Una constante: licitar una obra pública, acordar un sobreprecio con la empresa contratista ligada al gobierno de turno y un reparto generoso para los involucrados que se apropian del dinero público. La situación se repite en gobiernos de diferente color político y geografía. Desde la megacausa de los Cuadernos que involucra a los grandes jugadores de la patria contratista hasta la causa “Vialidad” que hoy arrincona a la vicepresidenta Cristina Fernández.
El negocio de los sobreprecios
Pero el modus operandi también alcanza a intendentes de localidades más pequeñas, que están fuera de las luces de los grandes medios de comunicación. Este es el caso que investiga sobreprecios en la pavimentación de 14 cuadras en el municipio de Larroque, en Entre Ríos, bajo la administración del exintendente y exdiputado provincial, Raúl Riganti. En esta causa, el sucesor de Riganti en la intendencia de Larroque, Darío Benedetti (Cambiemos) se transformó en una suerte de “héroe” de la política cuando decidió devolver 13 millones de pesos al Gobierno Nacional al considerar que ese era el monto del sobreprecio en una obra de pavimentación de su localidad. La pata empresaria de esta historia es la firma OICSA (Organización Industrial Construcciones SA) del empresario Daniel Hereñú. Este empresario ya fue condenado por esta y otras causas relacionadas a obras públicas en Entre Ríos, en el que admitió ser parte de maniobras para cobrar cifras por encima del valor real de las obras públicas. Según parece, y tal como lo admitió poco antes de morir el empresario Victor Pietroboni, las coimas forman parte del presupuesto de las contratistas de obra pública.Intendentes en la mira
A pesar de la enorme cantidad de casos similares, hasta ahora la política ha sabido zafarse de los brazos de la Justicia. Sin embargo, el cúmulo de pruebas llevará al banquillo de los acusados a Riganti en los primeros meses de 2023. Para abril del año que viene está previsto que el exintendente de Larroque se someta a juicio oral y público nada menos que junto al actual Intendente, Leonardo Martín Hassell, entonces secretario de Gobierno al momento de la supuesta comisión del delito. Todos enfrentan la acusación de los presuntos delitos de administración fraudulenta en perjuicio del erario público, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.En el aire sobrevuelan denuncias similares, más mediáticas y periodísticas que judiciales, para otros ex mandatarios entrerrianos señalados por maniobras similares. Ese es el caso de obras públicas en las localidades de Seguí y Santa Elena, donde están acusados, entre otros, el intendente Cristian Treppo y el intendente Domingo Daniel Rossi, respectivamente. Sin embargo, la causa de Larroque será la primera que llegará a juicio con un exintendente y el actual intendente sentados como acusados.
Políticos sí, empresarios no
La causa lleva seis años. Se inició en 2016 y promete novedades para inicios del año electoral. Sin embargo, allí la pata empresaria no será parte del juicio: el titular de la firma OICSA, Néstor Hereñú, accedió a una suspensión de juicio a prueba, admitiendo su responsabilidad en el caso. Lo mismo ocurrió cuando se probaron delitos similares de parte de los empresarios Miguel Marizza, Iván Szczech, Rubén Grasso y Daniel Hereñú, todos beneficiarios de los principales contratos de la Cumbre del Mercosur que organizó Sergio Urribarri en sus tiempos de Gobernador. Allí, los empresarios admitieron ser parte de maniobras de sobreprecios. Sin embargo, los cuatro empresarios corruptos pagarán una suerte de “multa” de 2,5 millones de pesos cada uno y así evitar la cárcel.Cortar la fuga de fondos
Los antecedentes muestran que mientras los empresarios “zafan” de las condenas o las eluden aportando unos pocos millones de pesos, la política empieza a tropezar con algunas piedras judiciales. Ya llegó la condena por corrupción para Sergio Urribarri y su cuñado, Juan Pablo Aguilera, en la denominada megacausa. Y ahora están en la mira dos figuras de la política que se desempeñaron como intendentes: uno en ejercicio y otro que pasó por la función pública.La justicia tendrá la oportunidad no sólo de aplicar las sanciones que correspondan para casos de corrupción, sino de brindar una señal inequívoca hacia la política entrerriana para frenar la permanente fuga de fondos que se diluyen detrás de los sobreprecios en la obra pública.