El Tribunal Oral Federal de Paraná condenó a los médicos Miguel Torrealday, David Vainstub y Jorge Eduardo Rossi, propietarios del Instituto Privado de Pediatría (IPP) por la sustracción y sustitución de identidad de los mellizos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela, nacidos en cautiverio durante la última dictadura cívico-militar.

Torrealday fue condenado a nueve años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo período. Se lo consideró partícipe necesario de la cadena de sustracción, retención y ocultamiento de los mellizos y de la alteración o supresión de su identidad. Pero, al menos por el momento, no irá a la cárcel.

Tampoco Vainstub y Rossi irán a la cárcel, por ahora. En su caso, recibieron penas de seis años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo período como partícipes secundarios de la cadena que posibilitó el robo de bebés.

La inhabilitación absoluta, como accesoria de la pena de prisión, comprende la prohibición para el ejercicio de cargos públicos, la privación del derecho electoral (elegir y ser elegido) y hasta la suspensión en el goce de su jubilación, cuyo importe sería percibido por los parientes que tengan derecho a pensión.

El juicio sirvió para que por primera vez la justicia entrerriana impusiera un castigo sobre los cómplices civiles de la dictadura. Se trata, sin lugar a dudas, de un terreno poco explorado, y hasta eludido, en las investigaciones sobre apropiación de hijos de desaparecidos. En otras jurisdicciones se abordaron investigaciones por las adopciones con las que se intentó dar aspecto de legalidad. No fue el caso de los mellizos Valenzuela Negro. Aquí se juzgó la colaboración que prestaron los médicos.

Pero la condena que se les impuso a los médicos deja la extraña sensación de que no alcanza, porque no fue suficiente para romper el pacto de silencio que mantiene con su identidad suprimida al mellizo Valenzuela Negro, el protagonista ausente.

En la calle, frente a la militancia, Sabrina Gullino, la hija de Raquel y Tucho, celebró la condena a los médicos del instituto privado, aunque admitió que en su intimidada guardaba “fuertes expectativas de que los médicos hablaran”, que le dijeran dónde está su hermano, a quién se lo entregaron aquel lunes 27 de marzo de 1978. Pero no claudica y confía en que “el proceso de reconstrucción de la verdad, que es un proceso colectivo, empezó hace más de cuarenta años con la Madres, las Abuelas y los Hijos”.

A la vez, destacó Sabrina que “el juicio fue emblemático porque se pudo reconstruir desde el secuestro de Tucho y Raquel, el traslado de Raquel al Hospital Militar, se pudo constatar la coordinación que existió con el IPP; y el relato de las enfermeras y de aquellos que se animaron a romper ese pacto con la impunidad y con la jerarquía médica permitió completar ese rompecabezas”.

Fuente: Página Judicial