“La elección realizada por el gobernador resulta viciada gravemente”. Tal una de las primeras frases que aparecen en el documento firmado por un ciudadano de Paraná, presentado ante el Senado de Entre Ríos a los fines de “impugnar” formalmente los pliegos de candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo para cubrir los cargos de Cámara Civil de la capital provincial.

El texto de 8 páginas contiene críticas severísimas dirigidas hacia el máximo mandatario provincial, a quien le atribuye una “inexplicable arbitrariedad” que beneficia especialmente a dos personas, la exconcejal de Villaguay María Fernanda Miotti, y Marcelo Javier Marchesi, este último con importantes vínculos con el Fiscal de Estado de Entre Ríos.

En los primeros párrafos de la impugnación, se pone de relieve un dato que sorprende a cualquier ciudadano con un mínimo de sentido común: que se hayan remitido los pliegos de los aspirantes que obtuvieron los puestos número 4, 7 y 12 en el concurso N° 249 del Consejo de la Magistratura. ¿Qué pasó con los demás? Y muy especialmente, ¿por qué extrañísima razón el gobernador Gustavo Bordet “ha soslayado al primero y al tercero, cuyos puntajes presentan una amplitud de 15 puntos con respecto a alguno de los candidatos propuestos”.

En dicho concurso 249, quien obtuvo la máxima puntuación es el conocido y reconocido juez Ángel Moia, mientras que el tercero es el doctor Diego Rodríguez. ¿Por qué siendo primero y tercero, no se los tuvo en cuenta?

“No se debe confundir discrecionalidad con arbitrariedad, y su diferencia fundamental finca en la razonabilidad que debe presidir la decisión”, señala el impugnante. Y agrega: “Razonabilidad que debe expresarse en fundamentos que exceden la sola voluntad y son una exigencia de la Constitución para todo Acto de Gobierno”.

Va todavía más lejos al demandarle al gobernador una explicación, que diga por qué dejó afuera a Moia y Rodríguez. Tales postergaciones “deben tener alguna razón de peso, que los entrerrianos deben conocer como requisito de validez de la decisión”, le dicen. Si tales razones de peso no son explicitadas, “podría verse una manipulación política que busca disimularse detrás de un aparente equilibrio de género”, le enrostra.

El texto impugnativo incluye también muy graves cuestionamientos al Consejo de la Magistratura, especialmente en el modo en que se procedió en el Concurso 249, al incluir llamativamente a un jurado, el abogado y poeta Miguel Ángel Federik, sin ninguna experiencia reconocida en el fuero civil y comercial, y que, como si ello ya no fuera mucho, ni siquiera figuraba en el listado de los propuestos.

“Resulta al menos llamativo que un mismo profesional -el letrado Miguel A. Federik- ha integrado jurados de la más diversa índole, a pesar de la exigencia de especialidad que cada uno exigía. Este profesional ha evaluado este cargo para la cámara civil, a la vez que cargos en el Tribunal de Cuentas y ahora para la Fiscalía Anticorrupción. Se verifica aquí un presupuesto de validez que no se dio de modo alguno en el ítem de los pliegos que ahora tienen a consideración. El mismo no figura dentro del listado para la especialidad Civil y Comercial, según lo publicado en el sitio web del Consejo de la Magistratura”, dice el impugnante.

E insiste: “El letrado Federik no figuraba entre los proponibles. Sin embargo, fue el que evaluó el resultado del examen. Asumida su especialidad para evaluar la especialidad Civil y Comercial, aún fuera del listado, también la tuvo para la especialidad del control de gestión -concurso del Tribunal de Cuentes-, y ahora, para la Fiscalía Anticorrupción”.

Enseguida pone en evidencia las ligazones entre este jurado que entró por la ventana y una de las concursantes, que salió en el puesto 12, y aún así el gobernador la propone para camarista. Dice: “El referido profesional, coterráneo y socio ocasional en el ejercicio profesional de una de las candidatas, María Fernanda Miotti, actúa en política como la nombrada. Esta aspirante ostenta como antecedentes esencialmente una militancia política preponderante. Es también funcionaria de la misma Municipalidad de Villaguay, de la que fue dependiente y es apoderado Federik igual que Motti y además militan ambos en el mismo Partido Político”.

“Tal como consta en los antecedentes, igual que Federik, fue Secretaria de Asuntos Legales e Institucionales de la Municipalidad de Santa Rosa de Villaguay y Concejal titular del Concejo Deliberante de la misma Municipalidad; Federik ha contribuido en el tratamiento de diversos concursos, sin contar con los requisitos mínimos que la constitución y la ley exige para evaluar estos supuestos”. agrega.

La impugnación también centra su atención en otra cuestión que aparece como escandalosa: la postulación del abogado Marcelo Marchesi: “Por alguna razón que se desconoce el Gobernador postergó los primeros puestos para escoger en su lugar a este candidato. Ante la falta de razones expuestas, deberíamos recurrir a pautas objetivas, que a poco que se las consulten distan de serlo. De la lectura de la justificación de la nota asignada (37.5/50) se deriva una notable inconsecuencia. El jurado lo descalifica por la falta de lógica en su examen, a pesar de lo cual, sin dar razones, el jurado lo calificó con 37.50 sobre cincuenta. Arbitrariamente, escandalosamente, infundadamente”.

Lo más grave es que la devolución del jurado objetó a Marchesi cuestiones absolutamente básicas para ser camarista: “Se tacha al candidato por defectos lógicos en la construcción de la sentencia, que es lo que debe hacer un juez. Y más si es un juez de cámara”.

“Basta con analizar el dictamen del jurado -más allá del puntaje asignado- para caer en la cuenta que resulta lapidario con respecto a las aptitudes del candidato propuesto por el Ejecutivo, sin mayores razones. El mismo tribunal destaca falencias técnicas para el desempeño del cargo, a contra de lo que sucede con los candidatos postergados sin expresión de razón alguna”.

El impugnante concluye con algo que resulta lógico a la luz de la evaluación del concurso: se “propone para cubrir el cargo a alguien (Marchesi) que ha quedado debidamente probado derechamente que no sabe hacer sentencias”.

Por último, insinúa una posible explicación de tan llamativa preferencia por Marchesi: “Pese a todo el Gobernador pretende se lo designe, ignorando totalmente la falta de destreza técnica constatada y señalada por el jurado. Esta elección, a partir quizás del posible asesoramiento del Fiscal de Estado, sin dudas no responde a una cuestión jurídica, sino ante lo que aparentaría ser una comunidad de intereses que históricamente tuvieron el Fiscal de Estado y Marchesi como liquidadores sucesivos del Banco Municipal de Paraná, con las irregularidades que se dieron en el caso, y que son de público y notorio”.

Fuente: El Entre Ríos