A través de un documento, legisladores nacionales de Juntos por el Cambio reclamaron a la Justicia y al gobierno de Entre Ríos que se tomen medidas “para evitar la multiplicación de toma de tierras”.

Sin nombrar a Luis Miguel Etchevehere ni el caso que lo involucra en el conflicto con su hermana Dolores, los legisladores consideraron que “en el marco de la premeditada inacción del gobierno nacional y el fomento de dirigentes sociales que, en muchos casos, responden al propio gobierno y hasta detentan cargos en él, esta modalidad se ha transformado en una pandemia nacional y no cabe más que deducir la existencia de un plan sistemático destinado a violentar la propiedad privada”. En este sentido, señalaron a la gestión de Gustavo Bordet como formando parte “del mismo plan, con idéntica mecánica”.

“’La propiedad privada es inviolable y nadie puede ser privado de ella sin sentencia fundada en ley’, dice la Constitución que todos juramentamos respetar. Y más allá de los intereses de los propietarios brutalmente usurpados en todo el país, nuestra exigencia se basa en la convicción indeclinable de hacer cumplir la Ley Fundamental en todo el territorio de la Nación”, subrayaron los diputados y senadores nacionales.

Los legisladores cargaron contra la desidia del Poder Ejecutivo: “Es imposible que las autoridades puedan ignorar una situación que se multiplica a lo largo del país, ni que se vean sorprendidos por las tomas. La inacción en materia de prevención no es otra cosa que complicidad”, precisaron.

La ausencia del Estado en la custodia de derechos constitucionales fundamentales genera un severo riesgo para la paz social, resulta una declinación inadmisible del uso de la fuerza legítima que los ciudadanos delegaron en el Estado y pone a la sociedad en un estado de indefensión que no puede sostenerse frente al tumulto usurpador” definieron y exigieron “el inmediato cumplimiento del mandato constitucional de custodia de los derechos básicos de los ciudadanos”

Finalmente, pidieron que se restablezca “a la mayor brevedad posible la plena vigencia del Estado de Derecho”, al solicitar celeridad en la acción de la Justicia ante “situaciones que se están planteando en la provincia de Buenos Aires, la Patagonia y Entre Ríos”.

Fuente: Página Política