El exgobernador, Sergio Urribarri, y el exministro de Cultura, Pedro Báez, recurrieron nuevamente a los fueros para no ser llevados a juicio en la causa en la que están procesados, junto al empresario Germán Buffa, por el supuesto delito de negociaciones incompatibles con la función pública.
La investigación penal se abrió en 2013, tras una denuncia del diputado nacional (mandato cumplido) Jorge D´Agostino, a raíz de que Báez y Urribarri firmaron la contratación de una publicidad con la firma Global Means SA, de Buffa, antes de que esa firma estuviera constituida.
La causa, que está a cargo de los fiscales Viviana Ferreyra y Gonzalo Badano, tuvo varias novedades en las últimas semanas. En los primeros días de septiembre se supo que el juez de Transición Nº 2 de Paraná, Gustavo Maldonado, a cargo de la investigación, hizo lugar al pedido de la Fiscalía y elevó a juicio sólo a Buffa, puesto que los diputados cuentan con fueros y aún la Cámara de Diputados no resolvió nada al respecto.
Sin embargo, el 18 de octubre se conoció un nuevo fallo que declaró nula esa decisión de llevar a juicio por separado a Buffa.
El tribunal integrado por los vocales José María Chemez, María Carolina Castagno y Pablo Andrés Vírgala sostuvo que la inmunidad de los legisladores prohíbe su detención, pero que no impide que el proceso llegue a su conclusión con un juicio.
Tras esa decisión, la Fiscalía reformuló su pedido de elevación a juicio para todos los acusados. Es decir, que sean juzgados, aún con fueros, Urribarri y Báez.
“Atento a lo resuelto, y la vista corrida por la Jueza María Paola Firpo, se formula solicitud de elevación a juicio en relación a Sres. Sergio Daniel Urribarri y Pedro Ángel Báez, atento a que oportunamente se requirió en relación al Sr. Germán Esteban Buffa”, dice el escrito presentado por los fiscales ante el juez Maldonado.
En ese sentido, sostuvieron que entienden que “existen elementos de prueba suficientes que permiten sostener tanto la materialidad como la participación de los imputados en el hecho que les fuera atribuido, a efectos de requerir la remisión de causa a juicio”.
No obstante, el pasado 26 de octubre los defensores de Urribarri y Báez se opusieron a la elevación a juicio. El fundamento que dieron es que hasta que no se les conceda el desafuero no puede seguirse la causa en su contra. Urribarri es defendido por los abogados Marcos Rodríguez Allende y Raúl Barrandeguy; mientras que Báez es defendido por Ignacio Díaz. Buffa, en tanto, cuenta con la defensa de José Velázquez.
Según supo Entre Ríos Ahora, tras la presentación de los defensores, ahora se le notificó a la Fiscalía, que debe responder qué postura tomará al respecto.
El empresario, acusado de ser partícipe primario del delito de negociaciones incompatibles, maneja una franquicia de Planeta Pizza en Paraná e integra el directorio de Sociedad Anónima Entre Ríos (Saer). Además, está sindicado de ser “testaferro” del actual diputado Báez en una causa por enriquecimiento ilícito.
La causa
Esta causa se investigó la supuesta contratación amañada de la empresa Global Means SA. por un monto de $118 mil en concepto de publicidad. Ello ocurrió en julio de 2011, cuando Sergio Urribarri era gobernador y Pedro Báez estaba al frente de la Dirección General de Información Pública del Gobierno (luego pasó a llamarse Ministerio de Cultura y Comunicación).En el expediente, se le atribuye a Urribarri, que siendo gobernador, y Báez, como Director General de Información Pública del Gobierno, en fecha 1º de julio de 2011 “direccionaron hacia la firma Global Means SA, la orden de publicidad Nº 2038, por medio de la cual se contrató vía directa, los avisos titulados ‘Avisos 1: Entre Ríos Exporta’ y ‘Aviso 2: Entre Ríos invita’, a publicar en las ediciones Nº 91 y 92 del periódico Diario Agroempresario, correspondiente a los meses de agosto y septiembre del año 2011, por el precio total de $118 mil, aprobada mediante decreto Nª 1057 de fecha 18/04/2012”.
“Dicho direccionamiento arbitrario se produjo de común acuerdo y connivencia previa con el Sr. Germán Esteban Buffa, presidente de la firma Global Means SA, sorteando los mecanismos legales para garantizar la libre competencia de oferentes del Estado, sin observar la normativa vigente (Ley Nª 5140, decretos reglamentarios y Constitución Provincial), contratando los funcionarios referidos una empresa que al momento de emitirse la orden de publicidad no existía legalmente, ni cumplía con los requisitos para estarlo”, agrega la acusación.
La causa se abrió en 2013 tras una denuncia del diputado nacional (MC) radical Jorge D’ Agostino, en la que advertía que el gobierno de Urribarri adjudicó $1 millón en publicidad a diarios y revistas, a los que no identificó y $500 mil a Global Means SA, firma comercial con fecha de contrato social el 15 de agosto de 2011, con domicilio fiscal en La Plata, en Avenida 462, Piso 7, Departamento B, entre calles Agrelo y México.
El juez de Transición Gustavo Maldonado procesó a Urribarri, Báez y Buffa el 28 de febrero de este año. La resolución fue apelada por los defensores y el 27 de abril la Cámara de Juicios y Apelaciones confirmó los procesamientos.
El 14 de mayo el juez Maldonado solicitó a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados el formal desafuero de Urribarri y Báez. El expediente no fue tratado en Comisión ni en la Cámara de Diputados, que tiene 180 días para expedirse.
Fuente: Entre Ríos Ahora