Es un hecho inocultable, que el mundo viene empeñado en una lucha contra las drogas, en la cuál a pesar de los ingentes recursos invertidos en ella, todo lleva a pensar que desde una perspectiva global no se han dejado de perder batallas.

Prueba de lo cual, la encontramos en un cuadro de situación, incluido en una nota periodística, enfocada en esta cuestión. Es así como en la misma se señala que “en los mismos años, el consumo de cocaína se ha duplicado. Y, al aumentar el número de consumidores, una consecuencia: el crecimiento de la producción”.

Un juicio fundado en la circunstancia que “en el caso de la cocaína, por ejemplo, si hace diez años entre los tres países andinos productores de coca (Bolivia, Colombia y Perú) el área total era de 180 mil hectáreas, hoy en día solo en Colombia se superan las 200 mil”.

Y que a ello “habría que sumar un área no menor de otras 100 mil hectáreas de área sembrada en Perú y Bolivia. En total, pues, no menos de 90% de aumento en el área sembrada en medio de campañas de erradicación, batallas campales y miles de personas privadas de libertad”.

Es ante este cuadro que resulta importante, la existencia de la Comisión Global de Política de Drogas, la cual desde la fecha de su fundación acaecida en 2011 (CGPD) viene tratando de encontrar alternativas a la actual política de penalización de ese criminal comercio, mediante una política represiva por parte de las autoridades estatales.

Frente a esa circunstancia, ha resulto de interés, la fundación en el año 2011, de la Comisión Global de Política de Drogas, conformadas por exjefes de Estado americanos y europeas y de personalidades de impolutas, valiosas y reconocidas trayectorias, preocupadas de la búsqueda y análisis de estrategias y metodologías alternativas con las cuales enfrentar ese en apariencia invencible flagelo.

De allí la atención que ha provocado un reciente informe elaborado por esa Comisión, el que según el parecer de algunos analistas “contiene un enfoque que aborda tanto la despenalización como lo que se denomina una agenda de seguridad ‘desnarcotizada’”. De donde se señala que el mismo “contiene una propuesta clara y precisa: cambiar la política fracasada de criminalización por una de regulación, lo que supone, centralmente, darle al tema un tratamiento diferente al penal/criminal”.

Es así como se señala que “en países productores de hoja de coca, hay al menos tres impactos que no han cesado de multiplicarse a lo largo de estas décadas de fracaso y horror”.

El primero: “La expansión incesante de tierras destinadas al sembrío de hoja de coca. Luego de erradicadas ciertas zonas, la siembra se traslada a otras. En desmedro, por lo general, de pueblos indígenas, cuyas tierras son violentamente usurpadas y sus líderes asesinados, como ocurre día a día en ciertas zonas del Perú y Colombia”.

El segundo: “La afectación severa del medio ambiente, consecuencia del desplazamiento de sembríos de coca hacia zonas ecológicamente vulnerables como resultado de las campañas de erradicación estatal o, cuando había, la aspersión aérea en áreas cocaleras con una mezcla de glifosato y otros productos químicos tóxicos, como ocurrió durante años en Colombia”.

El tercero: “Crecimiento de la violencia, de redes de crimen organizado transnacional que ocupan hoy espacios de poder real, que articulan desde el espacio de productores, pasando por la exportación y la orientación a los grandes mercados de consumo en los EE UU, Europa, Asia y, en alguna medida, Brasil”.

Por otra parte, los mismos analistas señalan que el informe “contiene un enfoque integral sobre políticas de drogas: despenalización de las drogas y de las actividades no violentas relacionadas con las drogas, una agenda de seguridad ‘desnarcotizada’ y fortalecimiento institucional, orientando los recursos del Estado a la persecución y procesamiento con los segmentos de alto nivel de la delincuencia organizada”.

Y dentro de ese contexto, se señala que “la regulación legal de las drogas es, sin embargo, la recomendación medular del informe. Algo que no debe ser entendido como sinónimo de permisividad. Que supone, entre otras cosas, reuniones con países afines (se entiende que, entre otros, con los países andinos concernidos) “…para coordinar y orientar las estrategias tendientes a la reforma de la política de drogas a nivel mundial y exhortar a este grupo a desempeñar un papel activo en los foros de las Naciones Unidas (…), promover un debate internacional sobre la necesidad de un examen sistemático y proponer políticas concretas como alternativa a la prohibición”.

En abono de una estrategia de este tipo que no prescinde de apuntar a la recuperación de los adictos y una agresiva y hasta aplastante política de comunicación, existen quienes señalan que el peso que se les da a la misma, hacen referencia al hecho que “la gente recuerda bien la eficacia de las campañas contra otra droga: el tabaco”.

Y a este respecto, se señala que “la información de la OMS (Organización Mundial de la Salud) expresa bien el hecho alentador de que 60 países están en camino de cumplir la meta global de reducción de 30% en el consumo de tabaco entre el 2010 y el 2025. Camino a seguir frente a un aumento aluvional, día a día, de las drogas ilícitas que inundan el mercado mundial”.

Debemos confesar que, por nuestra parte, una estrategia de este tipo nos parece razonable, pero nos da ese miedo que provoca el zambullirse en lo desconocido. Es que no podemos dejar de pensar el poder creciente en nuestra sociedad del “juego legalizado y generalizado”, y el temor de que el Estado termine siendo socio a través de los impuestos que le aplicaría a esa actividad de los empresarios de la droga.