el 24 de mayo de 2022 acusada de mal desempeño. Goyeneche había sido denunciada junto al procurador García.

Entonces, el cuerpo resolvió remitir las actuaciones para que su conducta -reprochada también como superior de Goyeneche por el manejo de la causa de los contratos en la Legislatura- sea analizada por la Cámara de Diputados, convertida en órgano acusatorio en el marco de un proceso de juicio político.

Al respecto, el jurado resolvió declarar la incompetencia para dar trámite a la denuncia presentada contra el procurador García y remitir copia certificada de las actuaciones a la Cámara baja, pero en la Legislatura el trámite no prosperó.

Fuente: Entre Ríos Ahora