La debilidad territorial y parlamentaria es un defecto de origen de La Libertad Avanza, que surge en gran medida del armado de campaña del presidente Milei, que estuvo muy enfocado en su figura y se desentendió de cuestiones básicas de la política y de la forma republicana de gobierno, y en menor medida del desdoblamiento de las fechas de votación en 2023. Ahora, el Congreso, que llevaba dos décadas como decoración republicana, se haya envalentonado en estos días y busca remarcar esa debilidad.
Cierto es, también, que las recurrentes, y muy virulentas, diatribas presidenciales, y las de sus adláteres en la red social X, o Twitter, contra los miembros del Congreso, no ayuda a construir una relación fluida entre el Ejecutivo y el Legislativo. Quizás con menos sonoridad y virulencia, haya actuado como disparador del embate del Congreso en estas semanas el hecho de que, en silencio y sin prisa, pero a la vez sin pausa, desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, dirigida por Federico Sturzenegger, se emiten a diario medidas tendientes a eliminar procedimientos, trabas y restricciones de todo tipo. Todas y cada una de ellas, afecta de manera directa los intereses de un sinnúmero de personajes vinculados con la política. A la hora de granjearse enemigos, la administración Milei es exitosa.
Se nos ha hecho “normal” que cualquier actividad productiva demande un sinnúmero de permisos para poder operar: de higiene, de transporte, de condiciones laborales, de seguridad, ambientales, y muchos otros para los que la creatividad del estado no conoce límites. Oficinas, inspectores, intermediarios, dueños de registros: a cada uno le ha sido conferida una tajada de la producción, el comercio o el trabajo. La palabra “trámite” es casi un argentinismo (al parecer, muy utilizado en la Quinta de Olivos, también). A tal punto de que no hay traducción literal a otros idiomas del sentido con que los argentinos conocemos el término.
Se nos hicieron naturales cosas que los intereses de la política nos han ido metiendo de manera artificial, con el único interés de generar un negocio, o retribuir un favor. El paso del tiempo hizo su parte: muchos de los beneficiarios consideran que su “trabajo” es legítimo, y reclaman por su mantenimiento, pues ya han olvidado el origen artificial que tuvo, o, lo que sería peor, la protección política de la que gozan.
Pelearse con la política es popular. Basta ver los números de aprobación de los que goza Milei, aún a pesar de la recesión, las tarifas de los servicios públicos, el costo del transporte público o la inflación. Pero esa aprobación no alcanza para gobernar. El Congreso está en pie de guerra, y tiene la potestad de arruinar el programa de gobierno con leyes contrarias al proyecto de Milei. Un primer ejemplo lo tuvimos esta semana con la cuestión jubilatoria. Milei vetó la ley del Congreso, y quizás consiga que no se reúnan los dos tercios para insistir. Pero la piedra de la obstrucción parlamentaria ha comenzado a rodar.
La política parece temer las excentricidades, y la exposición pública que hace a diario el Presidente sobre sus miserias. Para defenderse, se ha corporativizado y busca ponerle límites. ¿Sólo les molestan las excentricidades, o están en pie de guerra por el ataque frontal a sus intereses corporativos que lleva a cabo la oficina de Sturzenegger?
No puede descartarse que lo que ocurrió esta semana con el ajuste previsional sea fruto del amateurismo de Milei y de sus asesores políticos, que calcularon mal los efectos prácticos que tiene la popularidad presidencial y los que tiene el resultado de la votación de 2023. Milei podrá pensar que puede vivir sin que el Congreso sancione nuevas leyes. También puede apostar a que la relación de fuerzas cambie a partir de octubre de 2025. Pero no puede dejar de ponderar que, entretanto, el Congreso es el que es, que sus miembros han afilado las garras para defenderse de los ataques verbales y los de Sturzenegger, y que tiene capacidad de daño.
Fuente: El Entre Ríos