Estaba citado para las 10 de este miércoles, pero a último momento su abogado acordó la cita para las 7 y así evitó a cualquier trabajador de prensa.
Madrugando para evitar la foto
El ex gobernador Sergio Urribarri se presentó este miércoles a las 7 de la mañana en el juzgado de Transición Nº3 de Gustavo Maldonado. La cita fue para prestar declaración indagatoria, en el marco de la causa por en la que está imputado por supuestas negociaciones incompatibles por el otorgamiento de publicidad oficial, sin respetar los requisitos administrativos.
“Hay malestar de la fiscal de la causa, la doctora (Viviana) Ferreyra con el juez Maldonado que 24 horas antes permitió con un defensor (Marcos Rodríguez Allende) el cambio de horario a las 7 de la mañana”, se dejó trascender. De inmediato, se admitió que la fiscal “no pudo llegar a tiempo y sólo estuvo al final” del encuentro.
Enojo de la fiscal
Urribarri fue atendido personalmente por Maldonado, la fiscal “llegó tarde y ofuscada por el cambio de horario y sobre la hora”, se indicó.Urribarri y compañía debieron declarar en Tribunales en diciembre pasado ante la entonces jueza de Transición Nº1 Gabriela Garbarino, pero lograron reprogramar las indagatorias para este mes. Entonces, el abogado del exgobernador, Marcos Rodríguez Allende, solicitó aplazar la declaración ya que no podía estar junto a su defendido por problemas de salud.
Pero además de Urribarri, también solicitaron reprogramar la cita los abogados de los demás imputados. El exministro de Comunicación y Cultura y actual diputado del FpV, Pedro Báez, argumentó que tenía “una agenda apretada” en la Cámara de Diputados. En tanto, el empresario Germán Buffa salió beneficiado gracias a su abogado José Velazquez, quien manifestó que tenía otras audiencias que le impedían estar en la indagatoria.
Fuentes judiciales confirmaron que esta vez no hubo ninguna presentación por parte de Urribarri para evitar la indagatoria. Además, se precisó que hay voluntad del ex gobernador de presentarse a responder las preguntas del juez.
La causa está a cargo de la fiscal Viviana Ferreyra y se tramita bajo el viejo Código Procesal Penal. Por esa razón es un juez quien llevará adelante las indagatorias y, luego de analizar el caso, definirá si los procesa o dicta una falta de mérito.
Una causa que se encamina al juicio
Esta causa es una de las que se pueden considerar menores en el prontuario de Urribarri. Camino al juicio ya se encuentra la que investiga la asignación de publicidad a las empresas Next SRL y TEP SRL ligadas a su cuñado Juan Pablo Aguilera, por la cual se le trabó un embargo de $26 millones, cifra que tiene relación con el supuesto daño a la administración pública calculado por los fiscales Alejandro Cánepa y Patricia Yedro, que estimaron en $24 millones.La lista de causas judiciales la completan la que investiga la instalación del Parador en Mar del Plata en 2015; la solicitada de $4 millones contra los Fondos Buitre; la contratación a la empresa Nelly Entertainment SA, de Jorge “Corcho” Rodríguez. En todas los fiscales sospechan que sirvieron para financiar la frustrada campaña presidencial de Urribarri en 2015, que se publicitó pomposamente como “El Sueño entrerriano”.
La investigación se abrió en 2013 por una denuncia presentada por el diputado nacional (mandato cumplido) Jorge D’ Agostino (Cambiemos). La presentación señalaba que durante la gestión de Urribarri y Báez en el ministerio de Comunicación “se utilizó como un patrón el uso de la excepción y el pago previo antes de la cotización, violando las reglas de la contratación pública y el cotejo de precios, así como las reglas de la adjudicación directa, porque todos (los pagos) fueron de mayor valor”.
Entre las empresas beneficiadas con pauta y que no habría cumplido los requisitos básicos para su contratación se encuentra Global Means SA, que integra el contador Germán Buffa.
D´Agostino advirtió que el gobierno de Urribarri adjudicó 1.000.000 de pesos en publicidad a diarios y revistas, a los que no identificó y 500.000 pesos a Global Means SA, firma comercial con fecha de contrato social el 15 de agosto de 2011, con domicilio fiscal en La Plata, en Avenida 462, Piso 7, Departamento B, entre calles Agrelo y México.
Además, señaló que entre los medios más beneficiados con publicidad estuvieron el canal C5N (perteneciente al Grupo Indalo, cuyo ex dueño fue el empresario Cristóbal López), con 200 mil pesos; SA Entre Ríos (El Diario de Paraná), que percibió 271.000 pesos, y diario Uno (Vila-Manzano), con una cifra que ronda los 800.000 pesos.
Fuente: Entre Ríos Ahora.