Mariana Barbitta, defensora de Jorge Julián Christe, juzgado y condenado por el femicidio de su pareja, María Julieta Riera, ocurrido el 30 de abril de 2020, proceso luego anulado por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que en junio de 2023 ordenó realizar un nuevo proceso, pidió que se levante la prisión preventiva a su defendido, que desde hace un año cumple arresto domiciliario en un edificio en torre ubicado en calle Santa Fe casi Malvinas, en la zona del Parque Urquiza.

En el segundo juicio por jurados que se realizó en Entre Ríos, Christe resultó condenado a prisión perpetua en 2021 por el femicidio de su pareja, Julieta Riera, fallo confirmado en 2022 por la Cámara de Casación Penal, un pronunciamiento que luego fue anulado por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que en junio de 2023 ordenó la realización de un nuevo juicio.

Pero ese camino fue reprochado por la defensa de Christe. Y por eso presentó un recurso extraordinario federal para llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, trámite que encontró un revés con el rechazo de la Sala Penal que se conoció este martes 4 de octubre pasado. Así, el caso llegó a la Corte con un recurso de queja.

Barbitta no sólo busca trabar la realización de un nuevo juicio sino que además persigue la declaración de la inocencia de Christe y que además se lo ponga en completa libertad: de momento, cumple arresto domiciliario en un departamento de una torre de calle Santa Fe y Malvinas, en la zona del Parque Urquiza. “Christe sigue preso. Una persona inocente no puede estar detenida. Ya se confirmó que no hay peligro de fuga ni entorpecimiento, entonces no puede estar detenido. Nosotros vamos a insitir con la libertad y vamos a interponer un nuevo Habes Corpus para exigir la libertad. No puede estar más detenido: tiene que salir en libertad ahora mismo”, ha dicho Barbitta.

Ahora, insiste con su pedido de libertad plena, solicitud que formalizará este lunes e una audiencia prevista en los Tribunales de Paraná. La presentación de la defensora sostiene que “si se continúa privando de la libertad a Julián Christe en el marco de un proceso que desde sus orígenes hasta el final ha demostrado deficiencias y arbitrariedades, el Poder Judicial de Entre Ríos continuaría perpetrando un modelo ilegitimo de enjuiciamiento penal”.

“No solo ya por mantener a un ciudadano inocente detenido habiéndose superado los plazos legalmente estipulados, sino por extender la prisión preventiva –independientemente de su modalidad- en un caso plagado de arbitrariedades e injusticias, en el que el derecho de defensa y el principio de inocencia han sido reducidos injustamente de manera constante”, subraya.

“Julián Christe se encuentra privado de su libertad, en prisión preventiva, hace más de cuatro años. Ha estado detenido tanto en la Unidad Penitenciaria de Paraná, como en el domicilio donde vive junto a su madre», señala la defensora en su escrito. Y enumera: el 30 de abril del año 2020, luego de haberse dirigido a la Policía a solicitar ayuda, Julián Christe quedó automáticamente detenido. «Desde ese mismo día, la Fiscalía lo apodó `el femicida de Paraná`, y a partir de ese momento nunca más pudo disponer de su libertad ambulatoria. No volvió a llevar a su hijo al colegio, no pudo volver a trabajar, no pudo volver a estudiar, no volvió a hacer ejercicio físico y no volvió a estar en un ámbito al aire libre, ni exponerse a la luz solar. Desde hace más de cuatro años que solo ha estado físicamente en tres lugares: en la celda donde estaba detenido en la Unidad Penal Nro. 1 de Paraná, en la sala de audiencias, y en un departamento que no tiene ningún acceso al aire libre ni a la luz solar”, señala.

Barbitta entiende que el mantenimiento de la prisión preventiva a Christe viola principios constitucionales. “En cuanto al tiempo establecido por la ley procesal entrerriana, no caben dudas de que se han superado los dieciocho meses. En concreto, Julián Christe ha transcurrido más de cuarenta y ocho meses en prisión preventiva”, agrega. Y apunta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que “el plazo indicado como máximo para detener a una persona inocente, sin una condena firme, es de tres años, encontrándose aquel extremo temporal también superado”.

Fuente: Entre Ríos Ahora