Ya no es cura

Justo José Ilarraz fue expulsado de la Iglesia por el Vaticano

Justo José Ilarraz dejó de ser cura. Fue expulsado de la Iglesia. Así lo determinó la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano luego de que el caso llegara a la Santa Sede producto de una serie de apelaciones a las sanciones canónicas que le había impuesto la Iglesia en Argentina.

Ilarraz fue condenado en 2018 a 25 años de cárcel por los abusos a menores en el Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo, de Paraná. Está, desde entonces, con arresto domiciliario porque en la Corte Suprema de Justicia de la Nación se tramita un recurso de prescripción de los delitos.

Expulsión que comunicó la Iglesia
En forma paralela, la Iglesia motorizó una sanción canónica. El Obispado de Concepción, en Tucumán, donde estaba incardinado (el término legal que utiliza la Iglesia para dar cuenta de la relación de dependencia de los sacerdotes) desde que fue expulsado de la Arquidiócesis de Paraná luego de una investigación interna que ordenara el ahora arzobispo emérito Estanislao Estaban Karlic, en 1995, informó este miércoles 11 que el Vaticano “ha dispuesto la expulsión del estado clarical” de Ilarraz.

“El obispado de la Santísima Concepción de Tucumán comunica que después de realizarse un proceso administrativo penal contra el presbítero Justo José Ilarraz, incardinado en esta diócesis por delitos contra el sexto mandamiento con menores de edad (…), encomendado al Tribunal Interdioccesano Bonaerense, y luego de elevarse el recurso del acusado al dicasterio para la Doctrina de la Fe, este organismo determinó (…) presentar el caso al Santo Padre quien ha dispuesto la expulsión del estado clerical del mencionado sacerdote”, precisaron.
Condenado por corrupción y abuso de menores
El 21 de mayo de 2018, Ilarraz fue condenado a 25 años de prisión al encontrarlo la Justicia responsable de cinco casos de corrupción de menores agravada y dos casos de abuso deshonesto, hechos que ocurrieron en el Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo durante los años en los que el cura ejerció como prefecto de disciplina, entre 1985 y 1993. Desde entonces, está con arresto domiciliario en un departamento del sexto piso de un edificio ubicado en Corrientes al 300, justo enfrente de la Escuela Secundadria Domingo Faustino Sarmiento, en Paraná.

El fallo de primera instancia, dictado en forma unánime por un tribunal conformado por los jueces Alicia Vivian, Carolina Castagno y Gustavo Pimentel, le impuso la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario hasta que la condena quede firme. Desde entonces, desde el 21 de mayo de 2018, Ilarraz pasa sus días en el sexto piso de un edificio de calle Corrientes al 300, en Paraná, ubicado frente a la Escuela Secundaria Domingo Faustino Sarmiento.

El fallo quedará firme cuando haya pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que acudió el cura con un planteo de prescricipción. El 16 de septiembre de 2020 se conoció la decisión de enviar el caso a la Corte, a partir de un recurso extraordinario federal. Fue resuelto por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), integrada por Bernardo Salduna, Susana Medina y Juan Ramón Smaldone. El voto decisorio estuvo a cargo de Salduna que afirmó que «a mi criterio, corresponde conceder el recurso extraordinario federal», posición a la que se sumó Medina, con la abstención de Smaldone.

Ilarraz abusó de menores que cursaban la escuela secundaria como pupilos en el Seminario de Paraná (después que estalló el escándalo, en 2012, ya no hubo más internado: el Arzobispado alquiló las dependencias del lugar, ubicado en la zona del Brete, sobre Avenida Don Bosco, para el funcionamiento del Colegio Plaza Mayor), donde el cura ejerció el cargo de prefecto de disciplina entre 1985 y 1993. En 1995, el entones arzobispo Estanislao Karlic abrió una investigación canónica y probó los abusos.

Al año siguiente, en 1996, lo condenó al destierro. Pero aquella investigación quedó luego guardada en el archivo secreto de la curia, y recién vio la luz en 2012, cuando se abrió la investigación en la Justicia.

Fuente: Ricardo Leguizamón para Entre Ríos Ahora.