En Entre Ríos, los corruptos pagan para no ir a la cárcel. Una vez más, el poder político y su contraparte del poder empresario se salen con la suya. Ahora, cuatro empresarios corruptos pagarán una suerte de “multa” de 2,5 millones de pesos cada uno y así evitar la cárcel. Un modelo de justicia que claramente administra de forma desigual el reparto de penas para pobres y millonarios.
Corruptos, pero libres
Cuatro empresarios que admitieron cobrar sobreprecios en las contrataciones de la famosa Cumbrecita del Mercosur no irán a la cárcel a pesar de reconocer la comisión del delito. Se trata de Miguel Marizza, Néstor Iván Szczech, Rubén Grasso y Daniel Hereñú, todos beneficiarios de los principales contratos de la Cumbre de Presidentes del Mercosur que organizó Sergio Urribarri en sus tiempos de Gobernador.En apenas dos días que duró el evento, se gastaron más de 200 millones de pesos con evidentes sobreprecios que favorecieron a los empresarios amigos del poder. Esos mismos empresarios propusieron pagar y suspender el juicio que los tenía como principales acusados por el cobro de sobreprecios en las contrataciones de la Cumbrecita.
La Justicia tiene precio
A diferencia de lo que cualquier ciudadano de a pie pudiera pensar, en Entre Ríos la corporación judicial tiene un tarifario con el que le pone precio a la libertad.Mientras es esperable que un corrupto confeso vaya a la cárcel, el poder judicial entrerriano fijó en $2,5 millones el precio de la libertad para cada uno de los cuatro empresarios que admitieron cobrar muy por encima de los valores reales muchos de los servicios y contrataciones de la Cumbre del Mercosur que se realizó en Entre Ríos. De ese modo, acordaron la suspensión del juicio a prueba y el pago de una reparación total de $10 millones. Fin del asunto. Todos libres y contentos.