Si el lector es fanático de las series, no puede no haber visto House ofCards. En la tira de Netflix, que narra la historia del congresista ficticio Frank Underwood, se relatan sus peripecias para llegar a ocupar el cargo de presidente de los Estados Unidos. Si tienen la memoria fina, recordarán todas las técnicas y maniobras legales/cuasi legales/ilegales que empleaba el protagonista para influir en diversas decisiones de importancia para el destino del país. Bueno, algo similar a ese tire y afloje ha sucedido en la última semana en el país del norte.
La presidente de la Cámara de Representantes del Congreso, la demócrata (y opositora) Nancy Pelosi, ha anunciado el pasado martes el inicio de una investigación que puede dar lugar a un proceso de impeachmentque determine la destitución del 45° Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La declaración fue sorpresiva, ya que la congresista se había opuesto sistemáticamente a los pedidos de su partido para iniciar este tipo de mecanismos constitucionales.Acusaciones sobre la obstrucción presidencial a la justicia, la sospecha de colusión de la campaña de Trump con Rusia y las supuestas violaciones de las leyes de financiamiento de campañas generaron pedidos para la destitución del presidente. ¿Qué la llevó a cambiar de opinión con respecto a esta oportunidad?
El argumento que empujó a la veterana política estadounidense consistió en las alegadas presiones del mandatario de EE.UU. al presidente de Ucrania, VolodímirZelenski, para lograr que la justicia de ese país investigue al ex vicepresidente Joe Biden y a su hijo Hunter por sus negocios en Kiev. Lo grave del asunto radica en que Biden es el principal candidato de oposición para competir por la presidencia en 2020, por lo que se acusa a Trump de querer interferir en las elecciones internas con un asunto extranjero.
¿En qué se basan para hacer el pedido de investigación?
De acuerdo con reportes de medios de comunicación estadounidenses, un informante alertó a los servicios de inteligencia de una llamada que data del pasado 25 de julio entre el mandatario estadounidense y su par ucraniano, VolodímirZelenski, en la que Trump le pedía ayuda para investigar a Joe Biden, uno de los candidatos demócratas a las elecciones de 2020. Lo cierto es que esta historia se remonta a unos años antes. Tras el colapso del gobierno de Viktor Yanukovich, en el año 2014, el entonces vicepresidente Bidenviajó en varias ocasiones a Kiev para ayudar a consolidar al nuevo Gobierno de Poroshenko y, poco después, a su hijo Hunter lo contrata Burisma Holding, una de las mayores compañías de gas del país, con un salario mensual de 50.000 dólares. La Casa Blanca no consideró que hubiera un conflicto de intereses, pese a lo polémico del fichaje.Ese es el leitmotiv del cual se prenden Trump y su abogado personal Rudy Giuliani (ex alcalde de Nueva York) para tratar de buscar un posible caso de corrupción en el hijo del veterano demócrata. Acusan a Biden(quien, por cierto, lidera las encuestas) de haber logrado la destitución del fiscal general de entonces, ViktorShokin, con el fin de frenar una investigación contra Hunteren Ucrania. El exvicepresidente sí reclamó el relevo de Shokin, amenazando incluso -según reconoció él mismo en público- con cortarles ayudas prometidas, pero esa demanda era compartida por expertos de organizaciones anticorrupción que justamente denunciaban la inacción del fiscal, incapaz de lograr ninguna condena reseñable.
El informante que realizó la denuncia, resaltó que esta llamada del 25 de julio tuvo lugar junto a un hecho anterior que, en conjunto, se prestarían a sospechas: la entrega de una ayuda económica a Ucrania por 391 millones de dólares había quedado bloqueada. Tras este encuentro telefónico entre ambos mandatarios, Giuliani ha viajado en repetidas ocasiones a Ucrania. ¿Coincidencia?
El procedimiento
Cualquier miembro de la Cámara de Representantes (la Cámara Baja del Congreso) puede presentar una resolución pidiendo la destitución del presidente si considera que este es culpable de “traición, soborno u otros crímenes o delitos graves”. Dicha Cámara evalúa las acusaciones. Si una mayoría simple (51%) aprueba la destitución, se procede al juicio político. Tras esto, empieza el juicio. El presidente de la Corte Suprema de Justicia lo preside, mientras que miembros de la Cámara de Representantes actúan como fiscales y los miembros del Senado como jurado. El presidente puede nombrar abogados defensores. Al final del procedimiento, el Senado procede a una votación. Si el presidente es encontrado culpable por al menos dos tercios (67%) de los senadores, es destituido del cargo. El vicepresidente es el que deberá asumir el puesto por el resto del mandato. Esto nunca ocurrió en la historia de Estados Unidos. Los dos casos anteriores, los de los presidentes Andrew Johnson y Bill Clinton, terminaron en la negativa a la destitución.
Es muy importante saber que tiene que existir un argumento sumamente claro, preciso, comprobable y atribuible a la figura del presidente para hacer un pedido como el que hiciera Pelosi el pasado martes. Un proceso fallido llevaría a victimizar a Trump ante sus bases y resultaría contraproducente políticamente. De hecho, ya ocurrió. En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el mandatario reza: “Están tratando de pararme, porque estoy peleando por ustedes.” También, no puedo dejar de terminar esta columna sin mencionar que el año que viene hay elecciones presidenciales. ¿La campaña comenzó anticipadamente? ¿Se trata de un cruce de movidas sucias? ¿Cómo saldrá parado Donald Trump? El tiempo nos lo dirá.