A pocas horas de que se cumplan dos años desde que estallara el escándalo, la abogada Clarisa Marano Roude vuelve a la carga para pedir celeridad en la causa por presuntos cobros ilegales en el Hospital San Roque de la ciudad de Villa Elisa.
El 27 de mayo de 2021, denunció que habían intentado cobrarle por el oxígeno suministrado a su padre durante una internación por COVID-19, presentación a la cual se sumaron la jefa de enfermería del propio nosocomio y la encargada del hogar de ancianos de la misma institución, Sandra Giovenale y Analía Fernández.
“PECULADO, EXACCIONES ILEGALES SIMPLES Y AGRAVADAS POR CONCUSIÓN –58 Hechos–, y NOMBRAMIENTO ILEGAL DE FUNCIONARIO PÚBLICO”, fueron los delitos imputados –en concurso real– a la entonces administradora, Claudia Lorena Lugrín, en calidad de autora material, los cuales habrían sido cometidos entre enero de 2020 y mayo de 2021.
El período imputado por la Unidad Fiscal de Colón en abril del año pasado cuenta con elementos tales como testimonios, recibos, pericias caligráficas e informes sobre llamados telefónicos, por lo cual la querella considera que se encuentra en condiciones de remitirse a un primer juicio oral y público.
“Un juicio es justo solo si llega a tiempo”
Bajo el título “Novedades sobre la causa del hospital, a dos años de la denuncia”, Marano Roude hizo público un comunicado en el cual pasa revista del caso, reclamando su remisión a juicio y reflexionando nuevamente sobre los tiempos del Poder Judicial.A continuación, El Entre Ríos lo reproduce textualmente:
A pesar de que ya pasaron dos años, el caso aún no está resuelto. Junto con mi abogado, el Dr. Martin Jauregui, estamos esperando a que la Fiscalía presente el requerimiento de juicio para poder nosotros hacer lo propio. Sin éste pedido de juicio por parte de la Fiscalía, no podemos avanzar. Por eso insistimos tanto en la celeridad que debe dársele al proceso. Hacemos hincapié en que tanto la víctima (como los imputados y/o sospechados) no puede ser parte de un proceso penal eternamente... es necesario que se sepa la verdad de lo que pasó, y que cada uno pueda seguir adelante con su vida.
Las partes del proceso no tenemos la obligación de vivir en una eterna incertidumbre. Pero la Justicia sí tiene la obligación de dar una resolución final al caso.
¿Qué significa que la Fiscalía presente un requerimiento de juicio? Significa que el Fiscal le pedirá al juez/a que se realice el juicio, para poder demostrar (Fiscalía y querella) la culpabilidad de la imputada y un juez o jueza imparcial decida sobre el tema.
Recordamos que la exadministradora del Hospital, fue imputada en abril de 2022 por 59 hechos que la Fiscalía consideró que eran delito, y por éstos cargos deberá enfrentar un juicio.
Por otra parte, fui citada a prestar declaración testimonial en el Sumario Administrativo que está tramitando en la Dirección de Sumario de la Fiscalía de Estado, donde me informaron que el mismo es instruido no solo contra la ex administradora sino también contra su hermana (también empleada del Hospital local).
Éste sumario tiene por finalidad evaluar si las involucradas en los hechos denunciados, realizaron conductas merecedoras de sanciones disciplinarias, en el marco de su trabajo, que podrían llegar a generar inclusive su exoneración (podrían llegar a ser desplazadas de su cargo). Es una sanción que se aplica en el plano administrativo (distinto del penal).
No quiero dejar pasar por alto el tiempo que ya lleva tramitando la causa, y por ende, el tiempo que todas las partes del proceso (Fiscalía, querellante e imputada) y las demás víctimas, venimos esperando una respuesta de la justicia penal.
Todas las partes (y en éste caso también, la sociedad), somos merecedoras de un JUICIO JUSTO. Y un juicio es justo, SOLO si llega a tiempo.
Por ello, instamos a los representantes del Estado a acelerar los tiempos para una pronta resolución.
Clarisa Marano Roude
Querellante
Dos investigaciones en curso
A dos años de iniciada la investigación penal preparatoria, la única imputada por el Ministerio Público Fiscal es Claudia Lugrín, quien se desempeñaba como administradora del hospital de Villa Elisa.En tanto, una hermana y una sobrina suya -se trata de Lourdes Lugrín y Mariana Mena-, que cumplen funciones en la misma área, fueron citadas a nombrar abogado defensor, dado que desde Fiscalía entendieron que podrían tener algún tipo de responsabilidad.
La misma suerte corrió quien ejercía la dirección del nosocomio, la médica Graciela Ingold: sin estar imputada, debió designar abogado. Si bien había presentado la renuncia un año antes, su dimisión del cargo fue aceptada justo antes de que la denuncia saliera a la luz.
Entretanto, el área de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud instruyó una información sumaria sobre las hermanas Claudia y Lourdes Lugrín, trámite que actualmente se encuentra en la Dirección de Sumario de Entre Ríos, dependiente de la Fiscalía de Estado.
Fuente: El Entre Ríos