El escándalo que despertaron las denuncias de la Fabiola Yáñez acerca de la violencia que sobre ella ejercía Alberto Fernández refrenda la idea de que, sin importar los rangos, las miserias humanas están extendidas. La violencia, las fiestas, la incompetencia, refrendan también la noción de que todo lo que dice, hace, piensa o toca la política tiene alta probabilidad de ser ficción.
Quizás por ello se haya vuelto popular decir que son todos iguales, aunque haya muchos que intentan asignar esa igualdad a algunos y eximir a otros de la misma. Pero los asuntos relacionados con la violencia de género, como los que hoy se llevan los focos, han puesto en segundo plano cuestiones vinculadas con la corrupción. Corrupción que no sólo involucra el indebido enriquecimiento personal del corrupto, sino también las formas indebidas en que se financia la política.
Es habitual que los dirigentes, cuando les toca estar en la oposición, reclamen una transparencia a la cual, una vez que acceden a cargos electivos, prontamente olvidan. Lo que en campaña es enarbolado como una necesidad (cambiar la forma del voto, la forma de financiar las campañas, la forma de dirimir las internas partidarias) deja de serlo cuando los reclamantes toman el poder. La tentación de los gobernantes parecería mutar inmediatamente del altruismo cívico a la voluntad de consolidar los privilegios heredados una vez que son elegidos. De esa herencia nadie habla, porque nadie la quiere cambiar.
Entre tanto ruido mediático respecto de los actos de Alberto Fernández, empiezan a pasar a segundo plano algunos actos de gobierno que replican, en materia política, malas prácticas de los gobiernos anteriores. La más evidente es cómo se celebra, en las redes sociales, el hecho de que a partir de que la flamante Secretaría de Inteligencia del Estado recibiera fondeo por $100.000 millones, hayan salido a la luz un gran número de desfalcos administrativos, e incluso los propios actos privados de Fernández. Es más: se relacionan, abiertamente, los descubrimientos y el fondeo a la SIDE. ¿No es esto parecido al espionaje que los gobiernos anteriores hicieron de sus opositores, o de muchos jueces, desde la misma oficina? Las cosas que están mal, lo están sin importar quién las haga.
Disponer de fondos es imprescindible para armar campañas. Que se hayan separado las fechas de las elecciones regionales y la federal en 2023 fue clave para que Milei accediera a la Presidencia. En las elecciones regionales, su partido casi no obtuvo votos. Pero en la elección federal logró lo que logró.
Es un dato que el presidente Milei carece de estructura parlamentaria suficiente como para mover su agenda de gobierno, y que La Libertad Avanza necesita aumentar su representación en 2025. Como también es un dato que, para aumentar el caudal parlamentario y territorial de La Libertad Avanza, la hermana del Presidente ha encarado el armado nacional del partido. No puede hacerlo sin los fondos para hacerlo. Podrán variar las formas de hacer campaña, y algunas de las viejas formas podrán haber quedado perimidas, pero lo que no ha variado es la necesidad de dinero. Sea que la campaña se haga en la calles, como antes, o en las redes, como ahora.
¿De dónde saldrán los recursos que utiliza la Secretaria General de la Presidencia para armar el partido a nivel nacional? ¿De aquellos fondos reservados de la SIDE? La necesidad de reformar la política ya no parece ser un asunto de interés para el gobierno. Su ala política es, por lejos la que más poder ha concentrado. Quizás eso haga que, algún día, la gente que hoy cree estar ante algo distinto, empiece a sospechar que, en el fondo, también éstos podrían iguales.
Fuente: El Entre Ríos