A un mes de la intervención del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) por parte del Poder Ejecutivo y del corrimiento del directorio gremial compuesto por siete miembros, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) analizó el nuevo cuadro de situación y alertó que si bien el servicio mejoró aún sigue siendo deficitario para los afiliados.
ATE, a través del consejo directivo provincial que encabeza el dirigente Oscar Muntes, advirtió que “continúa el mal funcionamiento” de la obra social provincial “pese a estar intervenido por el Gobierno provincial.
“No estamos de acuerdo con la intervención, pero fue necesaria para que los organismos de control funcionen. No puede haber corrupción y el sistema de la obra social requiere de transparencia”, observó Muntes, secretario general de ATE Entre Ríos.
La obra social que maneja el segundo presupuesto más grande la provincia de Entre Ríos se encuentra atravesando “un proceso administrativo complejo que requirió de la supervisión del poder central para intentar resolver las falencias que no supo hacer el directorio”, señaló Muntes. “Algo no funciona bien, lo que falta es gestión en la conducción de la obra social. No se puede seguir de esta forma”, declaró.
Los primeros informes desde la intervención que llevó adelante el Gobierno provincial en diciembre 2024 advirtieron una fuga económica importante vinculada a las percepciones del directorio de organismo, que rondan los $16 millones (que incluye los gastos extraordinarios) por cada uno de los siete integrantes del cuerpo directivo, señaló el dirigente.
“Mientras tanto las prestaciones de los servicios de salud a las y los usuarios es deficitaria, presenta demoras excesivas para la entrega de medicamentos especiales y prótesis. Además, el porcentaje de amparos judiciales contra la obra social es cada vez más alarmante. Actualmente se presentan 150 amparos por mes, generalmente vinculados a personas con discapacidad, otorgamiento de prótesis y entrega de medicamentos especiales”, planteó el gremialista.
“No puede ser que los trabajadores para resolver sus necesidades tengan que recurrir a un amparo judicial o el tráfico de influencias. Hoy funciona de una manera un poco más eficiente, si bien no es lo ideal. Por eso, hay que rediscutir el funcionamiento de nuestra obra social pero tiene que seguir siendo administrada por los trabajadores y trabajadoras” indicó el dirigente.
Otro tema central que afecta a la obra social y que le compete al Gobierno provincial, añadió, es “la importante cantidad de trabajadores y trabajadoras precarizados que actualmente existe en la provincia que impide que puedan hacer su aporte económico pero que sin embargo utilizan los servicios”.
ATE había repudiado la decisión del Gobierno provincial actual cuando dispuso en diciembre de 2024 la intervención de la obra Social con el objetivo de fiscalizar la actividad del organismo público. “En seis meses, tiempo que dura la intervención por ley, nuevamente los y las trabajadores podrán elegir los representantes y con ello el funcionamiento de los organismos de control para garantizar el buen funcionamiento”, puntualizó.
Fuente: Entre Ríos Ahora