No fue una más de las tantas audiencias que a diario se llevan a cabo en los Tribunales de Concordia. Por varios motivos.

<b>No es cosa de todos los días que una investigación insuma 7 años</b> desde la denuncia inicial y recién entonces haya tres imputados, a quienes el Fiscal acusa de peculado, administración fraudulenta y omisión de deberes de funcionario público, aunque -como corresponde en el estado de derecho-, mientras no haya condena firme, rige para ellos el principio de presunción de inocencia.

<b>Leer más:</b> <a href='http://concordia.elentrerios.com/concordia/2-fiscales-investigan-a-mazurier-y-el-hotel-ayui.htm' target='_blank'>2 fiscales investigan a Mazurier y el Hotel Ayuí</a>

Tampoco es tan frecuente que una misma causa involucre de manera directa a <b>actores poderosos</b> de la política entrerriana, de los medios de comunicación y del sector empresarial y gremial, al igual que a varias reparticiones del Estado provincial y nacional y a sus funcionarios.

Y más original todavía se vuelve el asunto si lo que presuntamente <b>se robaron es uno de los hoteles de mayor jerarquía de la Mesopotamia argentina</b>, construido por el Estado argentino, junto a los dineros recaudados por una repartición pública provincial, desde su creación en 2005 hasta febrero de 2016.

<h5>Algunos datos preliminares para entender el caso</h5>

<b>Los fondos millonarios</b> que -según la Fiscalía- se han esfumado, puesto que no aparecen registrados en ningún lado, no son otros que los que cualquier vecino o turista sacó de su bolsillo toda vez que concurrió a lugares turísticos emplazados en el Perilago de Salto Grande: Termas del Ayuí, Termas de Punta Viracho y el Camping La Tortuga Alegre.

<b>El hotel "ocupado" o "intrusado"</b> mediante un complejo ardid jurídico es el Ayuí, ubicado junto a la represa de Salto Grande e inaugurado en el año 1975, propiedad del Estado Nacional, que sirviera originalmente para asiento del personal jerárquico y de inspección de aquellos organismos que participaron en la obra.

<b>La repartición pública clave involucrada en la presunta estafa es la CODESAL</b>, Corporación para el Desarrollo de Salto Grande, muy conocida en Concordia pero no tanto en el resto de la provincia. Fue creada por decreto cuando Jorge Busti era gobernador y Sergio Urribarri ministro de gobierno, el 14 de Febrero de 2005, para poner en marcha un Polo Turístico en el Perilago, una extensa y bella superficie donde también está asentado el Hotel Ayuí, que su propietario, el Estado Nacional, a través de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), cedió en comodato al Estado Provincial.

<b>El principal imputado, Luis Mazurier,</b> es el hombre a quien en 2005 Busti y Urribarri eligieron para presidir la CODESAL. Enrolado en el PJ, su mayor protagonismo social y político deviene de su condición de Director del Diario El Sol, un matutino de alto impacto y de circulación masiva, en cuyas páginas se suelen dirimir las disputas internas del peronismo entrerriano.

Durante más de una década, el poder de Mazurier fue aún mucho mayor, al convertirse en funcionario provincial "con rango de ministro", status que conservó hasta febrero de 2016, haciendo y deshaciendo en la CODESAL según sus pareceres, hasta que -al decir del propio Mazurier- el gobernador Gustavo Bordet le pegó "una patada en el tuje".

Pero en esta historia relatada por el Fiscal Aníbal Lafourcade <b>hay muchos otros nombres y muchas reparticiones más</b>, hay prestanombres y sociedades creadas en Buenos Aires, hay convenios fraguados en el más absoluto secreto, hay circuitos de dinero que no concluyen en ningún registro, hay organismos provinciales y nacionales que han ocultado información o que se pasaron años sin controlar lo que tenían el deber de controlar, hay desidias, negligencias, ocultamientos, todo ello salpicado por vínculos afectivos y filiales.

<h5>Los 4 hechos que relató el Fiscal</h5>

"Señor Juez, entiende la Fiscalía que la prueba objetiva y subjetiva es suficiente. La evidencia es, se puede decir, abrumadora". La frase fue dicha pausadamente por el Fiscal Aníbal Lafourcade, casi al terminar una extensa exposición de algo más de una hora, ante la escucha atenta del Juez de Garantías Darío Perroud y de los imputados Luis Mazurier y Alberto Jesús Villanueva, acompañados de sus respectivos abogados defensores.

Por tratarse de una audiencia de carácter público, ElEntreRíos pudo acceder al contenido completo de lo que se dijo en esta tensa reunión, que concluyó cuando el magistrado -tras un cuarto intermedio- hizo saber que había dispuesto la inhibición general de los bienes y la inhibición parcial de las cuentas bancarias de Mazurier y Villanueva.

En síntesis, en la causa hay 4 hechos y 3 imputados. En todos ellos, el Fiscal identifica como el autor a Luis Mazurier, mientras que en uno de ellos entiende que colaboraron, como partícipes necesarios, Cintia del Rosario Mengeon y Alberto Jesús Villanueva.

<b>Primer hecho</b>

Luis Mazurier es acusado de haberse apoderado del dinero cobrado en la Tortuga Alegre, desde el 1 de marzo 2005 y hasta el 18 de febrero de 2016.

El fiscal Lafourcade reunió pruebas según la cuales durante 11 años, toda vez que un vecino o un turista pagó por ingresar con su vehículo al bello camping ubicado aguas abajo de la Represa de Salto Grande, o abonó por una embarcación, o por instalar una carpa, o tal vez alquilar una cabaña y el servicio de DirecTV, ni un sólo peso quedó registrado, ni en la propia CODESAL, responsable del lugar, ni en el Tribunal de Cuentas adonde debía rendírselos, ni en el Ministerio de Gobierno de Entre Ríos, ni en ninguna otra dependencia del Estado provincial.

Los testimonios reunidos tanto por el Fiscal Lafourcade como, en su momento, por auditores del Tribunal de Cuentas, coinciden en precisar que la recaudación diaria era entregada a Luis Mazurier.

Por este primer hecho, la Fiscalía le atribuye a Mazurier estos delitos: "Peculado" y "Administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública".

<b>Segundo hecho</b>

Fiscalía entiende que la maniobra perpetrada en el primer hecho fue replicada en el segundo, pero esta vez en el Complejo Termal Perilago de Salto Grande, que engloba a las termas de Ayuí y de Punta Viracho. El expresidente de la CODESAL, con rango de ministro, y a su vez Director del Diario El Sol de Concordia, es acusado por haberse apoderado del dinero que se cobraba por canon de ingreso de personas y por cualquier otro concepto, entre los años 2010 y febrero de 2016.

Las empleadas que trabajaron en esos lugares relataron que cobraban las entradas y que <b>la plata era llevada al diario El Sol</b>, donde era entregada a la secretaria, a Alberto Jesús Villanueva o a Luis Mazurier. <b>De allí en más, se pierde todo rastro administrativo contable del camino seguido por el dinero.</b>

<b>Tercer hecho</b>

La Fiscalía no tiene dudas que de manera premeditada y con el claro propósito de facilitar la apropiación de los fondos que ingresaban en el organismo estatal bajo su responsabilidad, Luis Mazurier "incumplió con la obligación de inscribir en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a la Corporación del Desarrollo de Salto Grande (CO.DE.SAL)".

Lafourcade tomó testimonio a una empleada que intentó, en el año 2015, gestar alguna clase de contabilidad de la CODESAL y, siguiendo instrucciones del Tribunal de Cuentas y de la Contaduría General de la Provincia, procedió a inscribir al organismo en AFIP. Pero, cuenta la mujer, cuando quiso avanzar, hacer talonarios de facturas y solicitar los controladores fiscales, debía también inscribir a la CODESAL en ATER. Es en ese momento en que Mazurier le pregunta, en tono de reproche, quién le había ordenado que inscribiera a la Codesal, que él no había autorizado tal cosa.

Fue esa misma empleada quien, coincidiendo con varios testimonios más, explicó que ella <b>desempeñaba sus tareas para la CODESAL en el diario El Sol, "en las oficinas de Concejal Veiga 777</b>, ya que en ese lugar se llevaba la contabilidad, más allá de que en la sede de CAFESG de San Juan y Cadario hay una oficina asignada a la Codesal, pero no va nadie. La administración de la Codesal estaba en el diario El Sol".

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<b>Cuarto hecho</b>

Luis Mazurier; Cintia del Rosario Mengeon, que tendría dos hijos con él y es empleada-socia de El Sol; y Alberto Jesús Villanueva, encargado de las cantinas del lago, son acusados por el Fiscal Lafourcade por haberse apropiado indebidamente del hotel Ayuí.

El Fiscal le atribuye a Mazurier el carácter de autor de la maniobra y las otras dos personas el papel de partícipes necesarios.

La Fiscalía entiende que Luis Mazurier omitió "deliberadamente asumir desde la CODESAL la administración del HOTEL AYUÍ, conforme se estableciera en el convenio celebrado entre la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y el Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos", y se aprovechó de tal circunstancia, abusando de su función, para apoderarse "ilegítimamente de todos los montos percibidos fruto del alquiler de las habitaciones de dicho hotel, conducta que llevó adelante por intermedio de Cintia del Rosario Mengeon, quien gerenciaba el hotel, y Alberto Jesús Villanueva, quien oficiaba de presta nombre".

<h5>La investigación, una carrera de obstáculos durante 7 años</h5>

En la audiencia llevada a cabo ante el Juez de Garantías, Darío Perroud, y en presencia de los imputados Mazurier y Villanueva y sus respectivos abogados defensores, el Fiscal Aníbal Lafourcade expuso durante algo más de una hora las pruebas colectadas.

"Entiendo que debo poner en conocimiento de vuestra Señoría por qué esta Fiscalía tardó 7 años en llegar a la imputación", dijo, al comenzar a describir el camino seguido para investigar los hechos y los obstáculos que lo demoraron.

<h5>La sorpresa que encontraron los auditores del Tribunal de Cuentas</h5>

La voluminosa documentación reunida por la Fiscalía incluye los resultados de una auditoría llevada a cabo por el Tribunal de Cuentas en el camping de la Tortuga Alegre, en las termas y en el Hotel Ayuí, en el año 2012.

¿Con qué se encontraron los inspectores?

En la Tortuga Alegre, por ejemplo, los auditores toman declaración a los empleados y ellos dicen que el lugar está concesionado a la CODESAL, que cobran entradas para el ingreso de autos, embarcaciones, alquiler de cabañas y cobra para instalar carpas. El Tribunal de Cuentas se hizo de los comprobantes para acreditar que se cobraba todo eso en la Tortuga Alegre, porque esto nunca había sido rendido.

A esta altura del relato, Lafourcade hizo una pausa, y, con mayor énfasis, agregó: <b>"De la investigación surge, Señor Juez, que nunca fue rendido ese dinero a ningún organismo del Estado. No al Tribunal de Cuentas. ¡A ningún organismo del Estado!"</b>, insistió.

También los inspectores del Tribunal de Cuentas se constituyeron en el Hotel Ayuí. Un histórico empleado del lugar les explicó que la facturación se hacía a nombre de Alberto Jesús Villanueva y que la rendición de cuentas se la realizan a la CODESAL, dándole una copia de las facturas que entregan, que son de CIBERHOTEL. El empleado sugiere a los auditores que esta firma sería manejada por Luis Mazurier.

La auditoría del Tribunal de Cuentas también abarcó a las Termas de Punta Viracho, donde verificó que cobraban entradas generales, sin que hubiera registro alguno de esos ingresos.

La abogada del Tribunal de Cuentas, Mariela Gamarra, resume así los resultados de la inspección: "En ocasión de una auditoría por parte de este organismo a la ciudad de Concordia, se pudo constatar que la CODESAL posee ingresos propios que no acredita al rendir, como así tampoco la documental correspondiente". Gamarra dice también: <b>"Esta auditoría considera que existirían ingresos por explotación de los predios por parte de la CODESAL, los que no se reflejan en los balances de las rendiciones bimestrales".</b>

A esta altura del relato, Lafourcade hizo otra vez un alto en el camino y, mirando al Juez Perroud, agregó: "Le aclaro Su Señoría que en la ley de creación dice que la CODESAL tenía obligación de rendir cuentas ante un organismo dependiente del Ministerio de Gobierno. Más allá de que no se rindió ahí, ni a la Contaduría. ¿Por qué? Porque la Fiscalía, antes de imputar, se cercioró si había rendiciones de cuentas, antes de acusarlo al Señor Mazurier, sobre si había cobrado. Pero <b>en ningún organismo del Estado hay documentación contable de toda la gestión que ejerció el señor Luis Alberto Mazurier como presidente de la Corporación de Salto Grande"</b>.

<h5>Pingpong de oficios entre la CODESAL y el Ministerio de Gobierno</h5>

El Fiscal Aníbal Lafourcade se esmeró por describir, paso por paso, todos y cada uno de los intentos formales llevados a cabo desde los tribunales para que apareciera al menos un papel con registros contables de los dineros percibidos por la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande.

Fue en vano.

Por ejemplo, el 4 de agosto de 2016 solicitó al Ministerio de Gobierno y Justicia "copia de todos los servicios de locación de obra contratados por la CODESAL, desde su creación y hasta la fecha". Ese oficio fue redireccionado a la Corporación, una vez que el Ministerio respondiera que no contaba con documentación alguna.

La respuesta de la CODESAL sólo incluyó "copias de contratos de locación de la gestión del José Ostrovsky, a partir del 19 de febrero de 2016".

No conforme con ello, Lafourcade volvió a mandar oficio al Ministerio de Gobierno el 7 de diciembre de 2016 y nuevamente le responden que los papeles debían buscarse en la CODESAL.

El penúltimo paso de la infructuosa búsqueda, cuenta el Fiscal, fue constituirse en la CODESAL, "con una orden de presentación, acompañado del Doctor José Arias, a raíz de lo contestado por el Ministro de Gobierno". "José Ostrovsky, presidente de la CODESAL -relata Lafourcade-, cuando se le requiere toda la documentación contable de la gestión de Mazurier, manifiesta, con la asistencia del abogado presente, que en la CODESAL no existe ninguna documentación contable desde la creación y hasta el 19 de febrero de 2016, fecha de asunción de Ostrovsky".

Luego de mencionar un último intento, tan fallido como los anteriores, por obtener documentación mediante oficios dirigidos al Ministerio de Gobierno, el fiscal remarcó: "Conclusión: no existe ninguna documentación contable en el gobierno de la provincia de Entre Ríos de la gestión presidida por el Señor Luis Mazurier, desde el 1 de Marzo de 2005 y hasta el 18 de febrero de 2016".

<h5>Los prestanombres para desembarcar en el Hotel Ayuí</h5>

Sin dudas que la maniobra más compleja de todas las que el Fiscal le atribuye a Mazurier es la que le habría permitido hacerse del Hotel Ayuí, valiéndose de dos "prestanombres", <b>Alejandra Cáceres y Alberto Villanueva</b>, cuyos vínculos con él resultan inocultables, y de una "gerente", <b>Cintia del Rosario Mengeon</b>, que es, ni más ni menos, la madre de dos de los hijos del Director del diario El Sol.

Esta mujer, al mismo tiempo con contrato con la CODESAL y empleada - socia del diario El Sol, protagoniza <b>uno de los episodios más desopilantes de toda la trama descripta por la Fiscalía</b>, cuando al hacerse cargo de la conducción del complejo hotelero se presenta -según el testimonio coincidente de varios empleados- con un <b>nombre falso</b>, diciendo que se llamaba Rosario Dri, una mentira que se descubrió meses después.

En uno de los pasajes claves de su exposición, Lafourcade resumió: "Dos monotributistas, Alejandra Cáceres y Alberto Villanueva, que nunca ganaron dinero y que no tienen bienes, constituyeron FIDEINSA SA en mayo de 2010, cuyo objeto es explotaciones e inversiones hoteleras. Se les cae FIDEINSA y van y supuestamente compran, en mayo de 2011, en una operación que no tuvo efecto sobre terceros, las cuotas partes de BALACE SRL, la concesionaria del Hotel Ayuí. ¿Con qué dinero compran dos monotributistas una concesión de un hotel que tenía varias bondades? Entre esas bondades, que <b>CTM tenía un convenio que le pagaba cuatro habitaciones mensuales, con un buen canon y que en uno de los convenios la CTM le regalaba 100 mil kilowatts, una enormidad de electricidad, al hotel"</b>.

El Fiscal se tomó unos minutos para trazar el perfil de estas dos personas, Cáceres y Villanueva, que, en un salto económico tan extraordinario como inexplicable, se convirtieron en empresarios hoteleros y en concesionarios de uno de los más prestigiosos hoteles de la región.

Según los informes de AFIP citados por Fiscalía, "Cáceres es monotributista y asociada a una cooperativa, COTRAPRETEL, la que edita el Diario El Sol. No tributa ningún otro impuesto". Por su parte, "Villanueva es monotributista desde el año 2009 y aporta para el seguro social desde 2012. Por ganancias de personas jurídicas hace dos declaraciones: una negativa donde dice que pierde 4206 pesos, y la otra también negativa que da pérdidas por 14514 pesos.

"¿Cómo hicieron para apoderarse del Hotel Ayuí? La Fiscalía no duda que fueron dos prestanombres del Señor Luis Alberto Mazurier", insistió Lafourcade.

<h5>La pareja de Mazurier, gerente del hotel</h5>

Aníbal Lafourcade apeló a los expedientes de otras causas judiciales para demostrar que la mujer que de la mano de Mazurier recaló en la gerencia del Hotel Ayuí, Cintia del Rosario Mengeon, tiene hijos en común con él, fue contratada por la CODESAL y es socia-empleada de la cooperativa que edita el diario El Sol.

En otras palabras, la Fiscalía no tiene duda alguna de que <b>Mengeon es Mazurier</b>.

El fiscal apeló a los testimonios de la causa OLMOS C/ BARBIZAN, en trámite ante el Juzgado Laboral número 2: "El 11 de julio de 2013, señor Juez, en este proceso, el interventor recaudador designado por el juez se constituye en el Hotel Ayuí, es atendido y le manifiestan que la gerente del Hotel es Cintia Mengeon".

Otro dato: "En los testimonios del Juzgado Laboral en la causa BERTERAME C/COTRAPRETEL (la cooperativa que es dueña del diario El Sol), <b>Cintia Rosario Mengeon declara bajo juramento en ese proceso que tiene un hijo con Luis Mazurier (en aquel momento) y manifiesta que es asociada de COTRAPRETEL"</b>, precisó Lafourcade. "De los libros de COTRAPRETEL surge que Cintia Mengeon es asociada", agregó.

No hubo un sólo empleado de los que prestaron testimonio en la Fiscalía que no reconociera a Mengeon como la gerente del Hotel Ayuí y a Villanueva, el dueño de CIBERHOTEL a nombre de quien se facturan los alojamientos, como alguien que "no pincha ni corta".

<b>"Quien siempre retiró la plata que se pagaba en efectivo por las habitaciones, fue Cintia Mengeon, y si no iba ella, la mandaba a su hermana Antonella.</b> A Villanueva sólo se lo veía de pasada y se comenta que sería hijo de Mazurier". Esto es lo que dijo una de las empleadas del Hotel Ayuí.

Y otra trabajadora del hotel agregó este dato, tan pintoresco como revelador: <b>"Cintia trataba con los empleados pero cuando iba una inspección se escondía"</b>.

<h5>Los cheques que fluían entre Mazurier, su pareja y los prestanombres</h5>

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El Fiscal Aníbal Lafourcade ocupó varios minutos para detallar los informes bancarios que demuestran un ir y venir de fondos entre la Codesal; la pareja de Luis Mazurier y gerente del Hotel Ayuí, Cintia Mengeon; una hermana de esta última llamada Antonella; el encargado de cantinas ascendido a empresario hotelero, Alberto Jesús Villanueva; la monotributista y empleada-socia de El Sol, Alejandra Cáceres, y otras personas más.

Por ejemplo, el Nuevo Banco de Entre Ríos informó a la Fiscalía sobre cheques librados por la Codesal:

- Antonella Mengeon (no Cintia Mengeon sino su hermana) cobra en el 2015, trece (13) cheques de la CODESAL por un total de 273.385 pesos.

- Cintia del Rosario Mengeon, pareja de Mazurier, en su momento contratada de Codesal y socia de diario El Sol, cobró en el 2015 dieciocho (18) cheques de la Codesal por un total de 356.973 pesos.

- Alejandra Isabel Cáceres, la que constituye FIDEINSA y luego compra con Villanueva las cuotas partes de BALACE SRL y es asociada a Cotrapretel, cobra cuatro cheques de CODESAL por 89.560 pesos.

Por su parte, el Banco de Galicia informa sobre una cuenta de Alberto Jesús Villanueva.

Allí aparece que el 11 de octubre de 2013, el señor Luis Alberto Mazurier cobra un cheque del Banco de Galicia, cuenta 82858, perteneciente a Alberto Jesús Villanueva, por la suma de 30.000 pesos. "A ver, Mazurier, presidente de la Codesal, cobra un cheque de 30.000 pesos del encargado de las cantinas de la Codesal, que, si bien primero constituye Fideinsa, después compra como monotributista las cuotas partes de BALACE. Este hombre, que a partir del 2012 factura en el Hotel Ayuí, es quien le paga 30.000 pesos a Mazurier".

Por último, otro cheque al cual Lafourcade consideró sorprendente: Flavia Rosa Sánchez, la empleada de Codesal y del diario, cobró un cheque del Banco BERSA, cuenta perteneciente a BALACE SRL, 1730/0 el 7 de diciembre de 2011, por la suma de 30.000 pesos. <b>"Por ahí se escapó la tortuga en estas andanzas. ¿Qué hace una empleada de la CODESAL cobrando un cheque de BALACE, la concesionaria del hotel? Una empleada de la provincia, ¿qué hace cobrando un cheque de BALACE SRL de 30.000 pesos?"</b>, se preguntó el Fiscal.

El capítulo del dinero en la exposición de fiscalía terminó con una referencia a lo informado por la empresa prestataria de tarjetas de crédito First Data: Alberto Jesús Villanueva, el encargado de cantinas de Codesal, a través de una firma a su nombre denominada CIBERHOTEL, entre 2012 a 2014 movió <b>900.000 pesos.</b>

<h5>Paso a paso, la maniobra jurídica para apropiarse del Hotel Ayuí</h5>

Si todo hubiera sucedido tal como estaba previsto en el convenio firmado entre la CTM y el Gobierno de Entre Ríos, el Hotel Ayuí debió pasar a manos de la CODESAL desde el momento mismo en que finalizó el plazo de la concesión a la firma BALACE SRL, el 9 de enero de 2012. De allí en más, el organismo presidido por Mazurier dispondría qué hacer, si llamar a licitación para que otra empresa tomara la concesión, o que el Estado se hiciera cargo de gestionarlo en forma directa.

Pero antes y después de esa fecha bisagra, ocurrieron una serie de hechos que el Fiscal Lafourcade interpreta como pasos de una maniobra pergeñada por Luis Mazurier para:

1) Evitar "deliberadamente asumir la administración del HOTEL AYUÍ".

2) "Aprovecharse de tal circunstancia y, abusando de su función, "apoderarse ilegítimamente de todos los montos percibidos fruto del alquiler de las habitaciones de dicho hotel".

3) "Llevar a cabo tal conducta por intermedio de Cintia del Rosario Mengeon, su pareja, quien gerenciaba el hotel, y Alberto Jesús Villanueva, quien oficiaba de presta nombre".

Aquí, una descripción del paso a paso de la maniobra:

<b>PASO 1 </b>

<b>El 07/04/2010 se firma un extraño convenio, que no fue publicado en los medios de comunicación, para intentar prolongar a 50 años la concesión del Hotel Ayuí a la empresa Balace SRL, pero CTM -según Lafourcade- nunca ratificó dicho contrato.</b>

Aunque estaba plenamente vigente el comodato entre la CTM y el Estado provincial que decía que el hotel pasaba automáticamente a manos de la CODESAL ni bien finalizara la concesión que por el momento tenía la firma BALACE SRL, un año y medio antes de que se llegara a esa instancia crucial, el 7 de abril de 2010, en una maniobra que no fue transparentada a través de los medios de comunicación, se firma un extraño convenio, entre la DA-CTM, representada por Juan Carlos Chagas; BALACE SRL, representada por Bacigalupe (en ese momento); la CODESAL representada por Luis Alberto Mazurier, y UTHGRA, la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina.

Ese convenio, pieza clave de la maniobra, nunca tuvo la ratificación de CTM, según aclaró Aníbal Lafourcade. "Fíjese Señor Juez, las intenciones que había al mes de abril de 2010", deslizó el Fiscal dirigiéndose a Perroud.

En este -según Lafourcade- fallido convenio, aparecen estas palabras claves de Mazurier: "Me permito recomendar al Señor Presidente de la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande que se arbitren los medios conducentes a extender el convenio con BALACE SRL por los 50 años que solicitan por ser lo más conveniente a los intereses del Estado nacional, provincial y local".

<b>PASO 2</b>

<b>El 07/05/2010 dos prestanombres directamente ligados a Mazurier constituyen en Capital Federal una sociedad anónima para administrar hoteles, FIDEINSA SA.</b>

Apenas 30 días después del insólito contrato para extenderle la concesión del hotel a BALACE, es constituida en CABA la sociedad anónima FIDEINSA. Allí entran en escena Alejandra Isabel Cáceres, asociada a COTRAPRETEL, y Alberto Jesús Villanueva, un encargado de cantinas de la Codesal.

¿Para qué constituyen FIDEINSA en mayo de 2010 dos colaboradores directos de Mazurier? El objeto es explotaciones e inversiones hoteleras. ¡Dos monotributistas conforman una sociedad para explotar hoteles! En realidad, se puede decir, dos prestanombres, concluye el fiscal.

Eran los movimientos preliminares que, da a entender Lafourcade, preparaban el desembarco de Mazurier en el Hotel Ayuí.

<b>PASO 3</b>

<b>Los mismos dos monotributistas ligados a Mazurier y flamantes empresarios hoteleros compran las acciones de BALACE SRL, la empresa a la que, mediante un convenio nunca ratificado por CTM, acababan de ampliarle la concesión a 50 años.</b>

El círculo comenzaba a cerrarse. Los prestanombres al servicio de Mazurier se quedaban con la SRL a la que el propio Mazurier había pedido se le prolongara la concesión del Hotel a 50 años.

En efecto, según la documentación aportada por la Dirección de Inspecciones Jurídicas, las cuotas partes de BALACE, de sus socios Bacigalupe, Segovia y Lapiduz, son vendidas a Alberto Jesús Villanueva, el encargado de las cantinas de la CODESAL y a Alejandra Isabel Cáceres, monotributista, asociada a Cotrapretel.

Pero, aclaró Lafourcade, no fue aprobada por la Inspección de Personas Jurídicas. Por lo que, la Fiscalía entiende que también este paso resultó fallido.

<b>PASO 4</b>

<b>CTM notifica que el Hotel Ayuí pasaba automáticamente a la Provincia a partir del 9 de Enero de 2012.</b>

Al acercarse el 9 de enero de 2012, según la documentación a la que accedió el Fiscal, CTM notificó a Luis Mazurier que el contrato de concesión del Hotel Ayuí con BALACE SRL vencía en esa fecha y que por tanto sus instalaciones pasaban automáticamente a la provincia.

¿Quién recibe esa notificación? Flabia Rosa Sánchez, empleada por la CODESAL, según lo informado por la propia corporación, y también ella denuncia en el legajo de Fiscalía 4647/13 que trabaja en el diario El Sol y tiene un teléfono del gobierno de Entre Ríos para sus labores.

<b>Lafourcade no aclaró qué camino siguió esa notificación, uno de los capítulos que habrá que esperar al debate en juicio para conocerlo en detalle</b>.

A su turno, Luis Mazurier tomó la palabra en la audiencia y dijo que el traspaso del Hotel Ayuí a la provincia jamás se efectivizó; que la CODESAL, en consecuencia, nunca tuvo nada que ver con el Hotel Ayuí.

En una breve alocución, pronunciada en tono seguro, evitó explicar cómo fue posible que su pareja y madre de dos de sus hijos se convirtiera en gerente y el encargado de cantinas de la CODESAL pasara a facturar los servicios de alojamiento y gastronomía del hotel. Tampoco afrontó el desafío de explicar el entrecruzamiento de cheques entre él, su pareja y los prestanombres de los que habló el Fiscal.

Fuente: El Entre Ríos