La condena de tan solo dos años y diez meses para los sanduceros que el pasado viernes 15 sobre las 23 horas fueron detenidos cuando ingresaban desde Colón con una carga de casi 10 kilos de cocaína, fue tema de debate público y político a nivel nacional, no solo por la vinculación de uno de ellos como militante de un sector del Partido Nacional de Paysandú, sino también en relación a la considerada baja pena.

El pesaje de la droga arrojó 9,393 kilogramos de cocaína, que en el mercado uruguayo alcanza un valor aproximado de 90.000 dólares, en tanto puesto en Europa asciende a unos 350.000 dólares.

El diario El Telégrafo consultó al fiscal de Segundo Turno, Joaquín Suárez, quien explicó que se trató de un control de rutina. El perro de la Brigada Departamental Antidrogas marcó ese auto en donde se hizo el análisis más exhaustivo y se encontraron ladrillos que dieron positivo a cocaína. En este caso se llegó a un juicio abreviado; como todo abreviado se trata de un acuerdo entre sus defensas; ambos tenían defensa privada, y la Fiscalía”.

“Se llegó a ese acuerdo porque en primera instancia es un delito que tiene un mínimo de dos años de penitenciaría, en este caso se fue a dos años y diez meses. Como todo acuerdo implicaría una reducción de hasta un tercio de lo que sería la pena a llevarse en un juicio oral, con todas las dificultades. Este caso no era una investigación que venía de larga data, sino al ser en una circunstancia de flagrancia con ciertos detalles que no puedo profundizar podríamos haber tenido dificultades en el juicio para lograr una condena. Además se obtuvo también la incautación del vehículo que va a ser un insumo que ya queda para la Junta Nacional de Drogas”, dijo el fiscal.

Como toda investigación de este tipo de delitos “no se culmina con la condena, sino que se continúa trabajando de cara a varias cuestiones como el origen, destino y en la medida de lo posible todas las cadenas de distribución de esta sustancia que por el volumen que se manejaba es dable pensar que tenía no era un destino que se circunscribía necesariamente a Paysandú. Pero insisto, estamos investigando hay una serie de medidas en esos aspectos de investigación que se están llevando a cabo”, manifestó.

En tanto, el vocero de Fiscalía, Javier Benech, explicó a este medio que “la posibilidad de arribar a un proceso abreviado entra dentro de la independencia técnica de cada fiscal y obviamente está de acuerdo al marco jurídico”. El fiscal –en el caso que sea-- “puede pensar que es mejor realizar un proceso abreviado y obtener una condena de sentencia rápida, que ir a un juicio oral en que por determinado motivo vinculado a la evidencia pueda llegar a perderse. Entonces esa es una decisión que la toma el fiscal en cada caso concreto”, dijo. En el proceso abreviado “una persona reconoce su participación en los hechos y a cambio recibe una pena que puede ser hasta un tercio menor de la pena que podría recibir para ese tipo delictivo, es algo perfectamente legal”.

Por su parte, comentó que la investigación continúa siempre, “más cuando hay un celular incautado y puede haber evidencia que involucre a otras personas”. “La persona que ya fue condenada no puede volver a serlo por el mismo hecho, es un principio básico, pero pueden aparecer otras personas que no estaban en el radar y ser eventualmente detenidas”, dijo Benech.

Fuente: El Telégrafo