El estilo extravagante, las palabras exageradas, los epítetos maliciosos, y otras formas del presidente Milei, captan gran parte de la atención de la prensa local e internacional. Menos interés parece atraer el cambio de fondo que su programa económico comienza a producir, por ahora de manera incipiente, en la estructura productiva del país.
Una medida del cambio en ciernes se percibe con claridad en el informe de comercio exterior que el INDEC dio a conocer esta semana. En la comparación entre 2023 y 2024, se produjo un cambio radical en la balanza comercial: durante los primeros once meses de 2023, Argentina cosechó un superávit de más de US$ 17 mil millones, en comparación con el déficit de casi US$ 8 mil millones en el mismo período de 2023.
Casi 56% de esta reversión en el signo del comercio exterior tiene que ver con la caída de las importaciones, motivada en parte por la recesión que atravesamos durante gran parte de 2024, en parte por el encarecimiento de los bienes importados a partir de la devaluación de diciembre de 2023 y la introducción del impuesto PAIS, y en parte por las trabas para pagar importaciones, que se extendieron hasta bien entrada la segunda mitad de 2024.
Sin embargo, no pueden ignorarse señales que sugieren que el cambio de signo del intercambio comercial tiene componentes más estructurales. Una parte importante de la mejora se debe a los US$ 5.600 millones de saldo positivo de la balanza de combustibles en estos 11 meses del año. De ser importadores netos en 2022, pasamos ser exportadores netos por más de US$ 5 mil millones. Todo hace prever que el excedente comercial en este rubro seguirá en aumento durante los próximos años.
El Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), aprobado junto con la Ley de Bases en julio de este año, ha cambiado las reglas de juego para el desarrollo de nuestros recursos naturales. Proyectos que suman más de US$ 10 mil millones ya han sido presentados para su aceptación dentro del régimen. ¿Se hubieran hecho de todas formas, como dicen los críticos del RIGI? Es una pregunta que no tiene una respuesta única. El valor de los activos ameritaba hacer las inversiones, pero hasta la llegada del RIGI, los anuncios formales no habían sido hechos.
Vaca Muerta es hoy una marca de calidad a nivel global. El recurso geológico ha sido probado, la tecnología existe y está en posesión de los productores, los costos de extracción se han desplomado y los plazos de repago de las inversiones están entre los menores del mundo. Es natural que las grandes petroleras globales y locales tengan interés en hacer negocios ahí. Que será un recurso por varios años está a la vista: los extranjeros que quisieron salir lo pudieron hacer, los que hoy están involucrados están dispuestos a invertir a largo plazo, y crean vehículos específicos para invertir en conjunto en infraestructura que les sirve a todos, como el Oleoducto Vaca Muerta Sur que anunciaron YPF y seis socios esta semana, o el proyecto de Gas Natural Licuado que anunciaron YPF y Shell el jueves, o el proyecto de Transportadora de Gas del Sur para ampliar el gasoducto Perito Moreno (ex GPNK). Es curioso: la restricción externa que siempre pareció asolar al país no parece afectar a Vaca Muerta.
Tampoco parece afectar al litio o a la minería, como lo demuestran el anuncio de la gigante Rio Tinto, una de las principales mineras a nivel global, de que invertiría US$ 2.500 millones en el proyecto Rincón, en Salta, que había asumido cuando adquirió Arcadium Lithium hace unos meses por US$ 6.500 millones. Un anuncio similar fue el de Lundin Group y BHP, que adquirieron los proyectos cupríferos Filo del Sol y Josemaría, en la zona cordillerana de la provincia de San Juan, para desarrollarlos.
¿Para qué sirven todos estos números? Para hacer visible lo que en el discurso no se ve. El RIGI aspira a incentivar la inversión de capital en aquellos negocios en los cuales Argentina cuenta con ventajas competitivas a nivel mundial: petróleo y gas, minería, negocios relacionados con el agro. Aspira a que el país desarrolle negocios que dependan del riesgo de cada negocio, financiados por el sector privado, y cuya supervivencia no dependa del rol estatal en la provisión de regulaciones favorables, protecciones arancelarias o subsidios estatales, que acaban siendo muy costosos para la sociedad en su conjunto.
Es un cambio estructural que conlleva el desafío de desestimular actividades que hoy ocupan a mucha gente, para desviar los recursos hacia los nuevos negocios. El proceso no estará exento de fricciones ni de críticas. Pero, llevado a cabo con paciencia, podría proveer, en el largo plazo, una base productiva más eficiente y sustentable para creer que el despegue del país es posible.
Fuente: El Entre Ríos