La directora de Vialidad Provincial y excoordinadora de la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur, Alicia Benítez, declaró este jueves. Contó que el exgobernador Sergio Urribarri la llamó para encargarle la puesta edilicia a punto para realizar la Cumbre. “Me dijo que se jugaba la vida, porque quería ser candidato, quería ser elegido”, dijo.
Manifestó que entre agosto y septiembre de 2014, Urribarri se comunicó con ella por teléfono y le encomendó las tareas en los edificios donde desarrollarían la Cumbre del Mercosur. En ese momento ella ocupaba la Secretaría de Obras y Servicios Públicos dependiente del Ministerio de Planeamiento de la provincia. Alicia Benítez está imputada en otra causa, justamente por su intervención en el marco de la Cumbre del Mercosur.
Eso generó una discusión entre las partes, puntualmente los defensores Miguel Cullen y Raúl Barrandeguy. El primero pidió prudencia con las consultas y el segundo reclamó eximirla del juramento. El tribunal resolvió la cuestión, atendiendo la marcación de Cullen y entendiendo que la declaración de Benítez estaba convenida por las partes en la convención probatoria.
“El gobernador me llamó por teléfono y me dijo hay que hacerlo en Paraná. Irá Tito Fernández, que es Alberto Fernández y en ese momento era jefe de ceremonial y te explicará. Me reiteró que había que hacerlo, porque en esto a él se le iba la vida. Hay que hacerlo -reiteró-, hay que hacerlo en Paraná. Me dijo que él, personalmente, quería ser candidato, quería que lo eligieran. Por lo tanto había que hacerlo. Me repitió esto, en dos oportunidades me dijo que quería ser elegido y ser candidato”, pronunció la funcionaria.
Tras la pregunta del fiscal Gonzalo Badano sobre si Urribarri le explicitó para qué cargo quería medirse, Benítez fue clara: “No recuerdo si me dijo que quería ser presidente, sí que quería ser candidato y elegido”.
Cuando la Cumbre del Mercosur ya estaba en marcha, Benítez se lo encontró en un pasillo al exgobernador. “Después de eso, volví a hablar en un acto. Estaban entrando los presidentes, me llamó a través de un secretario a un pasillo de la Vieja Usina. Me encontré en el pasillo con él. Me dijo que había un requisito de la presidenta, que había que atenderla. Me repitió que se jugaba la vida en esto. Me reiteró: ‘Tengo que estar bien con ella, tengo que estar bien con la Nación’. Yo le contesté que estaba referida a las obras y no a los servicios para la presidenta. Me volvió a decir que tenía que estar bien con ella y con la Nación”, afirmó. Aseguró después: “En ese momento, él me habló de su sueño. Me dijo ‘necesito estar bien con la señora y la Nación’”.
–¿Le dijo cuál era su sueño? –preguntó el fiscal Badano.
–El sueño es que quería ser candidato a presidente –respondió la testigo.
La titular de Vialidad hizo una declaración breve, puntual, incriminante. La suya es la primera testimonial que refiere al exgobernador Urribarri. Remarcó que la segunda conversación con el exmandatario, el encuentro personal en un pasillo fue “el mismo día que se desarrolló el Mercosur, el 14 de diciembre, cuando estuvieron todos los presidentes. Fue un minuto o dos la conversación, lo suficiente para esta charla”. No volvió a hablar con Urribarri después.
Declaró la perito del MPF que analizó las llamadas
“Disculpe pero advierto que no están presentes los doctores Fouces y Cullen y no se puede continuar en estas condiciones porque hay imputados que no tienen su defensa”, intervino Chemez. Así tuvo que interrumpir el presidente del Tribunal a la testigo y contadora Victoria González Brunet, integrante del gabinete de análisis de prueba del MPF.Los abogados habían salido del salón entre testigo y testigo, pero no retornaron para cuando se retomó la audiencia. Chemez los retó por los riesgos que eso tenía para la audiencia y los llamó a la responsabilidad. Los letrados pidieron disculpas.
Antes de que los defensores retornen a la audiencia, González Brunet refirió a los pedidos que le hacen desde el MPF en el marco de las investigaciones y respondió: “Ellos nos hacen un pedido de qué analizar, pero no nos dicen cómo debemos analizarlo. Yo no recibo directivas técnicas de los fiscales, porque además creo que hay cuestiones que no tienen por qué manejar”.
Los fiscales le fueron mostrando distintos informes realizados por el gabinete en base a las pruebas vinculadas a la causa por la realización de los 4 spots para los que fue contratado la empresa de Jorge Corcho Rodríguez, Nelly Entertainment, como así también en la causa que investiga el parador que se montó en el balneario de Mar del Plata. Principalmente, la testigo informó sobre lo que hace a las titularidades de distintas líneas telefónicas vinculadas a las empresas que fueron investigadas en estas causas, de distintos estamentos públicos que solicitaron líneas utilizadas por funcionarios en el tiempo investigado y familiares del entorno del exgobernador Urribarri.
En definitiva, fue ratificando las titularidades de cada línea telefónica que es prueba en la causa y poniendo en evidencia la cantidad de contactos que hubo entre los empresarios, funcionarios y familiares del entorno de Urribarri en los momentos previos a las contrataciones. Analizó las líneas de Sergio Urribarri, Franco Urribarri, Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez, entre otros.
El fiscal Badano le consultó a la testigo por qué había decidido incorporar a sus informes la línea de Franco Urribarri y González Brunet respondió: “Tomé la decisión porque durante otros allanamientos que se realizaron en junio del 2018 en la sede de la empresa Relevamiento Catastrales –cuyo titular es Diego Armando Cardona Herreros- se encontraron dos facturas de la agencia de viaje Interfly Tour emitida a Relevamientos Catastrales donde daban cuenta de la compra de unos pasajes a Mar del Plata para Caruso, Aguilera y Franco Urribarri”.
La testigo informó que la agencia de viajes amplió la información en diciembre del 2018 y que en esa ampliación quedó evidenciado que “los pasajes fueron emitidos a pedido del propio Cardona Herreros”. De esa compra se emitió una factura con fecha de 10 de noviembre del 2014.
La empresa de Caruso pagó los carteles en Buenos Aires
Ana Paula Olaverría, titular de la cooperativa “X la plata publicidad” fue el primer testimonio de este jueves en el megajuicio. Contó que “El juego en que andamos” de Gerardo “Foia” Caruso, imputado en el proceso, pagó los cien carteles en los que se promocionó al exgobernador Sergio Urribarri, en la provincia de Buenos Aires con la leyenda “El próximo paso Urribarri”.
Olaverría preside la cooperativa. Entró en 2009, cuando la estaba a cargo de su padre. “Es una cooperativa que creó mi padre en 2001, pertenecía a una empresa privada. La situación del país cambió y se formó esa cooperativa, ingresé con él, aprendí del rubro y en 2013 me puse a presidirla yo”, declaró.
Dijo conocer Javier Phillips -publicista intermediario con “El juego en que andamos” para la publicidad de Urribarri en los carteles ruteros-. “Es vendedor free lance de publicidad. Él trae clientes y cobra una comisión por campañas que le hacemos. En febrero de 2015 nos contactamos. Nos propuso hacer la campaña del señor Urribarri, poner carteles en todas las rutas de la provincia de Buenos Aires. Al trabajo se lo encargó Juan Pablo Aguilera. A eso lo sé por lo que dijo Javier. Yo no tuve relación con Aguilera”.
La testigo dijo que el acuerdo fue por tres meses. “A mitad de marzo nos pagaron el primer mes, la campaña estaba colocada. Los primeros días de abril empezamos a insistir para que nos sigan pagando y como eso no pasaba, dimos de baja la campaña. Inmediatamente no retiramos los carteles. Cuando nos dejan de pagar es un costo mayor, un riesgo que decidimos tomar como empresa”, apuntó.
Sostuvo después que la de Urribarri “era una campaña de posicionamiento” en la que se apreciaba “la cara de Urribarri, Cristina y Kirchner y decía el próximo paso”. “Son campañas preliminares, para dar a conocer la cara de los políticos, sin especificar el rol. Las campañas tienen una duración, entonces no pueden estar dos años antes poniendo el cargo que van a promocionar”.
El dueño de las máquinas
Testimonió después Santiago Alfiz, responsable de la empresa “Tiempo Beta” que prestó servicios en el parador de Mar del Plata. Fue contactado por Caruso para cerrar trabajos técnicos sobre los inflables en la playa La Perla, en enero de 2015. El testigo dijo ser “amigo de Caruso”.“Básicamente mi trabajo consistió en proponer sobre las necesidades que había, un escenario, sonido, electricidad, servicio sanitarios, recreativos, todo lo que demandó la actividad”. Dijo que la maquinaria fue trasladada de Buenos Aires a Mar del Plata en camión. “Normalmente sucede que estas cosas son urgentes. Es un trabajo que cuando tenemos que ir a otro lado, tiene más complejidad. Como este trabajo era duradero, llevamos las cosas nosotros, cuando es más corto, de días, usamos proveedores”.
Declaró que el contacto con Caruso “debe haber sido en diciembre, cercano a la fecha”. “Me fui con mi familia para seguirlo ahí de primera mano. El armado llevó unos 10 o 12 días”, testimonió.
La empresa que fabricó los inflables del parador playero
Por su parte, el contador Vicente Lo Giudice es el titular de una empresa que realiza juegos inflables. Gerardo Caruso, a través de la empresa,lo contrató para la confección de los cuatro juegos inflables que se instalaron en enero del 2015 en la playa de Mar del Plata. Su empresa se llama Blimps Works Argentino.“Nosotros confeccionamos de cero esos cuatro juegos inflables. Nos demoramos entre 15 y 30 días para la realización. Lo hicimos en nuestra fábrica de Moreno y lo enviamos en uno o dos camiones, no más de eso. La instalación en la playa demoró unos 5 días hábiles para la instalación y ese tiempo demandó la apertura al público”, expresó ante el Tribunal.
El fiscal Ramírez Montrull le exhibió la factura de la transacción en donde figura el monto en el que Blimps Works Argentino le vendió a caruso los cuatro juegos inflables: $1.361.250. Los juegos fueron solicitados en noviembre del 2014.
Gerardo "Foia" Caruso, particular interesado en la discusión que se viene desarrollando, estuvo presente en la primera parte de la jornada. Pasadas las 11 se retiró para tomar un avión de vuelta a Buenos Aires.
Causas acumuladas
El megajuicio acumula cinco legajos por presunta corrupción en el gobierno de Entre Ríos, bajo los mandatos del exgobernador Sergio Urribarri -quien está exceptuado de participar de la audiencia para cumplir con sus tareas en las embajadas de Israel y Chipre, donde vive actualmente con su esposa Ana Lía Aguilera-.El primero de los legajos investigados en el Ministerio Público Fiscal -representado en este debate por la fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche, y los fiscales Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull- se conoce como “causa de la vaca” o “causa delas imprentas”. Tiene como imputados al exgobernador Urribarri; el ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez; a Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador y empleado del Senado; a Alejandro y Luciana Almada; a Maximiliano Sena; a Emiliano Giacopuzzi -los cuatro como directivos de las empresas Tep y Next-; a Gustavo Tamay como responsable de certificación de publicidad en la vía pública del exMinisterio de Cultura y Comunicación; y a Corina Cargnel, contadora de las empresas.
La hipótesis principal apunta al direccionamiento de publicidad estática en las calles y rutas, en favor de las empresas que adjudican a Juan Pablo Aguilera. En esta causa también está imputado el publicista de Concepción del Uruguay, Fernando Montañana, pero fue apartado del debate oral y se lo juzgará oportunamente porque atraviesa una situación de salud comprometida. También estuvo imputado en este proceso el publicista paranaense Jesús Bustamante quien, en febrero de 2018 arribó a un acuerdo de juicio abreviado con Fiscalía por el cual aceptó una pena condicional de 2 años y 8 meses. Estos dos publicistas, sostienen los fiscales, aceptaron aparecer como beneficiarios de diversas contrataciones con el Estado entrerriano siempre y cuando retornaran parte del dinero percibido a las empresas Tep y Next que, de ese modo, concentraron toda la publicidad en la calle. La investigación abarca un período que va de 2010 a 2015.
Se ventila también el legajo conocido como “sueño entrerriano” que acumula tres expedientes: la causa Cumbre del Mercosur; Parador Playero en Mar del Plata; y Solicitada. Los imputados son Urribarri; Báez; Gustavo Javier Tórtul; Aguilera; Cargnel; el exministro de Turismo; Hugo Marsó; y Gerardo Caruso. La hipótesis acusatoria sostiene que a través de gastos del Gobierno de Entre Ríos se financió la campaña presidencial del exgobernador Urribarri.
El último legajo del megajuicio es el conocido como “Global Means”, a partir del cual se investigó la adjudicación de publicidad en 18 medios gráficos del país a una empresa que, cuando recibió el beneficio, no estaba constituida como tal y tampoco aparecía en el registro de proveedores del Estado.
En el debate intervienen, además de los fiscales, los defensores Raúl Barrandeguy; Candelario Pérez; Marcos Rodríguez Allende; Emilio Fouces; José Velázquez; Ignacio Díaz; Juan Méndez y Miguel Cullen.
El tribunal está compuesto por José María Chemez, carolina Castagno y Elvio Garzón. La audiencia comenzó el 27 de septiembre pasado y no se sabe bien cuándo concluirá, debido a la complejidad de los delitos investigados, a la profusa prueba documental que se va exponiendo en el debate y a la cantidad de testigos previstos.
Los delitos acusados son Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la administración pública. Los fiscales calculan un desfalco que supera los 7 millones de dólares.
Fuente: Análisis Digital