El gasto de la secretaría de Educación se redujo 56,1% interanual real en septiembre, y en los primeros nueve meses la caída es del 48,6% comparando con el mismo período de 2023. A su vez, el gasto en personal acumulado entre enero y septiembre cayó 37%. El dato se conoce a días de que el Congreso decida blindar o no el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y luego de marchas multitudinarias en todo el país.

Según detalló un informe de la consultora Analytica, el programa más relevante es “Desarrollo de la Educación Superior” que representa el 77% del gasto total de la secretaría. El mes pasado tuvo una caída interanual real del 30,5% y en lo que va de 2024, del 30,4%. El 99% del programa se compone de las transferencias corrientes a las universidades.

Por otro lado, y por fuera del programa, las universidades también reciben transferencias de capital, las cuales son marginales en comparación a las corrientes. La partida más importante hace referencia al pago de salarios de los docentes universitarios cuya contracción fue del 30,3%.

Al mismo tiempo, se destacan caídas pronunciadas en otras actividades, como en el caso de “Fortalecimiento de la actividad extensión universitaria” que no registró transferencias en lo que va del año. En tanto, el “Fondo Universitario para el Desarrollo Regional” tuvo un ajuste del 94,7% en los primeros 9 meses del año, seguido por “Fortalecimiento de la Ciencia y la Técnica en Universidades” con una reducción del 87,2%, “Desarrollo de Proyectos Especiales” con una baja del 87% y “Desarrollo de Institutos Tecnológicos de Formación Profesional”, con 82,1%, entre otros.

En conjunto, las transferencias devengadas al programa “Desarrollo de la educación superior” en el acumulado de enero a septiembre pasaron de representar el 0,5% del PBI en 2023 al 0,4% en 2024.

En paralelo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) salió a desmentir recientemente en su cuenta de X una serie de afirmaciones que comenzaron a circular, algunas dichas por el mismo Gobierno, en medio del conflicto por el recorte.

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, acusó a las universidades públicas de “inventar alumnos”. La CIN respondió: “En Argentina el presupuesto universitario no se asigna por estudiantes. Se actualiza según el último presupuesto consolidado y tienen en cuenta varios componentes como salarios docentes y no docentes, gastos de funcionamiento e inversión para Ciencia y Tecnología”.

Además, frente a la controversia acerca de la supuesta falta de auditoría en la administración de las universidades dijeron: “Los gastos de las universidades se componen en un 90% en salarios (registrados) y un 10% en gastos de funcionamiento (servicios públicos, limpieza, seguridad, seguros, reparaciones y un mínimo equipamiento) que se rinden. Las universidades son las entidades del sector público más controladas y auditadas, incluso lideran el ranking que elabora la Agencia de Transparencia de la Jefatura de Gabinete de la Nación. Tienen auditorías internas propias y externas del Congreso de la Nación, más evaluaciones de gestión propias y externas de la CONEAU. Todos los meses entregan al Ministerio de Capital Humano su información de personal y presupuesto”.

Por otro lado, desde Analytica señalaron que “debido a que la educación en el nivel inicial, primario y secundario tiene jurisdicción provincial, gran parte del gasto en el resto de los programas de la Secretaría de Educación está asociado a las transferencias a provincias y municipios. En particular, las transferencias para educación representan el 33% de las transferencias totales devengadas a las provincias y tuvieron una caída real interanual del 70,5% en los primeros nueve meses”.

“Uno de los programas más relevantes de la cartera educativa en 2023 era el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) que representó un 14% del gasto total del ministerio y un 76% de las transferencias devengadas a provincias con fines educativos. Su finalidad era asistir a los gobiernos provinciales para mejorar los salarios docentes. Con el decreto 280/20242 el programa quedó suspendido y desde junio no se registran gastos devengados, así en los primeros nueve meses en términos reales se redujo 90,4%”, agregó.

Sin embargo, no fue el único gasto de la cartera de Educación que sufrió recortes importantes en lo que va del año. Por caso, Infraestructura y Equipamiento tuvo una caída del -95,4%, Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles, del 86,8%, Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica, 83,6% y Conectar Igualdad, 84,3%. En total, el gasto devengado de la secretaría en programas entre enero y septiembre pasó de representar el 0,8% del PBI en 2023 a 0,5% este año.

En general, en septiembre el gasto primario real devengado tuvo una caída del 29,7% interanual y en los primeros nueve meses, la contracción fue del 30,1%. Entre las partidas devengadas con mayores ajustes respecto a septiembre de 2023 se encuentran la obra pública (-73,1%), las transferencias a provincias (-58,1%) y el gasto en programas sociales (-47,4%).

Por otro lado, se destaca el aumento del 8,6% en el gasto en asignaciones familiares y AUH. Dentro de las transferencias a provincias se encuentran los Aportes del Tesoro Nacional (ATN): en septiembre no se registró ninguna transferencia bajo este concepto, y en lo que va del año la caída es del 74,2% interanual en términos reales.

Fuente: Infobae