El abogado y ex senador del radicalismo de San Salvador, Juan Carlos Arralde, se refirió a las constantes dilaciones de las causas judiciales que investigan hechos de corrupción en Entre Ríos, como la investigación de los contratos truchos.
“La nave madre de la política criminal”
Afirmó que “esta causa de los contratos apócrifos es el emblema o la nave madre de la política criminal del Ministerio Público Fiscal, es una causa de tal envergadura, no solamente por los montos involucrados, sino que además compromete o gravita sobre la mayoría de la dirigencia política de los últimos años”.“El Ministerio Público Fiscal se juega el perfil de su política criminal de cómo se investigan los hechos de corrupción en esta provincia, de manera tal que no puede menos que preocupar estas postergaciones sistemáticas de audiencias para definir si la causa va a juicio, con quiénes, si habrá sobreseimientos y con qué evidencias se va a discutir un juicio oral”, razonó.
Por otra parte, sobre los planteos reiterados por los abogados defensores dijo que “se dirimen en las audiencias y el Ministerio Público Fiscal también se puede oponer a estos planteos dilatorios (si es que existen) de parte de las defensas, pero mientras no se hagan las audiencias el juez no puede resolver”, explicó y añadió: “el juez en esto es casi un árbitro que juega en función de las peticiones de cada una de las partes, entre la acusación que pretende a la brevedad llevar a juicio esta primera etapa de la investigación, porque claramente se ve que en esta acusación no están las principales figuras de la política entrerriana”.
Oportunidad que tiene la Justicia entrerriana
Agregó que “todas las pruebas y testimonios sirven para hacer una acusación, pero es en el juicio donde se juegan los pingos, ahí se va a conocer todo y los imputados van a tener la ocasión de defenderse con plenitud, entonces estas dilaciones y postergaciones que se invocan por razones de infraestructura, porque los tiempos son pocos y que en tres días no se puede dirimir la remisión a juicio de 32 imputados, debieran resolverse con premura porque esto es una causa que viene de cinco años atrás. Y con una suspensión importantísima por esa cuestión de competencia que invocó el juez federal Alonso de Paraná, que terminó siendo apartado por la Corte en una maniobra claramente pergeñada para desviar la atención”.“Es lamentable porque hay mucho para decir en esta provincia con respecto a los hechos de corrupción y esta causa, y otras tantas que se vienen tramitando, debieran ser la prueba cabal de que a la Justicia realmente le interesa combatir y castigar estos hechos que se han llevado recursos de todos los entrerrianos”, planteó luego.
Admitió, también, que “esto, hoy por hoy, no concita la opinión mayoritaria de la gente que está preocupada por otras situaciones, porque en realidad todavía la sociedad no advierte la calidad de víctima que tiene en este tipo de hechos”, señaló y planteó que “tan pronto se advierta que los miles de millones de pesos que se van al bolsillo de unos pocos podrían resolver una infinidad de cuestiones sensibles de los entrerrianos, y mientras no se advierta que esto es realmente importante, estas cosas van a seguir ocurriendo”, evaluó.
Agregó que “causas de esta envergadura le deberían permitir al Poder Judicial demostrar la fortaleza que tiene para investigar hasta el hueso este tipo de cuestiones y mandar un mensaje ejemplificador a la sociedad en el sentido de que la corrupción no puede existir con impunidad en la provincia de Entre Ríos. Y esto pone en escena tanto al Ministerio Público Fiscal como al Poder Judicial entero, que tiene que juzgar y dictar sentencia, y estas casusas los interpelan en el sentido de honrar funcionalmente el cometido de sus cargos y los sueldos que perciben, y el cumplimiento de las funciones que les encomienda la Constitución, que es hacer justicia”.
“La política debiera estar dando un espaldarazo”
En este marco, planteó la necesidad de “ir a juicio oral y evaluemos quién tiene razón; la política debiera estar dando un espaldarazo al avance de estas causas y el silencio es también sospechoso, porque se deja una sospecha generalizada sobre toda la dirigencia política y está mal generalizar, porque no todo el mundo está involucrado. Tendrían que ser mensajes ejemplares de acompañamiento y de fortalecimiento a quienes están cumpliendo la función de investigar, acusar y condenar, eventualmente”.Teniendo en cuenta que en 2025 habrá elecciones, Arralde consideró que “no es casual que se formalicen peticiones de una nueva suspensión de las audiencias de remisión a juicio, porque está claro que esta causa ya pasa al 2025 donde hay elecciones de medio término”, mencionó y marcó que “no se puede retrogradar el procedimiento, la causa está lista para ser elevada a juicio y se tiene que discutir en esta etapa intermedia quiénes van a juicio, quiénes serán sobreseídos y qué evidencias se presentan”.
“No hay más pruebas pendientes de producción”
“No sé qué más tiene que pasar, ya hubo planteos de incompetencia, no hay más pruebas pendientes de producción, de manera tal que el trámite inmediato posterior a esto es la convocatoria de una audiencia de remisión a juicio, por eso si ya no se hace este año, debiera hacerse el que viene. Pero si la justicia tiene reparos o precauciones en años electorales, esta evidente la estrategia: pateamos esto hasta un año electoral para llegar en mejores condiciones”, apuntó.Consultado por si estas cuestiones se hablan en ámbitos legislativos, opinó que “hubo o pude haber muchos vínculos entre sectores que se han visto beneficiados con algunas prebendas, contratos o beneficios económicos con la Legislatura, no necesariamente tienen que ver con el delito, pero nadie quiere tocar un tema así o sacar los pies del plato”.
“Es un tema candente, que quema, hay mucha gente interesada en conservar el anonimato en estas cuestiones o que no se sepa las vinculaciones que supo tener en su momento; estamos hablando de 2018 en adelante y hay muchos trapitos que no han salido y pueden salir a la luz y eso puede molestar a muchas personas que están todavía en el poder o que estuvieron y que no quieren que se sepa. Esto atraviesa a toda la política, es transversal a todo un sistema que está deficientemente controlado, mal instrumentado y peor ejecutado”.
Fuente: Análisis Digital - A quien corresponda.