El cura Justo José Ilarraz fue condenado el 21 de mayo de 2018 por la Sala Segunda de la Cámara Primera en lo Criminal de Paraná a la pena de 25 años de prisión por considerarlo responsable del delito de promoción a la corrupción de menores agravada por ser encargado de la educación (en cinco hechos) y del delito de abuso deshonesto agravado por ser encargado de la educación.
Se lo acusó de haber corrompido a siete varones de entre 12 y 14 años entre 1985 y 1993, mientras fue guía espiritual de los chicos y adolescentes que entraban al Seminario “Nuestra Señora del Cenáculo” de Paraná con vocación religiosa.
Los jueces Alicia Vivian, Carolina Castagno y Gustavo Pimentel escucharon a más de 70 testigos, entre ellos las siete víctimas denunciantes y los prelados de la Iglesia Católica. Karlic, Puiggari y al obispo de Concepción, Tucumán, José María Rossi declararon por escrito.
La Corte no se expide
Ilarraz fue encontrado culpable en todas las instancias, y la defensa del acusado presentó un último recurso ante la Corte Suprema de Justicia que antes de resolver le dio intervención a la Procuración de la Nación.Según informó a Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull, se sigue esperando la decisión de la Corte. Ha habido movimientos en el expediente en la Corte, pero no hay sentencia aún. El último movimiento de la causa entre las vocalías de la Corte fue el 13 de agosto pasado.
Casals rechazó el planteo de prescripción
En tanto, el Procurador de la Corte, Eduardo Casals, opinó rechazando el planteo de la defensa que es la prescripción de la acción penal y convalidando la condena a 25 años de prisión.Mientras tanto, Ilarraz sigue con prisión domiciliaria con tobillera. Está alojado en un departamento de calle Corrientes de Paraná que pertenece a un hermano suyo y viven juntos. Se trata de un piso de importantes dimensiones. Los vecinos aseguran no haberlo visto nunca.
La grave ironía es que vive a pocas cuadras de una de sus víctimas y principal denunciante, Hernán Rausch, quien suele cruzarse en la calle con el hermano de Ilarraz.
El monitoreo de la tobillera es controlado por el Servicio Penitenciario. Al respecto, Ramírez Montrull comentó que “pasado un tiempo del inicio del cumplimiento, consultamos desde el Ministerio Público Fiscal al Servicio Penitenciario si había novedades y nos dijeron que no hubo incumplimientos y que ellos avisan en el caso de detectar alguna irregularidad”.
Controlado con tobillera
Por su parte, el jefe del Centro de Monitoreo del Servicio Penitenciario encargado del control de las tobilleras, Carlos Salomón, confirmó a Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) que “se realizan controles de mantenimiento y de cambio del dispositivo que se encuentra colocado dentro del domicilio (que funciona con censores, al igual que la tobillera) de acuerdo a lo que necesite el sistema”.Especificó que “el sistema informa cómo están los dispositivos, que no se aleje de la zona determinada, la batería que le queda a la tobillera, el estado del hardware, etcétera y se efectúan comunicaciones tanto con el detenido como con su referente, que en este caso es el hermano”.
Agregó que “en caso de producirse irregularidades, se dispone la presencia de personal del Centro de Monitoreo y de un operativo policial, pero en este caso no ha sido necesario”.
En este momento, se trabaja “con el cupo al límite”. De 200 tobilleras disponibles, están en uso 182 distribuidas en más de 30 ciudades de la provincia. Las que quedan sin utilizar son para reposición o mantenimiento de los equipos utilizados.
Antecedentes
En los ‘80 y ‘90, Ilarraz era prefecto de disciplina a cargo de los menores de primero y segundo año del Seminario Arquidiocesano “Nuestra Señora del Cenáculo” de Paraná. Había un promedio de 18 seminaristas por curso. Dentro del instituto también ejercía el rol de profesor, confesor y director espiritual. Trabajó a su vez como chofer del arzobispo y después se encargó de administrar las finanzas del seminario. Ilarraz tenía también a su cargo la tarea de recorrer los pueblos y las ciudades buscando candidatos para ingresar como seminaristas en séptimo grado.Ya entre 1994 y 1995, algunas de sus víctimas, siendo menores, lo denunciaron y el entonces cardenal Estanislao Esteban Karlic había ordenado un sumario interno. Fueron cuatro las víctimas que declararon en ese momento. La investigación terminó con una sanción para Ilarraz.
El cura tuvo que irse de la Diócesis, supuestamente castigado. Pero viajó al Vaticano, donde permaneció más de un año e hizo una Licenciatura en Misionología y su tesis fue sobre el futuro y los niños. Se reunió con Karlic, se sometió a pericias psicológicas y escribió una carta aceptando su accionar con los alumnos en Paraná, que calificó de "imprudente".
En la Iglesia local trató de ocultarse el caso. Esa conducta motivó que varios de los jóvenes se fueran de la ciudad y, decepcionados, abandonaran los hábitos. La angustia y el dolor provocados por los abusos se mantuvieron en silencio.
En 2010, poco antes de que el arzobispo Mario Maulión dejara la jefatura de la Iglesia, un grupo de curas le informó de los abusos en una extensa carta, pero nada pasó. La llegada de Juan Alberto Puggari, sucesor de Maulión, que conocía a Ilarraz de sus épocas en el Seminario Menor, no mejoró la situación.
Cuando Ilarraz volvió al país, se instaló en Tucumán, donde continuó con su tarea sacerdotal, sin restricciones. En septiembre de 2012, la revista ANALISIS reveló los abusos cometidos por el cura. Recién allí se abrió entonces una causa penal, de oficio.
La investigación judicial llevó casi seis años y hubo que decidir si la causa estaba prescripta. La decisión del alto tribunal entrerriano avalando a las víctimas y rechazando la prescripción sentó jurisprudencia para otros casos. Tras el juicio y la condena, sin embargo, hay todavía un recurso presentado ante la Corte Suprema por la defensa del cura con el mismo planteo, no niegan los hechos, sino que piden la prescripción de la acción penal por el paso del tiempo.
El caso repercutió en las altas esferas en Roma y llevó a la Iglesia Católica argentina a la reapertura de la investigación canónica. A su vez desencadenó un cambio disruptivo en la ley penal que introdujo una herramienta procesal para que las víctimas de delitos sexuales puedan acceder a la Justicia sin importar cuánto tiempo pasó. La condición para que no aplique la prescripción es que los crímenes se hayan cometido cuando eran menores de edad.
Testimonios
Hernán Rausch fue una de las primeras víctimas en denunciar los abusos sexuales cometidos por el cura Justo José Ilarraz en el seminario de Paraná, Entre Ríos, entre 1985 y 1993. Rausch rompió el silencio y su testimonio ayudó a destapar una serie de casos similares, lo que finalmente llevó a la condena de Ilarraz a 25 años de prisión en 2018.Rausch ha sido una voz activa en la lucha contra el abuso eclesiástico, incluso pidiendo al Papa Francisco que tome medidas más contundentes frente a estos casos. Su coraje y entereza ha inspirado a otras víctimas a hablar y buscar justicia. Hoy también brindó su valiente testimonio ante Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) donde cuenta lo difícil que es seguir esperando Justicia después de tantos años.
José “Pepe” Dumoulín, ex sacerdote que denunció a Ilarraz por estos abusos, también habló con Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) y contó la impotencia que genera que la Corte no tome una resolución después de tantos de luchar por Justicia.
Una reforma histórica en la ley penal
La ley de “Respeto a los Tiempos de las Víctimas” fue una reforma del Código Penal que cambió las condiciones en las que opera la prescripción en los casos de abuso sexual a menores. La normativa 27.206 suspende los plazos durante todo el período en que la víctima es menor y una vez adulto hasta que decide impulsar la denuncia o ratificar la que una persona hubiese hecho en su lugar. “El caso Ilarraz tuvo gran repercusión en Entre Ríos junto a otras causas de abuso eclesiástico”, dijo en su momento Sigrid Kunath, ex senadora por el Partido Justicialista y autora del proyecto luego convertido en ley.Y agregó: “Empezamos a trabajar con las víctimas y abogados que patrocinaban en estas causas. Me llamaba mucho la atención que cuando se investigaban los casos la defensa de la persona investigada por abuso planteaba siempre y sistemáticamente la prescripción de la acción penal sin negar los hechos ocurridos”.
La exsenadora planteó modificar el Código Penal para declarar la imprescriptibilidad de los casos de abuso sexual a menores tal como ocurre en los delitos de lesa humanidad. El proyecto fue aprobado por el Senado pero en Diputados fue modificado estableciendo un límite y condiciones en las que los plazos de la prescripción quedaban suspendidos.
La sanción de la ley 27.206 modificó el artículo 67 del Código Penal generando que los plazos de la prescripción empiecen a contarse cuando el menor abusado alcanza la mayoría de edad y decide denunciar. “Decisión de denunciar” fue el concepto clave que planteó un cambio a partir de la mirada de la víctima con el énfasis puesto en lo largo que son sus procesos internos y psicológicos hasta romper el silencio.
“Nos basamos en la ley Piazza, pero buscamos el efecto de mover aún más el lapso temporal que propuso esa modificación. Cambiar la mirada de un instituto del derecho penal para atender especialmente a las víctimas de delitos contra la integridad sexual siendo menores de edad”, dijo Kunath.
La ley a la que refiere fue una legislación que impulsó el diseñador Roberto Piazza después de denunciar haber sido violado a los 6 años por su hermano que tenía 25. El caso cambió en 2011 la ley penal y estableció que la prescripción empieza a correr cuando la víctima cumple la mayoría de edad. La 27.206 tomó aquel antecedente y fue un paso más. Es decir que una persona que fue abusada como menor, si a la edad de 45, por ejemplo, decide realizar la denuncia los plazos de la prescripción empiezan a correr desde ese momento y no cuando alcanzó la adultez legal a los 18.
También modificó el artículo 20 del Código para establecer la inhabilitación perpetua del agresor cuando el delito se hubiera cometido aprovechándose de su cargo o función como sucedió en el caso Ilarraz que se valió de su profesión de cura responsable de los seminaristas para abusarlos.
Reapertura del expediente canónico
Antes que Ilarraz fuese condenado por la justicia de Entre Ríos, en 2015 sus víctimas fueron convocadas a declarar en una segunda investigación canónica. “Fuimos a declarar porque el arzobispo Mario Poli envió a dos representantes de Buenos Aires al arzobispado de Santa Fe con la orden de reabrir la investigación por la denuncia de otra víctima. Participamos como testigos en aquella nueva investigación de la Iglesia. Se trató de una víctima que siguió teniendo contacto y abusado por Ilarraz hasta hace poco tiempo”, relató Rausch.Y agregó: “Buscamos justicia no solo sobre los delitos que cometió Ilarraz sino por cómo se manejó la situación, por las sospechas de encubrimiento. No pudo hacerlo sin ayuda. Después de los abusos, Puiggari fue ascendido a arzobispo de Entre Ríos y Karlic a Cardenal. Fueron ascendidos sobre nuestro silencio”.
Fuente: Análisis Digital - Cuestión de Fondo (Canal 9)