Una adolescente, presunta víctima de un hombre de 70 años que la habría prostituido junto a tres hermanas menores, salió llorando de una audiencia en tribunales, como si algo o alguien la hubiese perturbado.

De regreso en el hogar del COPNAF en Concordia, adonde había sido alojada, contó a empleados del lugar que tenía miedo. ¿Por qué? “Uno de los que estaba en la audiencia fue cliente”, disparó. Y enseguida identificó a quien había representado en la sala al Ministerio Público de la Defensa, un hombre que ocupa el cargo de defensor, por ahora sin concurso.

El personal del Consejo Provincial del Niño, el Adolecente y la Familia que escuchó el relato enseguida advirtió que el asunto no podía quedar allí y que debían obrar en consecuencia, elevando los dichos de la menor a conocimiento de la Justicia, para que una investigación dilucidara lo ocurrido.

Si fuera cierto, sería gravísimo: alguien nombrado por el Defensor provincial Maximiliano Benítez con la misión de velar por los intereses de las menores víctimas de abusos “compraba”, como “cliente”, los “servicios sexuales” de una adolescente extremadamente vulnerable.

Los responsables del COPNAF elevaron la denuncia al Ministerio Público Fiscal y días después la chica fue entrevistada en Cámara Gesell. ¿Resultado? Mantuvo sus dichos y volvió a identificar como presunto cliente al Defensor que participó de la audiencia.

El principal acusado en la causa es un hombre de 70 años, sobre quien pesa actualmente la prisión domiciliaria, señalado por la joven como quien la prostituía y conseguía los clientes. También están imputadas la madre de la víctima y una hermana mayor.

No solo ella habría sido explotada sexualmente por este hombre sino que también serían víctimas otras tres hermanas menores; la más chica, de 13 años, está embarazada.

El Entre Ríos no pudo dar con información oficial sobre la causa, que aún transita por la etapa de la IPP (Investigación Penal Preparatoria). Menos aún fue posible obtener precisiones respecto del funcionario señalado, para quien, al igual que para los demás imputados, rige el principio de "presunción de inocencia". Aún así y a pesar del hermetismo que rodea el caso, fue factible confirmar cada uno de los detalles mencionados.

¿Dice la verdad la menor víctima de trata, que temporariamente fue trasladada a un hogar del Copnaf en Paraná? Es tarea de la Justicia despejar las dudas.

El caso trae aparejado un desafío especial para el Poder Judicial: que la valoración de las pruebas, en especial el testimonio de la adolescente, no se vea distorsionada por un espíritu “corporativo”, siendo que uno de los acusados es ni más ni menos que un funcionario judicial.

Fuente: El Entre Ríos