La diputada entrerriana Carolina Gaillard (Frente de Todos) es quien preside la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, encargada de aprobar el pedido de juicio político al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
Al respecto, y en diálogo con La Nación, la legisladora entrerriana sostuvo que “estamos viviendo un momento de gravedad institucional enorme. Eso es lo que está en cuestión a partir de los chats que se conocieron, los cuales muestran la connivencia de la Corte con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. A ello se suman otros factores, como la arbitrariedad del fallo de coparticipación (que le restituye fondos a la Ciudad) y la intromisión del Poder Judicial en el Poder Legislativo en nombramiento de consejeros en la Magistratura. También, la puesta en vigencia de la vieja ley del Consejo de la Magistratura derogada hace 16 años sólo para reponer a Rosatti como presidente de ese cuerpo”, agregó.
Cómo podría avanzar el enjuiciamiento
Con sus 16 miembros, el oficialismo cuenta con mayoría en la Comisión que preside Gaillard (tiene 31 integrantes en total: 14 de Juntos por el Cambio y el restante del interbloque Federal). Para activar de inmediato el enjuiciamiento a Rosatti, el presidente debería convocar a sesiones extraordinarias –el Congreso está actualmente en receso– e incluir el proyecto respectivo en el temario. De lo contrario, el trámite recién debería comenzar en marzo próximo, con el inicio de las sesiones ordinarias.Una vez ingresado el pedido de enjuiciamiento en la Comisión, sus integrantes deberán evaluar si existen indicios serios y semiplena prueba de causales graves que hagan a la procedencia del juicio político. Todo indica que la mayoría oficialista votará afirmativamente, con lo cual se iniciaría el sumario y la investigación correspondiente.
Las facultades de la comisión
Este proceso puede resultar largo y, para quien está sometido a la investigación, a un desgaste costoso en términos de imagen pública. Si bien el oficialismo no diseñó su estrategia todavía –se aguardará a la reunión que mantendrá mañana con los gobernadores del PJ–, se descuenta que convertirán a la Comisión de Juicio Político en un desfile de testigos y testimonios para esmerilar a los jueces.En efecto, entre sus atribuciones, la Comisión de Juicio Político podrá, además de citar testigos, pedir informes, realizar inspecciones, labrar actas y tomar cualquier medida que sea pertinente. Asimismo, la Comisión puede pedir a los jueces expedientes judiciales que se encuentran en trámite o copia de los mismos, órdenes de allanamiento o de secuestro, intercepción de correspondencia o comunicaciones telefónicas, el registro de computadoras y el que se traiga por la fuerza pública a testigos si fuere menester, para llevar a cabo la investigación de los hechos y la producción de la prueba. Estas medidas no podrán atentar en contra del secreto profesional de los abogados defensores.
Una vez concluida la etapa de la investigación, los miembros de la Comisión deberán emitir un dictamen que recomiende o no la acusación del funcionario ante el recinto de la Cámara baja. Se descuenta que el oficialismo, con su mayoría, dará su aprobación, pues se necesita solo la mayoría simple.
Sin embargo, hasta allí llegará su poder: para que prospere en el plenario del cuerpo se requerirán los dos tercios de los votos, mayoría que no cuenta. Fracasará, pero al menos logrará haber sometido a los jueces a un fuerte desgaste, con el agravante de que los dictámenes perduran tres años.
Fuente: La Nación