La declaración será en el marco de una causa por supuestos delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, peculado y cohecho en la que está implicado además el empresario paraguayo Diego Cardona Herreros.
En la investigación penal que llevan adelante los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano también están implicados el actual titular de la Secretaría de Presupuesto, Luis Erbes; el director de Ajustes y Liquidaciones, Miguel Ulrich; el ex secretario de Hacienda, José Humberto Flores; el ex ministro de Trabajo, Guillermo Smaldone; el ex director General de Informática, Carlos Haidar; Jorge Zanabone y Alfonso Campitelli, directivos de Relevamientos Catastrales, el contador de la empresa, Guillermo Linares y la abogada de la firma, Miriam Fessia.
Urribarri declarará a partir de las 9, vía Zoom desde Israel, donde cumple funciones como embajador argentino. A las 11, será el turno del empresario paraguayo.
El miércoles, por su parte, declararán Flores y Haidar, a las a las 9 y 11 hs, en cada caso; en los mismos horarios pero del 15 de octubre deberán declarar Ulrich y Erbes; mientras que el 16 será el turno de Smaldone y Zanabone, a las 9 y 11 hs en cada caso. En tanto, el 19 de octubre deberán declarar Fessia, Linares y Campitelli: a las 8, 10 y 12, en ese orden.
La causa
La causa pone la lupa en las operaciones concretadas para la Dirección General de Ajustes y Liquidaciones del Ministerio de Economía, en tiempos del ministro Diego Valiero, en las dos administraciones de Sergio Urribarri. La investigación inició con la publicación en la edición gráfica de la revista Análisis del 9 de noviembre de 2017 de la investigación titulada “El amigo paraguayo”. Tras ese artículo, se inició una causa de oficio. De acuerdo a lo que trascendió, hasta el 2 de octubre los imputados deberán manifestar su voluntad de realizar las audiencias de forma presencial en la sede del Ministerio Público Fiscal o de manera remota a través de videollamada.La investigación, que llevan adelante los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano, inició con datos oficiales de enero de 2007. En ese entonces, Urribarri era ministro de Gobierno de la provincia, quien a partir de una relación de amistad que había hecho con el empresario paraguayo Diego Cardona Herreros, propuso la contratación de su empresa Relevamientos Catastrales, con sede en Capital Federal.
Cardona Herreros ya venía haciendo “negocios” con varias provincias del país y algunos municipios, entre ellos el de Quilmes, en tiempos en que su intendente era Aníbal Fernández, ex ministro del Interior de la Nación y reciente precandidato a concejal en Pinamar, donde fuera derrotado en las elecciones PASO.
Los fiscales Yedro y Badano, a partir de documentación encontrada, en especial en el estudio del empresario Cardona Herreros, en Capital Federal -que fuera allanado el año pasado- determinaron marcadas desprolijidades y sobreprecios en las licitaciones, que sirvieron para pagos irregulares a los funcionarios provinciales intervinientes en contraprestación por la realización de actos públicos, como así también a los directivos intervinientes, a través de seis hechos concretos.
Su segunda declaración ante la Justicia
La primera vez que el actual embajador argentino en Israel y Chipre prestó declaración judicial fue el 29 de agosto de 2017, el Día del Abogado, por lo que fue inhábil judicial. Ese día, respondió preguntas del Ministerio Público Fiscal sobre tres causas:Una, sobre la contratación de la productora Nelly Entertainment SA, del empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodriguez, a la que Urribarri le pagó $28 millones para difundir en canales de todo el país cuatro spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en diciembre de 2014. Tres de esos cuatro spots se hicieron para instalar la precandidatura del exgobernador a la presidencia.
También está imputado en el delito de peculado el exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, y como partícipe, el “Corcho” Rodríguez.
Urribarri tiene imputación por peculado en una segunda causa. Es a raíz de la publicación de una solicitada por la que el exgobernador desembolsó $4 de las arcas públicas que apareció en 18 diarios del país y también en portales web el 22 junio de 2014 y en la que la provincia fijó postura en torno a los denominados fondos buitre.
Por aquel entonces Urrribarri se encontraba en plena campaña de precandidato a presidente de la Nación, y sus propuestas solían aparecer casi todos los días en los medios nacionales. Aquella solicitada, en la tesis de la Fiscalía, abonó la propaganda de su candidatura presidencial.
La tercera causa por la que acudió el martes 29 de agosto de 2017 a Fiscalía, casi al anochecer, a los Tribunales, investiga el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, en la que están involucrados el exministro Báez y el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera.
Son 46 las órdenes de publicidad del Ministerio de Cultura que dirigió Báez que fueron analizadas en la Justicia, y de las que se presume que fueron “direccionadas” hacia firmas afines al entorno familiar, como Tep SRL, del cuñado del exgobernador.
La causa está caratulada “Aguilera Juan Pablo y Otros s/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, fraude a la Administración Pública, peculado, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, falsificación de documentos públicos”.
Todas esas investigaciones se agruparon en una sola. El megajuicio, sin embargo, de momento no tiene fecha ni tribunal cuya integración esté firme: dos de los magistrados, María Carolina Castagno y José María Chemez, fueron recusados por el defensor del empresario Germán Buffa. En primera instancia, las recusaciones fueron rechazadas, pero el pleito seguirá en instancias superiores.
Fuente: Entre Ríos Ahora