Por estas horas, Entre Ríos presencia un llamativo cruce entre dos poderes del Estado, a los que la arquitectura republicana considera autónomos: la Cámara de Senadores, por un lado, y el Superior Tribunal de Justicia (STJ), por el otro.
Lo que está en juego es ni más ni menos que la obediencia por parte del Senado hacia una sentencia judicial del STJ que obliga a ambas cámaras de la legislatura entrerriana a publicar listados de contratos, planta de personal y subsidios.
El conflicto salió a la superficie al conocerse una resolución aprobada por unanimidad por los senadores en la sesión del último miércoles, en la que no sólo cuestionan el fallo del STJ. También advierten que podrían recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que revise lo resuelto por los “supremos”.
El punto inicial de esta historia se produjo cuando un grupo de ciudadanos, que integran la ONG Entre Ríos Sin Corrupción, formalizaron un pedido de acceso a información pública ante ambas cámaras de la legislatura provincial, Senado y Diputados, en el que pedían se divulguen los listados de contratos, planta de personal y subsidios otorgados.
Como no hubo respuesta en los plazos que la ONG consideró razonables, presentaron una acción de Amparo. Resultado: hubo sendas sentencias de primera instancia dándole la razón a Entre Ríos Sin Corrupción y, por ende, obligando a las cámaras a transparentar la información solicitada.
Tanto el Senado como la cámara de Diputados apelaron esos fallos ante el Superior Tribunal de Justicia, el cual, el lunes último, los validó plenamente. Parecía que allí terminaría esta historia y que solo restaba esperar que la legislatura adecuara sus páginas web para que la información fuera ofrecida sin retaceos a toda la ciudadanía.
Pero el aire se enrareció sobremanera luego de que los senadores votaran el miércoles último una resolución sobre tablas, que ni siquiera figuraba en el orden del día y a la cual el legislador que la presentó –Oliva- sólo identificó con un número. En lo medular de dicha resolución dicen que “se impone la realización de un análisis pormenorizado y profundo de la motivación y razonabilidad de la sentencia (del STJ) para, en su caso, proceder a interponer el recurso extraordinario federal”. O sea, hay una evidente resistencia a cumplir con el fallo y publicar la información pública solicitada.
La mirada de Estela Méndez Castells
En diálogo con el programa Despertá Con Nosotros, por Oíd Mortales Radio, la doctora Estela Méndez Castells, una exmagistrada que integra Entre Ríos Sin Corrupción, no dudó en considerar a la resolución del Senado como “una afrenta hacia un poder autónomo del Estado, diferente a la legislatura, como es el Poder Judicial”.Méndez Castells aclaró que los firmantes del pedido de acceso a la información pública no han sido formalmente notificados de la resolución del Senado. En tal contexto, hizo notar que “comenzó a correr el día miércoles el plazo y estamos en el periodo de cumplimiento de la sentencia” del Superior Tribunal de Justicia, firmada el pasado lunes, fecha en que se celebrara el Día del Magistrado y la Magistrada.
La exjueza explicó que está dentro de las atribuciones del Senado “promover el recurso extraordinario” ante la Corte Suprema. Pero, advirtió, “si no promueven el recurso extraordinario ni cumplen con la sentencia, se colocan al borde de una posible desobediencia judicial”.
Al sopesar lo que ha trascendido de la resolución del Senado, Méndez Castells dijo que “a nosotros (por Entre Ríos Sin Corrupción) nos sorprende, nos preocupa, porque tal vez la dimensión de la información que se pedía es mucho más sensible en términos de los compromisos y a quienes puede llegar a afectar. Es mucho peor de lo que nos imaginábamos, tal vez”, agregó.
Tras dejar en claro que sólo el Senado ha tenido tal reacción y que ambas cámaras son autónomas entre sí, la exmagistrada descartó de plano que pudiera haber algún cuestionamiento jurídico a la legitimación de los ciudadanos que firmaron el pedido de acceso a la información pública.
“A la petición la hicimos a título personal. Solamente dijimos que integramos Entre Ríos Sin Corrupción y adjuntamos el estatuto social. Porque individualmente un ciudadano tiene derecho a pedir la información. El derecho a la información pública se reconoce tanto en la constitución nacional como provincial para las personas. En un segundo estadio, si queremos, será alguna asociación, pero es un derecho en cabeza de los ciudadanos, de las personas”, precisó Méndez Castells.
Fuente: Oíd Mortales Radio - El Entre Ríos