Distintas organizaciones ambientalistas, colectivos, asambleas y figuras públicas solicitaron a los diputados entrerrianos que no acompañen los proyectos que proponen la adhesión al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) y crear el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI).

En este sentido, advirtieron sobre su inconstitucionalidad y explicaron que implica, entre otras cosas, que “toda política de protección ambiental conquistada en las últimas décadas será considerada nula”.

“Ni RIGI, Ni RiNI. Queremos una Entre Ríos sin saqueo y contaminación”, se titula el comunicado de las organizaciones, colectivos y asambleas, difundido este jueves. En él, se indica que la Multisectorial por los humedales Paraná y la Coordinadora Basta es Basta presentó este miércoles 7 una nota contra el RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones) impulsada desde Basta de Falsas Soluciones, y que además, tiene la firma de un centenar de organizaciones, colectivos, asambleas, sindicatos, y personalidades.

Éstas a nivel nacional exigen que “las provincias no avancen con los proyectos de adhesión al régimen contaminante y saqueador del RIGI”.

“Luego de presenciar la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Cuentas, y constatar que hay voluntad política por parte del gobierno de Frigerio de avanzar en la adhesión y sumar la creación del RINI (Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones), se presentó esta nota de rechazo y se llama a la construcción de una coordinadora contra el RIGI y el RINI en Entre Ríos”, señalaron luego.

En la nota dirigida al presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein, se señala que “las organizaciones y comunidades abajo firmantes exigimos a las autoridades de los gobiernos provinciales y municipales que rechacen la adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones incluido en la “Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” (27.742)”.

“Se trata de una vulneración inconstitucional de los derechos consagrados en la Constitución Nacional y en los distintos acuerdos internacionales suscritos por nuestro país en las últimas décadas, particularmente en materia ambiental y de recursos hídricos. Esto incluso implicaría revisiones de los acuerdos relativos a las represas binacionales Salto Grande y Yaciretá”.

“En materia de derechos humanos básicos se iría en contra del Pacto de San José de Costa Rica”, advierten.

“El RIGI es contrario al artículo 41 de la Constitución Nacional, a todo principio de ‘no regresividad en materia ambiental’, a la Ley General de Ambiente, a las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 del Acuerdo de la COP de París de 2015, y a cualquier tipo de planificación que sirva a las mayorías populares y esté en armonía con la naturaleza”.

“Al mismo tiempo, se anularía la posibilidad de ejercer el derecho de consulta previa e informada de las comunidades indígenas (Convenio 169 de la OIT) y, para la población en general, de contar con acceso a información adecuada para participar en procesos de toma de decisiones que afecten los territorios donde viven (Acuerdo de Escazú)”.

“Más grave aún, ante conflictos de interés, por ejemplo de daño ambiental, se terminarían definiendo las denuncias en tribunales internacionales como el CIADI de amplia trayectoria en fallos contra nuestro país”, advierten.

“El carácter inconstitucional del RIGI implica que quienes adhieran y promuevan este régimen deberán asumir una alta conflictividad social por las consecuencias ambientales, económicas y sociales de su implementación”.

“Según lo dispuesto en su Capítulo XI - Artículo 224, la legislación invita a “las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir al RIGI en todos sus términos y condiciones”, lo que implicaría ceder parte de la autonomía de las provincias, en términos políticos, legales y ambientales. Desde el movimiento socioambiental señalamos que esos “términos y condiciones” son una amenaza para el acceso al agua, para los territorios, los bienes comunes, y los derechos inalienables de las poblaciones locales y por eso consideramos necesario mantener a nuestras localidades por fuera de sus implicancias”.

“Además de las frondosas facilidades impositivas y cambiarias que este régimen dispone no sólo para explotaciones por venir, sino incluso abriendo la puerta a las ya existentes, el RIGI implica, entre otras cosas, que toda política de protección ambiental conquistada en las últimas décadas será considerada nula”.

“Ante situaciones de escasez, grandes empresas de capitales locales y transnacionales podrían tener prioridad en el uso del agua o la energía por sobre las necesidades comunitarias”, señalaron luego en la nota enviada a Hein.

“Asimismo, alertamos sobre la pérdida de fuentes de trabajo y la destrucción de las economías regionales que aún subsisten. Ningún estudio de impacto ambiental serio puede hacerse en los tiempos estipulados a la hora de habilitar la incorporación de unidades productivas al RIGI. Es un esquema de zonas económicas liberadas, con exención fiscal e inmunidad legal. Incluso, alertamos sobre la protección militar vía resolución 499/24 del ministerio de seguridad, avalando la criminalización de las comunidades y organizaciones en resistencia.

Por todo lo señalado, exigimos a las autoridades competentes que no adhieran y rechacen el RIGI”.

Firmas