De las tres modificaciones en el pliego de licitación de la Hidrovía Paraná – Paraguay, uno beneficia directamente al sur de la provincia de Entre Ríos. Puertos comerciales, mercados y agroexportadoras se habían quedado con gusto a poco con el texto original, sobre todo con la profundidad del dragado, y ahora celebran que se amolda a sus intereses. El lobby de los privados dio su efecto.
Modificaciones
El gobierno nacional oficializó a través del ministerio de Economía la disposición 36/2024, modificaciones condiciones del pliego, por el cual se extendió el plazo de presentación del proceso. Además, aumentó la profundización del dragado del río en Santa Fe y se habilitaron más zonas de navegación a Entre Ríos para un mayor desarrollo del área portuaria.El pliego, según se especifica en el modelo de contrato, contempla una licitación por un plazo de 30 años, que permitirá “una amplia participación de las empresas más importantes del orden mundial en términos de obras fluvio-marítimas”, según el Gobierno. Es prorrogable por otros 30 años, por lo que están sobre la mesa las próximas seis décadas del principal canal que utilizan las exportaciones argentinas.
La primera de las modificaciones corre el plazo de presentación de pliegos de fines de enero, como era originalmente, a los últimos días de febrero. El cambio fue en respuesta a un pedido de las empresas de dragado que buscan intervenir en la operatoria. La segunda de las modificaciones lleva de 42 a 44 pies la profundidad de las vías navegables y fue solicitada por los privados, para tener más margen de navegación independientemente de las condiciones hídricas. Fuentes del Poder Ejecutivo describieron a La Nación que “se van a hacer estudios para que todo vaya a 44 pies de profundidad y no 42, como era en principio”.
En tanto, el tercero de los cambios tiene que ver con un pedido de la gobernación de Entre Ríos, en cabeza de Rogelio Frigerio, de buena sintonía con el gobierno nacional, para mejorar el desarrollo de la zona portuaria del sur de la provincia. Por eso propusieron habilitar tres vías, además de la principal en ese tramo, que es el Paraná de las Palmas.
“Fue un pedido de Frigerio y se hizo lugar”, dijeron a La Nación desde Casa Rosada. Las vías que se mejorarán en esa zona para potenciar el área son: Paraná Guazú, Paraná Bravo y Pasaje Talavera, que originalmente eran de 28 pies y en la primera etapa irán a 36 pies. A la altura de la provincia, estas se sumarán al Paraná de las Palmas.
Con un tránsito anual de aproximadamente 4000 barcos y 79 puertos involucrados, la Hidrovía canaliza el 80% de las exportaciones argentinas, lo que lo convierte en un negocio estratégico. Las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones y Buenos Aires tienen acceso directo a ella y buscaron participar del diálogo con empresarios y funcionarios nacionales por el futuro de la vía, en la previa al llamado a licitación, en noviembre pasado. Lo mismo sucede con provincias como Córdoba que, sin acceso directo al río, utilizan igualmente la Hidrovía para movilizar su producción.
La licitación será llevada adelante por la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, a cargo de Iñaki Arreseygor, y las ofertas, que originalmente podrían presentarse hasta el 29 de enero próximo, ahora se aceptarán hasta fines de febrero.
El proceso está abierto tanto a empresas nacionales como internacionales y el Gobierno no descarta una eventual prórroga de tiempo si fuera necesaria. La mira, reconocen, está puesta en los grandes jugadores del sector: firmas holandesas, chinas y belgas, como Jan de Nul, que opera desde hace años la Hidrovía.
Lo que se licita es la operatoria actual, en manos del Estado, para que el ganador se tome un año en proponer las mejoras al sistema troncal de navegación en diálogo (y aprobación final) con la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegable de la Nación.
Anuncio de noviembre
En el anuncio del llamado a licitación el 19 de noviembre pasado, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, adelantó que los pliegos contemplan una “fuerte modernización” de la gestión de la vía fluvial. Entre otras medidas, está previsto que se sumen bases con radares y sistemas satelitales de seguimiento de los buques. También, que se renueve totalmente la señalización, “generando una navegación más segura” y con mayores “medidas de control para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”.El futuro concesionario, que pondrá fin a la estatización provisoria de la Vía Navegable Troncal (las tareas de dragado nunca dejaron de estar en manos de privados), deberá cumplir el plan de obras establecido en los pliegos de la licitación y el nuevo contrato, que determina las etapas de obras prioritarias que se deberán realizar en los primeros cinco años de la concesión.
El pliego, según se especifica en el modelo de contrato, contempla una licitación por un plazo de 30 años, que permitirá “una amplia participación de las empresas más importantes del orden mundial en términos de obras fluvio-marítimas”, según el Gobierno.
Fuente: La Nación