Tras la desarticulación de un clan familiar, que operaba desde la cárcel y distribuía drogas en diferentes puntos de Entre Ríos, la titular de la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, solicitó al juez federal con asiento en esa ciudad, Pablo Seró, la elevación a juicio de una causa que involucra a nueve personas acusadas de conformar una organización destinada a distribuir y comercializar estupefacientes en Villaguay, Concordia y “La histórica”.
Varios imputados tienen relación de parentesco entre sí -parejas, hijos, hermanos, sobrinos o tíos- y a cuatro de ellos se los acusa de operar desde el interior de las unidades penales Nº 1 “General Justo José de Urquiza” de Concepción del Uruguay y Nº 9 “El Potrero” de Gualeguaychú.
Luis Eduardo Tenis (46), Marcos Benítez (35) y su pareja Liliana Estefanía Ramírez (35) fueron señalados como coautores del delito de “Organización de actividades de tráfico de estupefacientes agravado por el lugar de comisión”. Por su parte, Maximiliano Daniel Benítez (18), Nélida Vanesa Vallejos (33), Andrés Ismael Ramírez (46), Juan Alberto Arellano (22) y Héctor Fabián Bogao (41) están acusados de “Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por la intervención organizada de más de tres personas en calidad de coautores”. En tanto, Eliseo Lucas Rafael Arellano (34) fue sindicado como coautor del delito de “Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por la intervención organizada de más de tres personas y por el lugar de comisión”.
Para la Fiscalía, las tareas investigativas efectuadas por el personal policial permitieron descubrir la conexión que tenían los distintos imputados en la causa y, de esa forma, se pudo comprobar que Tenis, Marcos Benítez y Ramírez eran los “cabecillas” de la organización y que operaban desde la granja penal “El Potrero”.
Además, se consideró que con el secuestro de estupefacientes en los diferentes domicilios allanados, así como balanzas de precisión, los recortes de nailon, el dinero en efectivo, los utensilios con restos de estupefacientes y los testimonios incorporados en la causa, es posible afirmar que las sustancias tóxicas incautadas estaban destinadas a la comercialización.
Investigación
La investigación se inició el 5 de diciembre de 2023 a raíz de una nota remitida por la División de Toxicología de la Jefatura Departamental de Policía Villaguay al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay. En esa ocasión, se hizo saber que un hombre que había sido condenado en el marco de otra causa por narcotráfico, estaría infringiendo la ley Nº 23.737 junto a su pareja y otros hombres. Particularmente, se expuso que el condenado contaba con salidas sociolaborales desde el penal y frecuentaba la “Ciudad de encuentros”. “Desde la cárcel como en la localidad, continuaría con las maniobras delictivas y comandaría un grupo dedicado a venta y distribución de estupefacientes al por mayor”, se hacía saber.Como consecuencia, el 11 de enero de este año se dispusieron las tareas investigativas y, a través de los sucesivos informes que se llevaron adelante, se constataron actividades vinculadas al narcotráfico, consistentes en ocultamiento y/o almacenamiento, transporte, fraccionamiento, comercialización de sustancias y/o elementos relacionados que involucrarían a otras personas, entre ellos, varios de los imputados en esta causa.
A raíz de los datos recolectados durante la pesquisa, se solicitaron un total de doce allanamientos y registros para ser efectivizados en los domicilios de los investigados, como así también en el puesto caminero ubicado en el cruce de las rutas nacional 14 y provincial 12. Estos procedimientos se llevaron a cabo el 4 de junio pasado, cuando fueron halladas distintos tipos de estupefacientes: 1 kilo 200 gramos de marihuana, 43 gramos de cocaína y 522 gramos de creatina. Además, se encontraron casi 3 millones de pesos en efectivo (la cifra exacta fue 2.841.240), balanzas de precisión, recortes de nailon y utensilios con restos de estupefacientes.
Roles, uno por uno
Para la Fiscalía, a lo largo de la investigación quedaron evidenciados los roles de cada uno de los investigados en la organización criminal. Por un lado, en la unidad penal de Gualeguaychú estaban alojados los “cabecillas” de la banda: Tenis, Benítez y su pareja Ramírez.Ellos se contactaban con los proveedores -uno de ellos apodado “Paraguayo”-, recibían sumas dinerarias e impartían directivas, así como también coordinaban la entrega y el traslado de sustancias ilícitas dentro y hacia las localidades mencionadas a través del hijo de Benítez y Ramírez, Maximiliano Daniel Benítez.
Este imputado, de tan solo 18 años de edad, era el encargado de obtener materialmente la sustancia estupefaciente de los proveedores, asegurarla y comercializarla en los puntos de venta. De igual manera, se le atribuye ser el encargado de reinvertir el dinero obtenido en la compra de drogas a gran escala para proseguir con el ciclo del negocio ilícito.
Eliseo Lucas Arellano, quien se encontraba alojado en el penal uruguayense, cumplía funciones de distribuidor de sustancias ilícitas, que obtenía a través del clan conformado por Tenis, Benítez y Ramírez. Luego de hablar entre ellos -por lo general lo hacía con el primero de los nombrados-, coordinaba con su sobrino Juan Alberto Arellano para que este último consiguiera la droga en Concordia, a través de familiares de Tenis. Posteriormente, era Arellano quien distribuía el estupefaciente y recibía los pagos en los puntos de ventas ubicados en Villaguay.
En tanto, Andrés Ismael Ramírez (hermano de Liliana Estefanía Ramírez) era quien acompañaba a su sobrino, Maximiliano Daniel Benítez, al lugar donde acopiaban y les entregaban los estupefacientes y, ambos, lo distribuían en los puntos de venta ubicados en la “Capital del citrus”.
Finalmente, Vallejos y Bogao eran integrantes de la organización que vendían sustancias estupefacientes en sus propios domicilios.
“Fueron evidentes los roles que cumplieron los imputados direccionando aspectos sustanciales para el tráfico de las sustancias ilícitas en sí”, sostuvo la fiscal Minatta en su dictamen.
Fuente: El Entre Ríos / Procuración General de la Nación