Las empresas areneras que no posean un certificado de informe técnico o favorable que haya sido emitido por la Secretaría de Ambiente provincial –que depende del Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico– deberán abstenerse por 45 días de continuar con su labor de extracción en el sur entrerriano.

Esto fue lo que ordenó el juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, al gobernador Gustavo Bordet.

El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, se refirió a cómo impacta esta medida en el gobierno provincial. “Es correcta”, indicó. “La medida no hace otra cosa que exigir el cumplimiento de la Ley de Minería de la provincia, que exige que todas las canteras –no solamente las que extraen arenas– tienen que tener habilitación de Minería, a partir de un registro, y un Certificado de Aptitud Ambiental”, explicó el funcionario.

“Ocurre que hay algunas que tienen Certificado, otras que lo están tramitando en distintas etapas y están las que no lo han tramitado. Entonces, de lo que se trata a través de esta decisión cautelar del juez federal es de ordenar esto y de darnos un plazo de 45 días”, indicó Rodríguez Signes. En ese marco, admitió “que no es el único caso, porque ya hay otro en la jurisdicción provincial. Y han existido en los últimos tiempos a esta parte muchos amparos ambientales requiriendo información y demás, porque el tema de arenas silíceas para usar en Vaca Muerta impacta de lleno en la Provincia de Entre Ríos”.

“Entre Ríos suministra arena a Vaca Muerta por millones de toneladas por año, de manera que hay que ajustar el cumplimiento de la Ley de Minería”, reconoció Rodríguez Signes.

Al ser consultado acerca de si existe alguna responsabilidad política o administrativa del Gobierno de la Provincia, y particularmente de la Secretaría de Ambiente, por haber permitido esta actividad a empresas que no tenían el Certificado correspondiente; el fiscal de Estado advirtió “que la Secretaría de Ambiente está totalmente desbordada porque la actividad se intensificó últimamente”.

“Hubo un tiempo en el que prácticamente Vaca Muerta estaba casi paralizada y ahora se ha vuelto a actividad y eso impactó sobre la Secretaría de Ambiente”. Y aclaró: “No me atrevería a decir que hay responsabilidades. Lo que digo es que hay que ordenarse, hay que cumplir con la Ley de Minería y las empresas que no tengan el Certificado, tienen que aportar los Estudios de Impacto Ambiental y la Secretaría tendrá que autorizarlos o no. Es decir, normalizar la actividad”, resaltó.

También se le requirió si ese concepto fue lo que la Provincia sostuvo cuando apeló el primer fallo y Rodríguez Signes lo negó porque aclaró “que planteamos una cuestión de competencia. En el primer fallo, el caso (Ricardo José) Luciano se planteó ante el juez federal y nosotros planteamos que era incompetente y fue luego a la Justicia provincial. Pero, más o menos se dispuso lo mismo: 45 días para regularizar todas las situaciones. Y después hubo otro caso, de otro interesado que planteó el caso nuevamente en el Juzgado Federal y ahí nosotros dijimos que no íbamos a plantear la cuestión de competencia para intentar resolverlo ahí porque no tenía mucho sentido un debate sobre el tema de la competencia. Porque el tema ambiental, nosotros admitimos que es de competencia concurrentes: Nación, Provincia, Municipios. Entonces también habilitamos esa vía. Como lo que se trata es de cumplir con la Ley de Ambiente y la Ley de Minería, entendemos que es correcta la decisión”, admitió Julio Rodríguez Signes.

El fiscal estimó que el desenlace más o menos previsible es que en este tiempo (45 días) las empresas se pongan en regla. Ambiente chequee que todo está en orden y habilitar nuevamente la actividad una vez que esto suceda. “La actividad está habilitada para aquellas empresas que tienen el Certificado de Aptitud Ambiental” y ejemplificó que YPF lo tiene en Ibicuy y se estima que es la más grande todas. YPF tiene su propio yacimiento, su propia explotación. Después recordó en Diamante la empresa “Arenas Argentinas” también tiene el Certificado de Aptitud Ambiental.

“Hay empresas que lo están tramitando, que lo han presentado y están muy avanzados porque tienen una prefactibilidad y hay otras que no lo tienen”, reiteró y valoró que “45 días es un plazo razonable para que todo lo que se tenga que ordenar se ordene”.

También fue consultado que más allá de la medida judicial, si hay alguna medición del impacto económico que tiene esta actividad en Entre Ríos. Al respecto, Rodríguez Signes reconoció que no ha hecho una evaluación económica. “Lo que sí puedo decir es que YPF va a demandar este año cuatro o cinco millones toneladas de arenas silíceas. Tuve oportunidad de ir a ver el emprendimiento de Arenas Argentinas en Diamante, donde la propuesta de ellos es sacar arenas del río, procesarla y enviarla embolsada a Vaca Muerta. En esa empresa le puedo decir que hay como 40 personas que están trabajando en ese emprendimiento. No he hecho una evaluación como para decirle el número es tanto; pero es una actividad importante”, resaltó.

“Todas las petroleras estaban importando arena hasta que advirtieron que era carísima esa operatoria desde Estados Unidos y comenzaron a explorar la posibilidad de extraer y procesarla acá. Y lo empezaron a hacer y es una actividad importante”, describió.

“En cuanto al volumen de toneladas de minería que se mueve en la provincia de Entre Ríos, en total computando arenas, broza, piedra, las distintas clases de canto rodado estamos hablando de aproximadamente 20 millones de toneladas”, calculó.

“Calculen que el valor promedio de la tonelada de los productos mineros entrerrianos, están alrededor de mil pesos”, confirmó el fiscal de Estado. Luego la cuenta es fácil: mil pesos por 20 millones de toneladas son 20.000 millones de pesos; al nivel de las canteras porque luego viene la comercialización minorista.

También fue consultado si la extracción de arenas genera impacto negativo en el ambiente y el fiscal de Estado reconoció que “el mayor peligro está en el manejo de la arena silícea, porque tiene una gran granulometría muy fina y muy resistente que la convierte en muy apta para hacer la ruptura de la roca y es una arena que, si no se trata bien, las personas que la aspiran pueden tener problemas de salud”.

También hizo observar que el consumo de agua para lavar la arena es bastante importante. Y eso es en lo que más se insiste en los estudios y certificados de impacto ambiental.

Al fiscal de Estado se le requirió si hay alguna estimación de cuánto le reporta a la provincia esta actividad. Al respecto, el funcionario recordó “que existe un fondo minero que recauda el área de Minería. No sé cuánto es actualmente. Pero, existe una resolución por la cual las canteras tiene que pagar un derecho por el otorgamiento del permiso para operar como cantera; después tienen que pagar un derecho de extracción por tonelada o metros cúbicos de producción, además de abonar la Guía Minera que es el documento que se utiliza para transportar los materiales. No tengo ese número, pero para la Provincia de Entre Ríos, justamente hemos estado evaluando, es que hay una gran diferencia entre lo que está recaudando el Fondo Minero y lo que debería recaudar conforme los volúmenes que le estaba graficando”, denunció el Fiscal de Estado.

“Por lo cual hay una presunción que hay mucha comercialización no registrada. Entonces esto de las exigencias de los Certificados, nos permitirá captar todo el movimiento y no solamente una parte como está pasando ahora”, expresó.

El fiscal de Estado también fue consultado si esto se relaciona en algo con lo que está ocurriendo con el dragado de la Hidrovía Paraná-Paraguay y admitió “que tiene mucho que ver. Porque hay empresas que plantean –y yo lo veo bien– no extraer la arena de la superficie, sino del río. Y eso tiene sentido, sobre todo en Diamante, donde nosotros tenemos problemas de dragado del canal de acceso. Incluso ambientalmente, desde el punto de vista nuestro, sería mejor extraer la arena del río que de la superficie”.

Fuente: Análisis Digital