<h5>Luis Mazurier</h5>
Enrolado en el PJ. Director del Diario El Sol de Concordia, en cuyas páginas se suelen dirimir las disputas internas del peronismo entrerriano. Designado en 2005 por Busti y Urribarri como presidente de la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande, con rango de "ministro".
<h5>Sergio Urribarri</h5>
Siendo ministro en 2005, firmó el decreto para designar a Mazurier y luego, ya como gobernador, lo sostuvo en el cargo durante ocho años más, a pesar de las auditorías del Tribunal de Cuentas y de las múltiples denuncias periodísticas que alertaran sobre irregularidades en la CODESAL y en el Hotel Ayuí. La única vez que amagó a recortarle poder fue en agosto de 2009, pero quedó en ridículo: prometió una reformulación "inmediata" del organismo pero que le quitaba poder a Mazurier pero jamás la concretó ni volvió a hablar del asunto.
<h5>Jorge Busti</h5>
Es el gobernador que elevó al Director del Diario El Sol al rango de "ministro" confiándole los destinos del Perilago de Salto Grande. Años después, cuando rompió con Sergio Urribarri, el tres veces exgobernador se alejó del escenario de los hechos.
<h5>Gustavo Bordet</h5>
A pocas semanas de asumir como gobernador, desplazó a Mazurier de la CODESAL. Pero en declaraciones periodísticas habló de que el Hotel Ayuí quedó en un "limbo jurídico", postura que coincide con uno de los argumentos defensivos de Mazurier.
<h5>Juan Carlos Chagas</h5>
Fue presidente de la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Como tal, según el relato del Fiscal Lafourcade, firmó un "bizarro" convenio, que luego el plenario de la CTM -que incluye a la Delegación Uruguaya- no ratificó. Se trata de una pieza jurídica clave con la que -según la Fiscalía- se quiso evitar que el Hotel Ayuí pasara a manos de la provincia y, en cambio, continuase por 50 años en poder de una SRL cuyas acciones serían compradas por dos monotributistas prestanombres de Mazurier.
<h5>Alberto Jesús Villanueva</h5>
Es el segundo imputado en la causa, como partícipe necesario en la maniobra de apropiación del Hotel Ayuí. En un meteórico ascenso, paso de encargado de cantinas de la CODESAL a socio de una Sociedad Anónima para administrar hoteles (FIDEINSA SA), y a comprar acciones de la SRL Balace, concesionaria del Ayuí. Factura las habitaciones con otra firma propia: CIBERHOTELES. Empleados del hotel aseguran que Villanueva jamás aparece y no descartan -por lo que han escuchado decir- que sea hijo de Luis Mazurier.
El 11 de octubre de 2013, Villanueva libra un cheque del Banco Galicia en favor de Mazurier por 30.000 pesos. El fiscal se pregunta cómo pudo el encargado de cantinas de la CODESAL pagarle a su jefe, el presidente del organismo.
FirstData, empresa prestataria de tarjetas de crédito, informa que CIBERHOTEL, firma que está a nombre de Villanueva, entre 2012 y 2014 movió 900.000 pesos.
<h5>Cintia del Rosario Mengeon</h5>
Es la tercera persona imputada. Como Villanueva, considerada partícipe necesaria en la apropiación del Hotel Ayuí.
Mengeon es madre de al menos un hijo de Mazurier, al que luego se le habría sumado un segundo. Es socia-empleada de COTRAPRETEL, la cooperativa que edita el Diario El Sol y fue contratada de la CODESAL.
Los empleados cuentan que Mazurier presentó a Mengeon como Gerente del Hotel Ayuí, aunque dijo llamarse Rosario Dri, hasta que se descubrió la mentira.
Cintia Mengeon recaudaba el dinero por la venta de las habitaciones y gestionaba otros aspectos de la vida del hotel.
Según los registros del BERSA, cobró en el 2015 18 cheques librados por la CODESAL por un total de 356.973 pesos. Y su hermana Antonella Mengeon otros 13 cheques por un total de 273.385 pesos.
<h5>Alejandra Cáceres</h5>
Empleada-socia del Diario El Sol. Siendo monotributista, primero crea la sociedad anónima FIDEINSA para gestionar hoteles, junto a Villanueva, y luego aparece comprando las acciones de BALACE SRL a Bacigalupe, Segovia y Lapiduz.
Según los registros del Nuevo BERSA, Cáceres cobró cuatro cheques de la CODESAL por 89.560 pesos.
<h5>José Carlos Lujan</h5>
Es el titular de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de Entre Ríos.
El Fiscal Aníbal Lafourcade considera que entorpeció la investigación, al retacear información requerida mediante oficios sobre BALACE SRL.
El Fiscal anunció que pondrá a consideración del Procurador General de la Provincia la actuación de Luján, para "ver si corresponde la denuncia penal". Lafourcade entiende que "la corrupción y el fraude a la Administración Pública se pueden dar por la connivencia y el encubrimiento que hay en la burocracia de los estados nacionales, provinciales y municipales".
<h5>Sara Inés Chapado</h5>
Abogada, funcionaria de la Comisión Técnica Mixta. La Fiscalía considera que fue responsable de que CTM demorara 4 años en aporta información sobre el comodato de cesión del Perilago y el Hotel Ayuí a la provincia.
Al igual que en el caso de Luján, el fiscal anunció que elevará al Procurador General de la Provincia un detalle sobre la actuación de Chapado para "ver si corresponde la denuncia penal".
<h5>Julio Rodríguez Signes</h5>
Es el titular de la Fiscalía de Estado de la Provincia, responsable del control de la legalidad de los actos oficiales.
No fue explícitamente nombrado aún por ninguna de las partes, pero no será de extrañar que a medida que avance la causa rumbo al debate, lo que haya hecho o -sobre todo- omitido hacer Julio Rodríguez Signes resulten piezas claves.
El Fiscal Aníbal Lafourcade en su denuncia describe un presunto agujero negro de una década, gracias al cual un organismo público se habría manejado al margen de los procedimientos legales que deben regir el accionar del Estado, algo que Rodríguez Signes debió controlar.
Fuente: El Entre Ríos