Joaquín Bahl, hijo del exintendente, presentó un amparo para ser reincorporado a la Cámara de Diputados, donde revocaron su nombramiento luego de determinar que cobraba un sueldo sin trabajar. El joven señaló que es víctima de una persecución política y reclamó el ejercicio de su derecho de defensa “para justificar que soy trabajador y que he prestado mi fuerza de trabajo con regularidad durante muchos años para el Estado”. También expresó: “No soy ñoqui ni estafador”.
Joaquín Emanuel Bahl, hijo del ex intendente de Paraná Adán Bahl, presentó un recurso de amparo ante la jueza de feria Silvina Rufanacht, con el patrocinio de los abogados Roberto Rosenberg Jantzon y Mariana Maier, en el cual exige que se lo reincorpore a la Cámara de Diputados.
La acción de amparo es contra el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, y apunta a declarar “ilegítimo y lesivo” el decreto 268 suscripto por el funcionario, mediante el cual se anuló la designación y posterior recategorización de Bahl.
En ese decreto 268 se revocó el nombramiento de Joaquín Bahl argumentando que fue designado en diciembre de 2022, que no se presentó a trabajar, que recién se notificó de la designación cinco meses después y que, aún notificado, tampoco se presentó a trabajar.
Lo que sí hizo Bahl fue tramitar en junio del año pasado un reconocimiento de servicios “con retroactividad” de seis meses para atrás en el despacho del entonces diputado y presidente del bloque del PJ, Juan Navarro. Pero luego no presentó las certificaciones de asistencia mensuales de carácter obligatorio para los empleados que prestan funciones en las oficinas de los legisladores y no registran asistencia en el reloj de la Dirección de Personal.
El decreto de Hein dispuso que se revocara también su recategorización, porque fue otorgada cuando aún no había cumplido un año y no tenía estabilidad en el empleo. Y también ordenó la inmediata devolución de los haberes percibidos, “más allá del acto disciplinario por abandono del servicio por vía sumarial”.
En su amparo, Bahl pidió la inmediata reincorporación al cargo de planta “y en las funciones que ostentaba”, más el pago de los salarios caídos e intereses. Adujo que tiene “estabilidad en el empleo público” dado que “la prestación se extendió por más de un año consecutivo de ejercicio efectivo”.
El joven explicó que se desempeñó “como personal afectado al bloque justicialista y, en concreto, al diputado Navarro” y adjuntó certificaciones de asistencia retroactivas. Para justificar su trabajo después del recambio de autoridades, adjuntó certificaciones suscriptas por la actual presidenta del bloque, Laura Stratta.
Bahl argumentó que su designación “fue efectuada en acuerdo y con pleno conocimiento de la Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos (APLER)” y que su recategorización está incluida en un acuerdo paritario.
“El acto que me designó generó a mi favor derechos subjetivos que fueron incorporados a mi patrimonio y que no pueden ser revocados”, sostuvo Bahl, al tiempo que denunció “una cesantía encubierta sin que haya operado el derecho de defensa pertinente”.
“He adquirido la estabilidad del empleo de acuerdo a la Constitución y es por eso que no me pueden aplicar una cesantía dejándome sin trabajo sin aviso ni sumario previo”, expresó Bahl, al tiempo que sostuvo que la revocación de su nombramiento es “arbitraria, basada exclusivamente en persecuciones políticas”.
“La nueva gestión, con la revocación del acto de designación para cesarme ilegítimamente de mi empleo y obtener de la opinión pública una estratificación negativa de mi persona, ha usado procedimientos administrativos ilegítimos”, denunció luego.
“Nos hemos transformado en el botín de guerra de la política partidaria, que quiere justificar el despido de trabajadores calificados en una sola palabra que se incluyó en los fundamentos de los actos de designación, ignorando todos los demás elementos que esos actos tienen que son regulares y ajustados a derecho”, añadió.
Más adelante, remarcó que “la decisión no es más que una mera persecución política” y expuso: “No resulta casual que el aquí firmante es afiliado a un partido político distinto al gobernante y fui -junto los mencionados en el mismo decreto- relacionado periodísticamente con el gobierno anterior”.
“Si el presidente de la Cámara de Diputados consideraba que la designación tuvo vicios, debió promover la acción de lesividad a través de la cual podría haber ejercido plenamente el derecho de defensa y justificar que soy trabajador, que he prestado mi fuerza de trabajo con regularidad, durante muchos años para el Estado, que no soy ñoqui ni estafador como se ha querido justificar y que mi designación fue perfectamente regular”, concluyó.
Fuente: Análisis Digital