La nueva fuerza política que asomó al escenario provincial el fin de semana último, denominada ETER (Entre Todos Entre Ríos), volvió a ser noticia en las últimas horas al publicar un documento con duros cuestionamientos al funcionamiento de la Justicia, y, en especial, con la mira puesta en el Ministerio Público Fisca.
El texto, divulgado por la agrupación en la que confluyen el exgobernador Mario Moine, Augusto Alasino, Emilio Martínez Garbino y Luis Leissa, entre otros, enfatiza que la mayoría de los fiscales, responsables de impulsar la investigación penal en Entre Ríos, son “suplentes interinos, provisorios y temporales, por lo que carecen de la estabilidad que fija la Constitución Provincial de 2008. Dependen entonces del Procurador General Jorge García y solo por eso se mantienen en sus cargos”.
No pasa desapercibido un párrafo en el que los dirigentes nucleados en ETER puntualizan que “hay causas emblemáticas que deben ser esclarecidas cuanto antes y que justifican claramente condenas para los autores y cómplices penalmente responsables. Por ejemplo, la de los ‘contratos truchos’ en la Legislatura provincial como la del reciente empleado provincial que en Paraná apareció descuartizado”.
Trascendió que el escrito fue inicialmente redactado por Luis Leissa, abogado y exintendente de Gualeguaychú.
El documento de ETER:
El Ministerio Público Fiscal como responsable de impulsar las investigaciones criminales en el ámbito provincial cuenta hoy con Dieciocho Unidades Fiscales en todo Entre Ríos.En las 18 UFIs se desempeñan 108 fiscales de distinto rango, de los cuales solo 31 figuran como titulares; es decir carecen de Concursos que hayan pasado por el Consejo de la Magistratura y en los cuales hayan ganado. Tampoco tienen los correspondientes Pliegos enviados por el Ejecutivo al Senado de Entre Ríos para que en esa Cámara se otorgue el acuerdo correspondiente.
Los restantes Fiscales -unos 77 en total- figuran como suplentes interinos, provisorios y temporales, por lo que carecen de la estabilidad que fija la Constitución Provincial de 2008. Dependen entonces del Procurador General Jorge García y solo por eso se mantienen en sus cargos.
Esto en la práctica acarrea que el impulso de una investigación penal o de una instrucción penal que por determinación del Código Procesal Penal está a cargo de los Fiscales, cuente solamente con 31 titulares. Todos los demás -hasta llegar a 108- deben actuar con el nivel de incertidumbre que genera no estar confirmados en sus cargos, lo que naturalmente afecta y dificulta una acción investigativa imparcial, susceptible de ser llevada a fondo y respecto de cualquier responsable penal. Es fácil imaginar que la mayoría no designada de manera formal está condicionado a una persona, el procurador general, sobre quien pueden recaer presiones por parte de integrantes del Poder Judicial, de los superiores de funcionarios políticos que han influido o apoyado en cada caso la posibilidad de seguir desempeñándose mientras dure la buena conducta en el cargo.
A eso se suma un hecho que se refleja y no es desconocido por otros operadores judiciales, como abogados y víctimas de los delitos. Muchas veces las causas directamente se archivan haciendo estéril la revisión que autoriza el art. 210 del CPP., lo que lleva una enorme frustración por parte del denunciante, del afectado por el delito y de víctimas en general que advierten que muchos delitos quedan impunes.
Eso se ve a diario y tiene distintas aristas. Primero la burla que en muchos casos significa para la víctima que quienes han delinquido continúen en libertad, paseándose frente a sus domicilios, sometiéndolos muchas veces a presiones y a amenazas no solo a ellos sino también a los testigos para que no aporten su testimonio al ser convocados. También la flexibilidad que se exhibe al momento de otorgar las excarcelaciones, desatando pasiones encontradas entre quienes delinquen y son puestos en libertad en forma inmediata, lo cual concluye casi siempre en enfrentamientos entre familiares de un lado como de otro, como también desaliento y frustración, cuando no la "justicia por mano propia".
Hay causas emblemáticas que deben ser esclarecidas cuanto antes y que justifican claramente condenas para los autores y cómplices penalmente responsables. Por ejemplo, la de los "contratos truchos" en la Legislatura provincial como la del reciente empleado provincial que en Paraná apareció descuartizado.
Reclamamos enfáticamente que los Fiscales en su totalidad asuman su obligación de diseñar y ejecutar directamente las investigaciones que les competen. Que asuman realmente el papel protagónico que eso significa con la mayor energía y dedicación, de manera que aquellos colaboradores -como los policías- se sientan respaldados y se ejecuten en plenitud los fines con que se instaló el "proceso acusatorio". Que los Jueces de Garantías no permanezcan como espectadores sino que garantizando los “derechos humanos” habiliten las medidas que impulsen quienes buscan aclarar los hechos para que sean juzgados. Si esto no se revierte de nada sirven sistemas como el Juicio por Jurados, porque no se podría juzgar aquello que antes no se investigó para que se puedan elevar los Legajos.
No se trata de proclamar acciones que incumplan con las normas procesales, signifiquen maltrato o afecten “derechos humanos” respecto de quienes deben ser investigados y juzgados. Tampoco de impulsar políticas de "mano dura" o de "aumento de penas" de rasgos autoritarios: de nada sirven según experiencias vividas y despiertan los peores sentimientos en algunos sectores. Se trata sí de asumir el rol que el Ministerio Fiscal tiene asignado, de ajustarse a los principios y normas penales como a Tratados internacionales a los que hemos adherido, que adecuadamente permiten armonizar la preservación de los "derechos humanos" con el imperio de la justicia a través de juicios justos y condenas ejemplificadoras en los casos que se verifiquen responsabilidades delictivas o se acrediten que las acusaciones fueron injustas.
El hartazgo que se produce con la abulia en las investigaciones, los archivos repetidos y el no esclarecimiento de los hechos con las consiguientes condenas cuando corresponda, solo servirá para sumirnos en etapas preconstitucionales y que se intenten vías de hecho y no de derecho para reclamar un "tutela efectiva" de derechos por parte del Poder Judicial.
Su mirada sobre IOSPER
“La provincia de Entre Ríos tiene hoy problemas económicos graves que debe resolver de manera urgente, y el más urgente es el funcionamiento del IOSPER”, destacaron desde el mismo movimiento político denominado ETER.Lamentaron que, en estos días, loa obras social provincial “ha dejado sin cobertura a más de 300 mil entrerrianos, trabajadores del estado, niños y jubilados, todo esto sumado a la inacción del Ministerio Publico Fiscal que oficia de garante de esta situación”.
Y entonces recurrieron, en un comunicado remitido a El Entre Ríos, un poco a la historia para hacer foco en el camino que fue recorriendo, hasta la actualidad, el Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos.
“En el primero gobierno peronista luego de la crisis del 2001 se delegó la administración en un directorio integrado por sindicalistas que han hecho de la Obra Social de los entrerrianos una verdadera caja política, con amplia discrecionalidad, causas judiciales y un deterioro sostenido en las prestaciones que han llegado a su máxima expresión con el corte de la atención medica en estos días”, precisaron.
Gastos a discreción y la inacción de fiscales y legisladores
Dijeron, luego, que “el gobernador supone que la reducción de los aportes patronales durante la gestión del contador Mario Moine es el hecho por el que se vio desfinanciada la obra social, y en realidad con aquella reducción no se vieron afectadas las prestaciones, quizás es porque no había un directorio con sindicalistas ricos, contratos en todos los departamentos, compras de caballos de carrera, contrataciones inexplicables y una larga lista de hechos de corrupción que la justicia entrerriana hoy parece no interesarle”.
Allí, desde la agrupación que integra el propio exgobernador oriundo de Paraná salieron al cruce del contador Gustavo Bordet. “Hasta el día de hoy a ninguno de los directores se le ocurrió la máxima de Luis Barrionuevo, de dejar de robar por dos años, al menos, por el contrario cada elección es una guerra sin cuarteles donde en busca del preciado botín se modifican los estatutos para imponer nombres, se denuncian aprietes, amenazas y tras ello cada director (incluso los que ingresan con discursos revolucionarios de transparencia) va acomodándose en su silla y disfrutando del fenomenal cambio de vida que la caja les ha asegurado”.
“Sorprende que el Ministerio Publico Fiscal, que es contemporáneo casi a la creación del directorio, no haya avanzado con una sola de las denuncias de corrupción que duermen el sueño de los justos, así como los contratos truchos de las legislatura parece que el ojo esta puesto solo en los perejiles”, lamentaron.
“Hay una pseudo oligargía”
A continuación, el resto del comunicado: “Es de tal magnitud el desorden del IOSPER que llegaron a poner de gerente de prestaciones un sindicalista (otrora revolucionario) docente, es decir al encargado de brindar la salud salió de un acuerdo sindical para no dejarlo afuera de la conducción. Son muchos los entrerrianos y entrerrianas que han visto golpeados sus salarios por la inflación sin paritarias, los sindicalistas parecen más preocupados por cuidar la caja que por pedir por sus representados, y si a eso se le suma que las prestaciones son deficientes, llegan tarde o nunca llegan, el coctel es explosivo.
Mucho se ha hablado de la Ley 8.706, pero un estado en el que hay una “pseudo oligarquía” política sindical, que está preocupada por el conchabo de amigos, novias, parientes o amantes, y no por la salud o el salario de los trabajadores, conducen a una crisis sin precedentes.
En casi 20 años de gobiernos “peronistas” les quitamos la seguridad social, una caja de jubilaciones imprevisible que siempre está a punto de estallar, y la salud hipotecada, es hora de hacer una autocrítica, y realizar cambios en favor de los trabajadores que decimos representar, y para garantizar la salud de nuestros viejos, niños y trabajadores, ya que hoy son a quienes el PEJOTISMO mas ha perjudicado.
María Noemí Oneto, Rene Elba Mercedes, Elsa Ester Zapata, María del Carmen Díaz, Stella Maris Salinas, Gladys Liliana Salinas, Marta Graciela Fernandez, Patricia Viviana Mazzacan, Norma Graciela Urunde, Patricia Bibiana Irurzun, Silvia Mancini, Ursula Rosmari Romero, Ana Maria García, Vilma Vázquez, entre otras dirigentes de la rama Femenina del espacio Entre Todos, Entre Ríos”.