El proceso de expulsión de la gente de las zonas rurales comenzó hace muchas décadas en la Argentina y es un tema tratado largamente por historiadores y sociólogos –entre otros–, pero, lejos de frenarse, las políticas anti-federales diseñadas por el gobierno central lo siguen apuntalando para concentrar cada vez más gente en los grandes centros urbanos.

Guadalupe Vivanco es una productora ganadera de Nogoyá, quien presidió en dos oportunidades la sociedad rural local, y puede dar testimonio del problema.

En 1991 su familia decidió irse del campo al pueblo, cansada de quedar una y otra vez aislada por la falta de caminos en condiciones, además de inconvenientes recurrentes en la red telefónica y eléctrica.

Una vez cursada la primaria en la escuela rural de la zona, que había sido creada por iniciativa de su familia, los padres de Guadalupe decidieron que era hora de irse al pueblo para tener una vida menos complicada.

Pero migrar del campo a la ciudad no fue fácil. “Es un proceso doloroso para el que nació en el campo; en el nuestro había 200 personas residiendo en ese entonces y la verdad es que fue muy traumático irme a pueblo de 40.000 habitantes, nunca me terminé de adaptar”, confiesa Guadalupe.

“En el campo teníamos la escuela que construyeron mi abuelo y mi padre en 1945, la capilla y ese era nuestro mundo y el de la gente que trabajaba allí”, cuenta con añoranza.

Y como la gente se va del campo, se quedan sin alumnos las escuelas rurales. “En mi época éramos 60 alumnos, mientras que ahora quedan sólo tres y en pocos años más será una tapera, como pasó con tantas otras, porque la gente se va al pueblo y no porque quiere, sino porque no le queda otra”, relata.

Vivanco no le echa la culpa del problema a la sojización o a la extensión de la frontera agrícola, como creen algunos, sino al Estado ausente que, si bien chupa recursos del agro, no ofrece servicios básicos a las zonas rurales.

“Un camino rural representa, porque lo viví en carne propia, la diferencia entre vivir o morir; hay gente que fallece y pasa días en los ranchos sin que nadie se entere y lo digo porque me tocó ocuparme de casos así cuando era presidente de la rural”, explica.

Vivanco expresa con vehemencia y enojo lo que tantos otros productores sienten y viven a diario respecto de la falta de interés de buena parte de los políticos por la mejora de la infraestructura, cuando es el sector agroindustrial el que moviliza tanto las economías regionales como la macroeconomía nacional por el ingreso de divisas.

“El camino es todo, es mucho más que un camino en sí mismo, no es sólo para sacar la producción” explica Guadalupe, quien también se refirió al otro camino, al de la conectividad digital, dado que “no hay señal en ningún lado, te alejás del pueblo y ya no tenés señal de teléfono; quedás a la buena de Dios, incomunicado y no estoy hablando de irse monte adentro”.

Esta joven dirigente rural dice que la política tiene una enorme “deuda con la gente de campo, llegamos al punto de un conformismo tan mediocre que cuando pasan una motoniveladora de los años 60, totalmente obsoleta, nos quedamos contentos, cuando ya debería haber asfalto hasta la entrada a los campos”.

En su provincia, Entre Ríos, hubo hace unos años una iniciativa legislativa para poner en marcha consorcios camineros como los que funcionan en la provincia de Córdoba y que dieron, en general, buenos resultados. Se trata de un trabajo conjunto entre el Estado que aporta maquinaria y personal y los productores que aportan recursos y gestión.

Pero esa iniciativa del legislador provincial Esteban Vitor (PRO) no prosperó y, según Guadalupe, eso ocurrió porque “Vialidad es un monumento a la corrupción en esta provincia: les va el 30% de lo que pagamos de Impuesto Inmobiliario, también el ITC (Impuesto a la Transferencia de Combustibles) y tenés miles de empleados en la casa central de Paraná chocándose (entre ellos) con los mates y bizcochos. Hasta levantaron en los campos los campamentos de vialidad por un ‘iluminado’ que presentó un proyecto diciendo que eso traía consecuencias en las familias por el desarraigo”.

Vivanco contó que en la provincia hay “2000 kilómetros de caminos rurales de los cuales sólo 200 tienen ripio y en estos tres años de sequía no vimos en ningún lado a Vialidad provincial; entonces las máquinas agrícolas que son de gran porte ya no pueden entrar en muchos campos”.

Fuente: Bichos de Campo