Por Sol Fransoi (*)
En una nota publicada el 6 de mayo en El Entre Ríos, nos referimos a factores coyunturales y de mediano plazo que convergieron en las movilizaciones acaecidas en el marco del Paro Nacional de Colombia, iniciado el pasado 28 de abril. Sostuvimos que el detonante del descontento social fue el “atraco tributario”, una política económica de carácter anti popular que intentaba implementar el actual gobierno del uribista Iván Duque. Frente a la brutal represión a la protesta social, desencadenada tras el polémico trino del exmandatario Álvaro Uribe Vélez, en el cual llamaba a respaldar el uso de armas de fuego por parte de la policía y el ejército contra los manifestantes, el pueblo colombiano resiste en las calles motivado por el sueño de una nueva sociedad, lejos de la violencia perpetrada por un régimen político neoliberal y (para)militar. En esta nota nos concentramos en el discurso encubridor que se construye desde el gobierno y los grandes medios de comunicación, que estigmatizan a los manifestantes como “terroristas” y “vándalos”, para deslegitimar así la protesta social.
¿Quiénes son los vándalos y terroristas?
En lo que va del Paro, los grandes medios de comunicación masiva colombianos (RCN y Caracol) que responden a los intereses del gobierno y los sectores dominantes de la sociedad, no han dejado de referirse a la protesta social como el accionar de grupos de “vándalos” y “terroristas” que atentan contra la propiedad privada y el régimen democrático. En articulación con ello, múltiples acciones del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) y otras unidades de la Policía, fueron dirigidas a generar “disturbios” para luego inculpar a los manifestantes, y así poder consolidar la imagen del “vándalo” o “terrorista” en la protesta social. Por ejemplo, el pasado 2 de mayo en la ciudad de Cali, la explosión del Hotel Luna, donde supuestamente se estaban alojando miembros del ESMAD, fue atribuida a un grupo de presuntos “vándalos”, sin contar para ello con ningún tipo de prueba. Pocas horas después, se conoció un video en el que se observa al propio ESMAD ingresando varios paquetes al establecimiento justo en el momento del estallido. Con esto se demostró en redes sociales que el siniestro no fue provocado ni por “vándalos”, ni por “terroristas”.La retórica del “vándalo” o “terrorista” que reproducen el gobierno y los grandes medios de comunicación, se orienta a ocultar los verdaderos motores del descontento social, que como señalamos en la nota del 6 de mayo, no se reducen simplemente al rechazo a la propuesta de reforma tributaria, al incremento de la pobreza en el último año y al mal tratamiento de la pandemia, sino que involucra un acumulado de experiencias de violencia estatal y paraestatal, misma que se han sentido con mayor fuerza en las últimas dos décadas, desde que el uribismo llegara al poder.
El encubrimiento de las profundas razones de la protesta encierra una importancia crucial en la jugada del gobierno, ya que la intención de asignar la etiqueta de “terroristas” a terceros sería prácticamente insostenible para cualquier conocedor de las cifras que rondan al uribismo en el poder. Recordemos algunas:desde la firma del Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las FARC (2016) se asesinaron 276 desmovilizados y 904 líderes/as sociales y defensores/as de derechos humanos, 27.435 personas han sido desplazadas y en lo que va de este año se han realizado un total de 35 masacres (1). A esto se suma la cifra de los 6.402 jóvenes civiles que fueron asesinados por la fuerza pública y mostrados ante los medios de comunicación como “bajas en combate”, asesinatos que se presentaron durante los periodos de gobierno de Álvaro Uribe Vélez y han sido reconocidos por decenas de militares ante la JEP (Justicia Especial para la Paz). La represión desencadenada estos días tras el mencionado trino de Uribe, confirma una vez más quiénes son los verdaderos terroristas a los que se enfrenta el pueblo colombiano. A la brutal represión que involucró tanto el lanzamiento de bombas lacrimógenas, como el uso armas de fuego, se le suman: cortes de luz nocturnos, bloqueos de la señal de internet, desabastecimiento de alimentos, incursiones nocturnas intimidantes de las fuerzas de seguridad, sobrevuelo de helicópteros a muy baja altura y disparando gases, desaparición forzada de personas, etc., todo lo cual indica la implantación de un régimen terrorista.
Implantar civiles armados y hablar de “confrontación” para masacrar
En los últimos días se están dando a conocer otro mecanismo utilizado por el gobierno para reprimir a los manifestantes. Numerosos videos y fotografías subidas a las redes, muestran a personas de civil actuando en conjunto con la policía y disparando hacia los manifestantes, mientras que otros registros muestran formaciones de miembros de la institución sin uniforme. Fue bajo esta metodología criminal que en la ciudad de Pereira se abrió fuego contra el activista Lucas Villa, un símbolo de la protesta pacífica que, según informa El Espectador (2), recibió ocho disparos por un civil motorizado. Después de cinco días de luchar por su vida en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos), el cuerpo médico informó en la noche de ayer la muerte del joven, generándose gran conmoción entre los manifestantes.
Según denuncian los manifestantes, la utilización civiles armados coordinando acciones con la policía, consiste en un manido método del uribismo para ejecutar asesinatos y así desligarse de la responsabilidad oficial sobre dichos crímenes. Frente a este tipo de acciones, los funcionarios del gobierno callan y los medios en su afán por confundir a la opinión pública y encubrir el actuar sistemático puesto en marcha, las presentan como hechos aislados. Algunas personas asignan estas operaciones criminales a las “Águilas Negras”, una organización armada que desde hace varios años se ha dado a conocer por sus panfletos amenazantes y homicidios a líderes sociales, sin que el gobierno colombiano haya presentado capturas o investigaciones contundente. Ante el actuar coordinado de personas de civil armadas junto a la policía en el marco del Paro, algunos manifestantes aseguran que se ha puesto en evidencia la verdadera cara de las “Águilas negras”.
El accionar conjunto de la policía con grupos de civiles armados, se registró también en la ciudad de Cali, el pasado 6 de mayo, cuando se reportó el ataque a una concentración pacífica con disparos de armas de fuego desde un camión en el que se trasladaban personas de civil. El vehículo, que fue cercado por miembros del movimiento Guardia Indígena del Cauca y algunos miembros del Ejército que estaban en el lugar, contenía en su interior elementos oficiales de la policía y horas después la institución confirmó la pertenencia del vehículo. Lo mismo aconteció el domingo 8 de mayo también en Cali, donde un grupo de personas que se trasladaban en “toyotas” (camionetas) blindadas, escoltadas por la policía, dispararon contra un grupo de manifestantes de la Minga Indígena, un movimiento pacífico que ha sido reconocido internacionalmente por hacer frente a múltiples actores armados legales e ilegales, en un esfuerzo por tratar de expulsar la guerra de los territorios indígenas. El ataque sucedió cuando el grupo de indígenas se trasladaba hacia la Universidad del Valle en apoyo al Paro Nacional con nada más que sus escudos y sus icónicos bastones de mando, símbolo de la resistencia no armada. De este acto criminal perpetrado por las fuerzas de seguridad y el grupo de uribistas que portaban armas de corto y largo alcance, 8 personas resultaron heridas, entre las cuales se encuentran líderes y lideresas indígenas del CRIC (Consejo Regional Indigena del Cauca) que hace parte de la Minga.
Implantar policías de civil en una protesta pacífica y el actuar coordinado entre policías y civiles armados, consiste en otra estrategia terrorista del gobierno, utilizada para asesinar manifestantes sin contraer responsabilidades. Además, en este contexto, la metodología es utilizada para distorsionar los hechos y crear una mayor confusión, expandir el miedo y legitimar nuevas intervenciones en la zona, así como habilitar el recrudecimiento de la represión a la protesta social. Precisamente, luego del ataque, la Policía se pronunció, refiriéndose al mismo como un “enfrentamiento” entre indígenas y “ciudadanos” que querían impedir saqueos y ataques violentos por parte de los primeros. Estas declaraciones fueron fuertemente repudiadas, no sólo por tergiversar los hechos, al considerarlos como un “enfrentamiento” en lugar de un “ataque”, sino también por la carga racista subyacente a la separación mencionada entre indígenas y ciudadanos.
El día de ayer un nuevo trino del exmandatario Uribe alertó a la ciudad de Cali. Otra vellamó a las fuerzas públicas a“desmontar bloqueos”, alegando que un grupo de ciudadanos que se oponen al Paro son atacados con armas blancas y de fuego “por violentos”. Los manifestantes de la región denunciaron que con esta maniobra se busca crear confusión sobre los hechos, propagando la idea de que existen“confrontaciones” entre civiles y un supuesto clima de “guerra civil”. Recordamos a los lectores, que la noción de “confrontación” alude a enfrentamientos entre dos o más bandos armados, algo muy diferente a la noción de “ataque”, que remite a la embestida de un grupo armado sobre otro desarmado. Según denuncian los manifestantes, la utilización por parte del gobierno y de los grandes medios de la palabra “confrontación” en lugar “ataque” (que sería la definición apropiada), pretende legitimar el cercamiento y una mayor militarización en la región.“A la Cali antiuribista, la van a masacrar”, aseguró a la autora un joven informante oriundo de Cali.
La alegoría al fantasma
Además de aludir a la presencia de “vándalos” y “terroristas” y de camuflar los ataques a las concentraciones pacíficas, como “confrontaciones”, la retórica del gobierno y los grandes medios de comunicación también construye la idea de una especie de vandalismo a escala regional. En efecto, en los últimos días, el gobierno de Iván Duque ha señalado, con gran falta de originalidad, la injerencia de Nicolás Maduro en la protesta social colombiana. Se trata del ya manido recurso utilizado políticamente para deslegitimar las protestas en Chile y en Ecuador, entre otras coyunturas críticas de la desgraciada región latinoamericana. Bajo este discurso, se atribuye al caudillo bolivariano un poder casi sobrenatural sobre los sectores populares a lo largo y ancho de la región. De acuerdo con esta narrativa, el ubicuo fantasma de Maduro acecha la población latinoamericana, desde territorios tan australes como la Araucanía chilena, pasando por los Andes Septentrionales ecuatorianos, hasta llegar incluso al vecino territorio colombiano.La alegoría al fantasma de Maduro como base de la protesta colombiana, fue evocada por primera vez el pasado 5 de mayo, en el marco de aquel curioso foro denominado “Defensa de la Democracia en las Américas”, organizado por el Instituto Interamericano para la Democracia (IID), al cual, paradójicamente, asistieron personajes que se han destacado por su comportamiento autoritario y antidemocrático, como por ejemplo el presidente de la OEA, Luis Almagro, quien el año pasado apoyó el golpe de estado en Bolivia. También estuvo presente el presidente saliente del Ecuador, Lenin Moreno quien, según un informe de la Defensoría del Pueblo de su país, cometió delitos de lesa humanidad durante las protestas desplegadas en octubre de 2019.
Fue justamente este último personaje controversial quién, en ocasión de tal inconsistente foro, culpó públicamente a Maduro de las protestas en Colombia. Luego de que “#ElPeorPresidenteDeLaHistoria” (como indica la tendencia impulsada por los propios ecuatorianos), hiciera gala de su ya reconocido desprecio al pueblo tras lanzar la polémica frase “Ojalá hubiera tenido yo un mejor pueblo” (en una ceremonia que recordamos supuestamente se preocupa por la defensa a la democracia!!), el mandatario ecuatoriano aseguró la existencia de una “injerencia grosera” de Maduro en Colombia, algo que asimismo sostuvo (y nunca comprobó) cuando en su propio país estallaron las protestas. Al día siguiente, la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, respaldó los dichos de Lenin Moreno, y así también lo hizo el presidente Ivan Duque. Por supuesto, los grandes medios de comunicación, se precipitaron a asegurar en diferentes medios del mundo la injerencia de Maduro en la protesta social de Colombia.
Como si al pueblo colombiano le faltaran motivos reales, materiales y concretos para el descontento social, como si las cifras de violencia perpetradas durante los periodos del uribismo en el poder no fueran un detonante suficiente para expresar la bronca y para querer cambiar los cimientos de un país que se desangra para la violencia económica y (para)militar institucionalizada, los discursos del poder no dejan de señalar al fantasma de Maduro como la explicación última de las protestas; explicación vacía de contenido que se intenta respaldar en presuntas investigaciones realizadas por organizaciones de la inteligencia ecuatoriana y colombiana (3). Esta interpretación pasa intencionalmente por alto el hecho de que los sectores populares tienen sus propios móviles para converger masivamente en la protesta: una trágica historia nacional, signada por múltiples opresiones, es motivo más que suficiente para la actual movilización social, por lo que no se requiere de ningún motivador o mesías externo para explicar la tremenda crisis social, política e institucional como la de Colombia. La evidencia en este caso es tan contundente, que no hace falta tener afinidad política al “castro chavismo” para notar la inconsistencia de tal argumento.
Detrás del discurso oficial, las cifras son de terror
Hasta el momento, los crímenes perpetrados por el gobierno contra los manifestantes reportan cifras alarmantes. Según el último registro elaborado de manera conjunta por la ONG Temblores y por Indepaz, desde el 28 de abril al 9 de mayo se registran 47 víctimas de violencia homicida, 278 víctimas de violencia física por la policía, 963 detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes, 356 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas, 28 víctimas de agresiones oculares, 111 casos de disparos de arma de fuego por parte de la policía, 12 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública y centenares de desaparecidos. Si comparamos la cifras de los manifestantes que han sido asesinados en las últimas protestas de Chile, Estados Unidos y Colombia, la brutalidad de la represión en este último caso se torna evidente: mientras que en Chile se reportaron 34 muertos en 150 días, y en EEUU 30 muertos en 60 días, la cantidad de muertos en las manifestaciones de Colombia, ya alcanza los 37 en apenas en ocho días (Reporte de la ONG Temblores del 6 de mayo), cifras que hoy son más alarmantes ya que aumentan a 47 asesinados en apenas once días.
A pesar de todas las evidencias que revelan a quién corresponde verdaderamente la etiqueta de “terroristas”, el gobierno y los grandes medios de comunicación insisten en presentar al mundo un relato que estigmatiza a los manifestantes como “vándalos, delincuentes y terroristas”, verdaderos responsables de la crisis social e institucional experimentada por el país en los últimos días. La mentira y el cinismo alcanzan un grado tal, que en la entrevista realizada el viernes pasado por TN (Argentina) a Álvaro Uribe, el exmandatario afirmó que desde el gobierno no se han cometido crímenes de lesa humanidad. Lastimosamente, no explicó quién era entonces el responsable principal de las víctimas de violencia homicida y las demás acciones de las que se acusa a él y al gobierno de Duque. En definitiva,al entrevistar a Uribe como juez y parte del conflicto y al difundir únicamente como fondo imágenes de violencia, omitiendo por completo las masivas protestas pacíficas, esa nota no contribuyó más que a diseminar en nuestro país la retórica del gobierno criminal de Colombia, la que hasta aquí hemos intentado desmantelar.
En posteriores notas, presentaremos un análisis etnográfico sobre las manifestaciones pacíficas realizadas en diferentes puntos del país e impulsadas por los diferentes actores que convergen en el Paro Nacional: mujeres, hombres, trans; niños, jóvenes y adultos; afro, indígenas, mestizos y blancos; profesionales, artistas, bailarines, músicos; en suma, la compleja clase trabajadora del siglo XXI, que involucra tanto a los con y como a los sin salario. Dar a conocer esta faceta del Paro Nacional, permite avanzar aúnmásen la deconstrucción del discurso oficial, y también recuperar el sueño de los manifestantes por una nueva sociedad.
Referencias:
(1) Ver nota del 6 de mayo.
(2) Ver https://www.elespectador.com/noticias/nacional/paro-nacional-lucas-villa-recibio-ocho-disparos-y-esta-en-uci/
(3) Ver https://www.infobae.com/america/colombia/2021/05/06/vicepresidenta-de-colombia-denuncia-ingerencia-de-nicolas-maduro-en-el-paro-nacional-colombiano/
(*) la autora es entrerriana, oriunda de Concordia. Es antropóloga, egresada de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
Fuente: El Entre Ríos.